Nueva Ley Antiterrorista: el espejo invertido de la 125


Nueva Ley Antiterrorista: el espejo invertido de la 125

 

El gobierno nacional encabezado por Cristina Fernández, ha dado desde su asunción señales más que claras sobre el rumbo de su gestión en el segundo periodo: reconoció la crisis del capitalismo mundial pero lo clasificó de “anarco capitalismo” para así contraponer otro modo de existencia del capitalismo que sería el “serio” al que equipara con el “modelo” inaugurado en el 2002 por Duhalde; tomó nota de los debates sobre la distribución de la riqueza y se posicionó rigorosamente a favor de la burguesía: contra el mandato constitucional de que haya un mecanismo de distribución de las riquezas (y el consiguiente control de la información empresarial) a favor de los trabajadores, lo que completó con un exhorto a poner techo a la discusión paritaria y culminó su raid por la reunión del G20 y la cálida entrevista con el asesino serial de Obama con la sanción de  una nueva Ley Antiterrorista, a pedido del Imperio y su estrategia mundial de dominación.

 

Estamos ante uno de esos momentos de viraje, de bifurcación de caminos que obligan al movimiento popular a reflexionar, discutir democráticamente y tomar decisiones; como ocurrió en ocasión de la resolución 125 que pretendía limitar las súper ganancias producto de las exportaciones de la soja transgénica, producto novedoso cuyas consecuencias a largo plazo están en estudio crítico por los científicos cuya expansión se dio justamente bajo el ciclo de gobierno de los Kirchner.  En ese momento, casi de un modo inesperado, de un lado se agruparon los sectores más concentrados de la burguesía local y trasnacional y del otro quedó el gobierno con el apoyo de movimientos sociales y fuerzas políticas de izquierda que comprendieron que el desarrollo de las contradicciones interburguesas había vuelto a provocar, como tantas veces en la historia nacional y universal, una demarcación de campos muy clara: de un lado la derecha resistiendo la 125 y del otro el campo popular procurando afirmar mayor intervención estatal en la economía y la limitación de las súper ganancias monopolistas que tienen todos los grupos económicos trasnacionales en la Argentina: los petroleros, los comunicacionales, las automotrices, etc.

 

En las últimas horas, prácticamente todo el movimiento de derechos humanos denunció el carácter represivo y macartista de la nueva ley: duplica las penas de todo el Código Penal y otorga a los jueces, a estos jueces denostados por su compromiso con la impunidad y las derechas, el poder de calificar de “terrorista” a cualquier acción o protesta individual o social.  La ley se inscribe en la larga tradición represora de la legislación argentina: la 4144 de 1902 conocida como de “residencia”, la de “seguridad nacional” de 1910, los decretos leyes de las dictaduras del 30, 43, 55, 62, 66 y 76 del siglo pasado, oportunamente avalados por las respectivas Cortes Supremas e igual que todas ellas pone en manos de los jueces un instrumento casi todo poderoso para perseguir, discriminar, encarcelar o hacer lo que quieran con los luchadores sociales.  La supuesta clausula de garantías democráticas ha sido fulminada por los juristas por superflua y mentirosa: decir que no serán perseguidos los que ejercen derechos y garantías constitucionales es jurídicamente obvio, está inscripto en el Código Penal en el articulo 34, y prácticamente inútil: ningún Juez dirá que persigue por que defienden un derecho constitucional sino que acusará de coacción agravada, resistencia a la autoridad o delitos aún más graves.

 

Y por qué es un parte aguas?

Porque el gobierno se subordinó al mandato imperial ignorando la voluntad popular del Nunca Más y todo el aprendizaje que estamos haciendo en los juicios contra los genocidas que una y otra vez alegan haber actuado de acuerdo al decreto de exterminio a la subversión emanado de un gobierno constitucional.

Porque el Frente para la Victoria y el Nuevo Encuentro se subordinaron acríticamente al mandato presidencial evidenciando que no son fuerzas políticas comprometidas con el cambio sino cooperativas de oportunistas que se aferran al momento de popularidad de la presidenta para acceder a cargos que están a su servicio y no del pueblo.

