Fany, la militancia hecha coherencia….en su cumpleaños número cien



Nuestra Fany, la de los militantes de todas las convicciones y causas nobles, cumple cien años de vida intensa y fecunda. Si Bertol Brecht decía que los hombres que luchan toda la vida son indispensables, ¿cuánto más indispensable es una mujer que ha luchado por un lapso de tiempo que equivale al de dos o tres vidas?

Fany lleva encima todas las batallas del siglo XX. Las ganadas y las perdidas.  Los triunfos en San Petersuburgo, Pekín y La Habana; en Sofía, Praga y Berlín o sea los de la Revolución de Octubre en la Rusia Zarista del 17, en la China milenaria de 1949 y en nuestra Cuba del 1º de Enero de 1959 y todos los que se lograron al fin de la Segunda Guerra Mundial y un poco más…. Pero también carga con las dolorosas derrotas, porque todas las derrotas son dolorosas aunque algunas tengan ese tinte prístino de la dignidad como la de la España Republicana donde Fany aportó a las Brigadas Internacionales y otros el pesado fardo de haber caído sin pena y sin gloria como aquellas de las que no se conoce un solo mártir, en algunas ni siquiera un herido, porque nadie resistió la caída de los gobiernos burocratizados, alejados de los pueblos y dedicados a competir con el capitalismo en el consumismo y la carrera armamentista.

Y cuando tantos se apartaron del camino diciendo que ya basta, que habían sido engañados o que el mundo sería siempre igual y que no valía la pena o que lamentaban haber dedicado algún tiempo a la lucha revolucionaria, allí estaba Fany para marcarnos el rumbo de la renovación de los ideales y que como decía tan bellamente Roque Dalton, si el partido no es lo que yo quiero, habría que empezar de nuevo.  Y de nuevo empezó Fany que ya tenía setenta y fue de las primeras en asumir el viraje del Partido Comunista y la inquebrantable decisión de sostener la revolución más querida y más cercana.

Fany conocía esos versos “si cae Madrid, no digo que va a caer, pero si cae Madrid….” y sabía que si caía Cuba la profesia de Silvio sería realidad y le cortarían el badajo a todos ellos, y a nosotros también.  Hace unos años, en una actividad educativa para jóvenes militantes de la Fede, compartimos con Fany un encuentro donde mapa en mano nos mostró los peligros de la ofensiva yanqui y las oportunidades para la resistencia.

Al finalizar la charla, se prestó a un mano a mano y los compañeros preguntaron sobre su vida y su lucha.  Uno de ellos le preguntó si había conocido al Che y ella contestó dulcemente: Era tan lindo.  No por nada le son tan queridos los versos de Nazim Hikmet, ese que le dice a su amada que el socialismo será como el color de sus ojos.

Una vez, todavía antes del período especial, preguntaron en Cuba que sabía la gente sencilla sobre el comunismo y el socialismo. Sobre el comunismo no hubo muchas respuestas pero sobre el socialismo hubo muchas, acaso la más inteligente fue la de una campesina que dijo que el socialismo será cuando todos los hombres sean como el Che.  Fijense que no dijo que el socialismo será cuando todos los hombres tengan buena casa y acaso auto y hasta una computadora y seguro que internet; sino que dijo cuando todos los hombres sean como el Che.

Yo no se cómo será el socialismo en la Argentina, pero seguro que si todos los militantes nos inspiramos en Fany, en su convicción miiltante, en su cultura política antifascista y socialista, en su voluntad unitaria y su apertura de pensamiento, seguro que la izquierda argentina sería un poquito mejor de lo que es, y estaríamos más cerca del horizonte.

Los Nueve Círculos del Infierno. Ponencia al Seminario “Haciendo la Paz en Colombia” convocado por la COPPPAL y Colombianos por la Paz Buenos Aires, 21 al 23 de febrero 2011


No hace mucho, en una discusión sobre la pena a solicitar contra un grupo de represores, un fiscal dijo algo que me pareció muy inteligente: después del cuarto círculo del infierno ya no hay matices; quería decir que traspasado un límite, el límite del horror, de la participación en el Terrorismo de Estado que sufrimos entre 1974 y 1982, no correspondía establecer diferencias en la responsabilidad penal de los represores y  a todos debía condenarse por el máximo establecido en el Código Penal.

Pero hoy, luego de escuchar lo que aquí se denuncia, debo confesar que estábamos errados:  los argentinos, que tanto sufrimos por la aplicación del plan sistemático que pergeñó la Junta Militar -que hasta dimos nacimiento a una nueva categoría de la perversión humana, que bien ganado tiene el derecho a figurar como una de las causas para ir a parar al Infierno descripto por Dante en la Divina Comedia, “la desaparición forzada de personas”, los desaparecidos como se dice llanamente, la “muerte argentina” como la bautizaron en Europa a finales de los 70-  conocimos el primero, acaso el segundo o el tercero de los Círculos del Infierno; pero el pueblo colombiano vive desde hace décadas en el Noveno Círculo, ese que para el Dante no arde sino que está cubierto de hielo, porque el fuego arde y se consume; el hielo congela y transforma en eterno el sufrimiento.