Porque la sanción de la Ley Antiterrorista muestra –como ningún otro gesto presidencial- la voluntad política de construir un capitalismo serio, es decir, de no cuestionar el sistema mundial que hoy está en crisis de existencia y que por ello mismo buscará trasladar los costos de la misma a la periferia.  El Poder Ejecutivo y Legislativo, el Frente para la Victoria y sus aliados progresistas, están diciendo –como Rajoy en España o Papademos en Grecia- que están dispuestos a todo para salvar el capitalismo argentino.

Pero lo fundamental es el modo en que se sancionó la Ley: de espaldas a la sociedad, ignorando al sector más mimado por el propio gobierno: los organismos de derechos humanos que apenas osaron esbozar una leve crítica han sido ignorados olímpicamente por el gobierno que en estos días no uso el pañuelo blanco, afirmando un concepto de democracia “representativa” en el sentido más burgués y reaccionario del término.  Dice la Constitución Nacional que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, el Kirchnerismo ha dado una prueba irrefutable de su concepción liberal de la democracia; pero alerta! que justamente ese costado del sistema político fue el que se puso en debate en el 2001.

Por una década, la ilusión cuasi ingenua del “que se vayan todos” fue asimilada por la burguesía transformándola en su contrario pero atención porque los pueblos aprenden de su propia experiencia, aunque tarden décadas entre un aprendizaje y el siguiente.

La sanción de la Ley Antiterrorista ha sido una lección impresionante del carácter de clase del gobierno, del sentido profundo del llamado modelo nacional y popular y de la inviabilidad de construir alternativa bajo el ala del poder.

La alternativa solo se construye desde afuera del poder, por otros medios, y ahora sabemos, con otros nombres de los que se suman a la fiesta de los que una vez más creen –como decía Marx que hacían los intelectuales de fines del siglo XIX- que “hubo historia, ya no la hay”. Que los votos son eternos y dan derecho a cualquier tropelía. Igual que Menem en su momento.

Nada más erróneo, somos lo que somos como resultado de una historia que nos marca un camino y un horizonte al que no renunciamos.  La lista de los votos positivos a la Ley Antiterrorista quedará en el basurero de la historia

De tanta frustración y traición, surgirá una nueva fuerza política comprometida con sostener lo conseguido en estos años y perforar los límites que los gestores del Poder le quieren poner.

Más temprano que tarde lograremos la derogación de la nefasta Ley, y gestaremos una alternativa política que sea un firme puente entre la generación que resistió la dictadura y la impunidad con las nuevas generaciones que aprendieron que la política puede ser para defender al pueblo y no satisfacer a sus verdugos.

Todavía hay tiempo: que la Presidenta vete la Ley Antiterrorista y escuche a los organismos de derechos humanos y el movimiento popular que se oponen a su aprobación


Todavía hay tiempo: que la Presidenta vete la Ley Antiterrorista y  escuche a los organismos de derechos humanos y el movimiento popular que se oponen a su aprobación

 

En la madrugada de hoy el Senado de la Nación aprobó el proyecto de ley que duplica las penas para todo delito que los Jueces catalogue de “terrorista”.

 

El conjunto de organismos de derechos humanos y diversas personalidades ampliamente reconocidas por su compromiso con el estado de derecho se han pronunciado contra la aprobación de esta ley nefasta, heredera y continuadora de las peores tradiciones macartistas y represoras: la Ley 4144 mal llamada de residencia, la 17401 “anticomunista” y la 20840 “de seguridad nacional”.

 

La invocación a compromisos con el Gafi y el G20 no solo que son inconsistentes sino que de ser ciertas solo agravan la situación porque resultaría un gesto de renuncia a la soberanía nacional en beneficio de organismos internacionales, que fueron señalados como co responsables de la crisis del 2001 y la actual crisis capitalista mundial.

Movilizarnos para que no pase la Ley Antiterrorista…..convoca la Liga frente al Congreso el jueves a las 15.30 hs.


Movilizarnos para que no pase la Ley Antiterrorista

Este jueves a las 15.30  hs. frente al Congreso de la Nación

En una sesión que quedará en la historia de la claudicación, ante la derecha y el Imperialismo, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el anteproyecto de Ley que duplica las penas en caso de considerarlas “terroristas” dando un paso más en la crimininalización de la protesta social y poniendo en manos de un Poder Judicial Federal -al que no se cansan de denostar por conservador y defensor de la impunidad de los verdaderos terroristas, los represores y el bloque social que los impulsó y se benefició del Genocidio- una herramienta represiva comparable a las peores leyes de la historia de la infamia nacional: la 4144 de 1902 llamada “de residencia”; la 17401 de represión al comunismo y la 20.840 denominada de “seguridad nacional”.

 

Lo último que necesitamos son más instrumentos legales para reprimir; demasiada sangre ha corrido en esta tierra, demasiados presos hemos tenido, demasiada tortura y gatillo facil seguimos sufriendo, demasiados desaparecidos seguimos buscando; hace falta más democracia, más protagonismo popular y más debate sobre los caminos a recorrer para alcanzar los objetivos y sueños de un pueblo que desde hace diez años busca hacer realidad la consigna de que otro país es posible.

 

Por todo ello, convocamos a todos los organismos de derechos humanos y fuerzas populares, a todos los sectores sociales y políticos que quieren más democracia y menos derecha en la Argentina a movilizarnos frente a la sede del Congreso de la Nación este jueves a las 15.30hs. para exigir del Senado Nacional que no sancione la Ley Antiterrorista y gritar nuestra exigencia de terminar con la impunidad de ayer y de hoy.

 

 

Liga Argentina por los Derechos del Hombre

CORRIENTES 1785- 2ºC  (1042)  Buenos Aires República Argentina

Tel./Fax:011-54-43713939

Asociación Civil fundada el 20 de diciembre de 1937.

Miembro fundador de la Federación Internacional por los Derechos del Hombre, organismo no gubernamental con asiento permanente en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y acreditado ante el Consejo de Europa.

Obama pide más compromiso con su “lucha contra el terrorismo” y el progresismo se rinde a sus pies como si no hubiera habido genocidio, juicios y castigo y promesas de Nunca Más.


Obama pide más compromiso con su “lucha contra el terrorismo” y el progresismo se rinde a sus pies como si no hubiera habido genocidio, juicios y castigo y promesas de Nunca Más.

Todavía hay tiempo, que no pase la duplicación de las penas que piden Obama y el gobierno nacional para los delitos que “ellos” clasifiquen como terroristas, tal es la indefinición del concepto en el discurso represor que ha vuelto al Congreso Nacional de la mano del proyecto del Poder Ejecutivo de agravamiento de la Ley Antiterrorista y que va con dictamen favorable de las comisiones de finanzas y legislación penal al debate del pleno, el cual puede rechazarlo y aún más, debería tratar sobre tablas su derogación.

En la defensa que el Ministro Alak hizo del proyecto de ley ante las Comisiones de Legislación Penal (presidida por Oscar Albrieu) y de Finanzas (su titular es Carlos Heller) argumentó. “Este es el mejor proyecto que se puede elaborar desde el Ejecutivo sin afectar la vigencia plena de los derechos humanos y las garantías constitucionales”, dijo. Y agregó que “la definición alcanzada nos parece la que menos consecuencias puede tener sobre la garantía de la protesta social”.

Como han demostrado en el 2007 la casi totalidad de los organismos de derechos humanos y lo han vuelto a hacer una buena parte de ellos ante esta arremetida por la duplicación de las penas de aquella ley, la ley 26.268 aunque fuera enviada al Congreso por el entonces presidente Néstor Kirchner, venía formateada por un organismo supranacional de la órbita del Fondo Monetario Internacional, el GAFI (GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL) y se inscribe nítidamente en la batería de leyes y reglamentos con que los EE.UU. vienen demoliendo el derecho internacional de posguerra e instalando como regla fáctica su derecho a invadir países, bombardear territorios, asesinar dirigentes que ellos consideran oponentes o no funcionales y todo lo que han hecho en estos años en Afganistán, Irak, Palestina o Colombia.

Si de hacer un recorrido por el discurso imperial se trata hay que remontarse al documento del cincuenta aniversario de la OTAN en 1995, cuando ese organismo se auto adjudicó el derecho a intervenir militarmente donde quiera sin la autorización de las Naciones Unidas, habría que pasar por el Acta Patriótica del 2001, luego del derrumbe de las Torres, donde se fundamentó que en aras de la lucha contra el “terrorismo” (así, sin definir jamás lo que se entiende por él) se dejaban de lado cualquier límite impuesto por las leyes o convenios internacionales de vigencia de los derechos humanos hasta llegar a las declaraciones de Obama tras el asesinato de Bin Laden o Kadaffi, repetidas por el presidente colombiano Santos en ocasión de la eliminación de Alfonso Cano, en las que proclaman su derecho a matar, por medio de operaciones militares de exterminio masivo, a quienes ellos consideren necesario. Como había dicho Bush en el 2001: perseguir al terrorismo en cualquier oscuro lugar del mundo.