Al acercarnos, siquiera intelectualmente, y quiero decir que la Liga Argentina por los Derechos del Hombre –en cuyo nombre hablo- ha estado más de una vez en suelo colombiano, junto a los que  luchan por los derechos humanos; digo, al aproximarnos a la realidad colombiana, al repasar la cifra de ejecutados, exiliados, desaparecidos, desplazados, etc. uno no puede dejar de expresar una sensación de agobio, de desmesura, de algo casi inimaginable -siquiera para nosotros- que sobrevivimos al Terrorismo de Estado, que lo resistimos y en alguna medida, en algún sentido, así sea simbólico, lo vencimos.  Permítanme, en nombre de mi organización y de todos los humanistas de la Argentina, asumir esta dimensión del horror, este genocidio permanente y cínico que se hace con el ropaje lustroso de la democracia representativa y hasta invocando al libertador Bolívar a veces; asumirla decía, como un momento de reconocimiento y solidaridad, como homenaje y compromiso.

Nosotros, que tanta solidaridad recibimos de tantos  pueblos, estamos obligados más que nadie a ser mucho más solidarios y a ser mucho más eficaces en la solidaridad; a ser más inteligentes y más audaces para contribuir a terminar con el Genocidio y construir una paz duradera, verdadera, que requiere de la base firme de la verdad y la justicia, porque la impunidad es el triunfo de la muerte y la justicia de la vida.   ¡Verdad y justicia para todos y todas las colombianas victimizados en tantos años, honra a ellos!.

La paz, un camino en dirección contraria al sentido de época.

Se trata, nos convocan, de pensar los caminos de un dialogo que fecunde paz. Y lo primero que uno advierte es que es un desafío al sentido común, al pensamiento “realista” y “posibilista” (en el peor sentido de estos términos, el de dar por inmodificable la correlación de fuerzas y la Tendencia de Epoca) porque si algo va quedando claro de este mundo post guerra fría y post crisis de los vencedores de la guerra fría; en este mundo que combina toda clase de crisis: económicas, alimentarias, medio ambientales que confluyen en una crisis de dominación imperial sin precedentes en siglos, es que América Latina se convierte -cada día que pasa- en el lugar elegido por el imperialismo norteamericano para librar su batalla final.

El levantamiento del pueblo egipcio es acaso la noticia más importante de la segunda década del siglo nuevo.  Cuestiona el status quo de un lugar clave para el Imperio como Medio Oriente y llena de esperanzas la causa del pueblo palestino y toda la gran nación árabe; pero así como Vietnam tuvo mucho más que ver con la tragedia latinoamericana que lo que normalmente se acostumbra pensar, el ciclo de rebeliones árabes -que ya tumbó al gobierno de Túnez y al de Egipto-, (recordemos que antes que alumbraran los nuevos gobiernos progresistas de América Latina, los pueblos tumbaron nueve presidentes en una seguidilla de rebeliones antineoliberales a la cual también aportamos los argentinos con nuestro Diciembre de 2001), puede originar un proceso de cambios similares (si no en la forma , sí en el sentido de perdida de capacidad de hegemonía por parte de los EE.UU.) que paradójicamente, refuercen la obstinación yankee en mantener América Latina como “su” patio trasero, incluso abandonando las “buenas maneras” de las “democracias restringidas” que tuvo que aceptar cuando se agotaron las dictaduras militares; que para eso volvió la Cuarta Flota, reemplazan la base perdida en Ecuador con un despliegue colosal en Colombia y mayor presencia militar en todos lados, como se evidenció aquí mismo con el avión yanqui que venía a “adiestrar” nuestra Policía, como si después de tantos años de Terrorismo de Estado y tantos años de “gatillo fácil” en democracia, los Federales o la Bonaerense necesitaran adiestramiento para reprimir o ejercer el control social sobre los pobres y los jóvenes.

Pero nada nos debe desanimar, que estamos celebrando doscientos años de una gesta independentista emprendida cuando en Europa ya había triunfado la Restauración, se destruían las copias de la Declaraciónde los Derechos del Hombre y del Ciudadano y por las capitales del viejo Mundo, el culto y decrépito Viejo Mundo, repartían coronas reales a bajo costo. Animo, que nuestro San Martín nos sigue arengando que  para hombres de coraje se han hecho estas empresas.

Y coraje, dignidad, honor y causas nobles no nos faltan.

La victoria y la derrota son más relativas que lo que el Poder cree

En la Argentina se están juzgando (algunos de) los crímenes del Terrorismo de Estado perpetrados durante la última dictadura militar, y hay causas abiertas por los cometidos en el periodo constitucional que desemboca en el 24 de marzo.

Es un hecho histórico, porque rompe la impunidad que los anteriores genocidios gozaron y porque al lograr niveles de justicia, se fortalece la Memoria y se logran mayores valores de verdad. Los juicios son una experiencia casi inedita que generan un sinnúmero de novedades jurídicas; pues es una de las pocas veces en la historia universal del Derecho, que se juzga al Poder y sus acciones;  al considerarlos “delitos de lesa humanidad” son imprescriptibles y se libra toda una batalla jurídica por la tipificación de los delitos que es en sí una batalla cultural enorme por la resignificación de la historia.