Por si alguno tiene dudas de esta conexión me remito a lo publicado por el diario La Nación del mismo 12 de diciembre donde el  propio Obama responde a una pregunta del siguiente modo : “ La Argentina tiene un papel importante que desempeñar en una diversidad de temas relacionados con la seguridad que afectan la vida diaria de argentinos, estadounidenses y muchas otras personas que viven en el continente americano. Me refiero a iniciativas relacionadas con la lucha contra el terrorismo y las drogas, entre otros esfuerzos. Los valores centrales de una relación de estas características se fundan en valores democráticos esenciales, intereses nacionales compartidos en áreas que abarcan desde los derechos humanos hasta la no proliferación y un compromiso para enfrentar los desafíos con espíritu de responsabilidad compartida. Si reconocemos estos principios comunes, confío en que podremos abrir un nuevo capítulo en la historia de cooperación entre la Argentina y Estados Unidos…..La Nación 12 /12 / 11

Y un dato más, que ningún banco argentino ha denunciado: en una circular del Banco Central de hace unos meses se indica que para determinadas operaciones financieras debe consultarse con un listado de terrorista al que se accede desde la pagina web de la Unidad Información Financiera; pero al picar en ese listado un nombre se accede a las paginas del gobierno de los EE.UU., del Reino de Gran Bretaña, de Canadá y de las Naciones Unidas[1], todos los cuales han estado comprometidos con los crímenes arriba mencionados, en una contradicción inimaginada que un organismo oficial argentino indique como fuente de información de quienes son terroristas a los organismos de inteligencia de países imperialistas que de hecho observan con hostilidad al mismo gobierno que los reconoce como fuente de información.  ¿Será esa la garantía que el Ministro Alak ha proporcionado, y que los diputados de las comisiones de Finanzas y Legislación Penal han considerado satisfactoria?   Como si el mismo ex ministro Aníbal Fernández, uno de los firmantes del mensaje de fundamentación del agravamiento de la ley antiterrorista no haya sido el mismo que hace pocos días calificara como terrorismo a una medida de lucha de los trabajadores ferroviarios, como si no fuera que cada ley represora se ha defendido con el mismo argumento represor: el que no hace nada malo, nada tiene que temer.  El punto, señores diputados, es a quien la Ley le da la capacidad de decidir lo que es bueno y lo que es malo; y Uds. mismos se han cansado de advertir que el Poder Judicial sigue infectado de conservadores, reaccionarios para no decir directamente gente comprometida con el genocidio y la impunidad como acaba de denunciar en Diario BAE[2] el Dr. Pablo Parenti de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a derechos humanos cometidos durante la dictadura militar.

Hace tiempo que aprendimos que no hay violación de los derechos humanos que no requiera al menos de tres elementos: de una fuerza material para perpetrarlo (y ahí está la Bonaerense apaleando “oficialistas” para que no haya dudas para quien juega), de una ley o instrumento jurídico que le de apariencia legal y de un discurso justificador que lo “naturalice” en la sociedad.

Lo grave, lo realmente grave, del aval que los diputados de las Comisiones de Finanzas y Legislación Penal han hecho es que han avalado una nueva ley represiva que se inscribe en una línea de continuidad que arranca con la 4144 de 1902, sigue con la ley de seguridad nacional de 1910 (y cuántas que hubo en estos cien años!), entronca con la acordada de la Corte Suprema que legitimó el golpe de estado del 6 de setiembre de 1930, como luego legitimaría el de 1943, el de 1955, el de 1962, el de 1966 y el de 1976, periodo en que se aprobaron las leyes de Represión al Comunismo 17401 y de lucha contra la subversión 20840 y aún más, al hacerlo, se sumaron al coro de Obama y de Bush, de los que proclaman que la lucha contra el terrorismo es justificativo de todo, hasta de duplicar las penas para cualquier delito que los jueces, estos jueces y a no quejarse después, consideren fruto de una asociación ilícita terrorista (figura jurídica nueva de la nueva ley antiterrorista del 2007).

Por este camino, el Código Penal seguirá siendo una fabrica de presos que irán a podrirse en cárceles colapsadas y en manos de mafias que los explotan y dominan como han denunciado desde la Comisión Provincial de la Memoria de Buenos Aires al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El progresismo, que alguna vez se definió a si mismo como el garante de la Constitución y los derechos humanos, ha dado un paso más en la dirección que le trazó en su momento el Chacho Álvarez y la Fernández Meijide: pero cuidado que el final del camino no es la gloria de la democracia verdadera sino el abismo del 2001 y no habrá independencia definitiva sin una democracia verdadera, sin leyes represoras ni discurso imperialista en boca de los legisladores.

En Jujuy no hay Justicia….nota de PericoNoticias sobre mi visita a la provincia


Schulman “En Jujuy no hay Justicia”

(Periódico Lea) Su representante, José Ernesto Schulman, marcó que en Jujuy hay una marcada impunidad y “una negación de justicia”.

 

En la mañana de ayer, la Red de Organizaciones Sociales marchó por calles céntricas en contra de la impunidad, reclamando por causas de lesa humanidad, y en la ocasión también se puso sobre el tapete un reclamo por una especie de “negación” de justicia en nuestra provincia.

En la ocasión, el Secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Ernesto Schulman, expresó el acompañamiento a la Red de Organizaciones Sociales, marcando que “estamos acompañándola porque estamos muy preocupados debido a que Jujuy quedó fuera de un proceso histórico que vive el país: en Jujuy no hay juicios para los represores, no hay justicia, y es evidente que el Juzgado Federal está a contrapelo de lo que la propia Corte Suprema de Justicia se comprometió y anunció, la idea que los juicios son irreversibles. Como se muestra ahora, esta es una voluntad de la sociedad argentina, no es un problema de un Juez o un Presidente, acá hay un pueblo que reclama Justicia y en Jujuy hay negación de justicia”.

En este sentido, agregó que “hay una maniobra absurda de pretender juzgar con el viejo Código para que los juicios no sean orales y públicos, cuando los juicios de lesa humanidad tienen  un carácter pedagógico, ya que deben educar, concientizar a la sociedad sobre lo que ocurrió para que el “nunca más” no sea una palabra vacía. Esta es una situación extrema e insostenible, que la impunidad siga reinando en Jujuy como lo hace”.

Poder económico
En otro momento de sus expresiones, Schulman consideró que “lo que uno siente al estar en Jujuy es que detrás del Gobierno hay un poder más fuerte, que es el poder económico, que sabe que si los juicios avanzan habrá un juicio, por ejemplo, a Ledesma, por la “noche del apagón”, porque es la que aportó los camiones para los operativos represivos. Tenemos la absoluta convicción de que esta negativa absurda que no haya juicios tiene que ver con eso y con un gobierno nacional y provincial que pareciera que le tiene más respeto a la palabra y los intereses de esta empresa que a las de las víctimas del terrorismo de estado”.

Unidad
Consultado acerca de lo necesario para que este reclamo alcance todos los niveles de la sociedad, Schulman expuso que “la experiencia en otros lugares de Argentina es que promovimos que haya una unidad del movimiento popular y de todas las fuerzas, sean las que sean, que quieran romper con la impunidad. Consideramos que esa es la receta, que nadie pretenda apropiarse de la lucha, lucrar políticamente con la lucha, que haya mucha generosidad para que todas las fuerzas se puedan comprometer y se crea una presión popular, como la que tuvimos durante 30 años para que existan los juicios contra todos los represores”.

Impunidad
Por otra parte, surgió la consideración de que en este marco se habla de distintos tipos de “impunidad”, entre las que se pueden encontrar la económica o política, sobre lo cual Schulman consideró que “la impunidad del terrorismo de estado es la madre de todas las impunidades, y desde nuestra posición tratamos de combinar la lucha contra la impunidad histórica con la lucha contra la impunidad actual. Creemos que hay una relación entre la impunidad histórica y la actual, y estamos convencidos que si golpeamos la impunidad histórica podemos golpear la impunidad cotidiana”.