Genocidio decimos nosotros para apuntar a que la perversión y el horror tenían un propósito: eliminar el grupo nacional que era incompatible con el modelo de país que portaban las ametralladoras y la picana eléctrica. El grupo nacional a exterminar fue detallado minuciosamente en el anexo II de Inteligencia de “El Plan del Ejército (Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional)” elaborado antes del 24 de marzo que enumera las organizaciones a “exterminar”: un largo listado de fuerzas insurgentes, políticas, sindicales, religiosas, educativas, etc. Allí estaban todos los componentes del campo popular no importa su identidad cultural o forma de lucha. Los peronistas y los comunistas, los pacifistas y los que practicaban la lucha armada. De paso, que nuestra Liga figure en aquella lista es un “reconocimiento”, que nos honra, a una posición de principios: siempre al lado de los que sufren represión estatal, contra toda violación de los derechos humanos. Genocidio para eliminar un grupo nacional y reorganizar radicalmente el país como efectivamente ocurrió. Por ahora el Poder Judicial se niega a esta calificación a pesar de que en 1948 la Argentina firmó la Convención de Prevención y Castigo del Delito de Genocidio, que lo ratificó por Ley especial en 1958 y que en 1994 la Reforma Constitucional dio preeminencia a los Pactos y Convenciones Internacionales con lo cual el Convenio tiene plena ejecutividad y solo prejuicios ideológicos frenan su aplicación aunque el Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata haya declarado su vigencia en tres oportunidades fallando que los delitos fueron cometidos “en el marco de un genocidio” y algún fiscal se haya sumado al reclamo en un juicio de Buenos Aires.

Cierto que los juicios admiten múltiples abordajes pero yo quisiera comenzar por consignar el asombro de los altos Jefes Militares ante lo nunca imaginado: habiéndose pensado como vencedores están en el lugar de los acusados; acostumbrados a no dar cuenta de nada a nadie deben responder las preguntas de la fiscalía y los abogados querellantes de los organismos de derechos humanos que ellos desprecian y detestan; y para más, se ven condenados por la veracidad que los tribunales otorgan a la palabra de los sobrevivientes de cárcels y desapariciones, a quienes ellos consideraban sub humanos y por ello pasibles de toda clase de agravios, torturas o sometimientos (desde el juicio a la Junta de Comandantes Militares  se reconoce el testimonio de los sobrevivientes  prueba necesaria y suficiente contra un Genocidio cometido en las sombras, sin dejar rastros ni siquiera cuerpos enterrados. La voz de los sobrevivientes, en cuyas palabras quien quiera podrá escuchar la voz de los desaparecidos, es el principal arma que la sociedad tiene para probar el Genocidio se ha dicho; y no es poca cosa si de reivindicar una generación se trata.

Recurrentemente los altos Jefes Militares, entre ellos los ex Generales de la Nación Videla, Menendez, Riveros y  Bussi, expresan su desconcierto ante la contradicción entre la victoria militar y la derrota política.  Lejos del arrepentimiento o la comprensión de lo sucedido recurren a teorías conspirativas y prometen continuar la guerra contra el comunismo internacional (nombre que le dan a la “subversiónl” de ayer y de hoy) al que consideran enquistado en el Gobierno Nacional, aunque uno a uno se encaminan hacia lugares de detención o mueren en la soledad política más absoluta, sin que ni siquiera sus partidarios se animen a reivindicarlos, tan distinto al brillo fúnebre que acompañó el final del dictador Pinochet en Chile. Están aprendiendo en carne propia que la victoria y la derrota son más relativos que los rígidos parámetros militares que aprendieron en sus academias o en la Escuela de las Américas del Comando Sur del Ejercito de los Estados Unidos.

Refiere Carlos Marx en El Capital que los historiadores de aquella época, finales del siglo XIX, herederos de la Revolución Francesa, afirmaban campantes “hubo historia, ya no la hay”, anticipándose 150 años al mediocre escriba yanqui que pretendía clausurada la historia y otras “vulgatas” que sonaban como música  festiva en los oídos de la burguesía triunfante en la Guerra Fría a nivel mundial y administradora del Consenso de Washington entre nosotros.

En los años que ejercieron el poder total, los militares argentinos proclamaron una y mil veces que su victoria era total y fantaseaban con la eternidad. Un marino fanfarrón[2] soñaba con ser Perón y un General alcohólico[3] convocaba asados multitudinarios para formar el tercer Movimiento Histórico que herede al peronismo y al radicalismo. En su triunfalismo, extendieron sus acciones a Centroamérica y colaboraron con las fuerzas represivas de El Salvador y la Contra Nicaragüense.

¿Y cómo fue entonces que llegamos a estos juicios se preguntarán muchos?

Acaso porque en el primer centro clandestino, que paradójicamente antes fue una Escuela para pobres que la dictadura transformó en una maquina de exterminar pobres que soñaban con dejar de serlo, la Escuelita de Famaillá en Tucumán, un compañero soportó la tortura y alentó a sus compañeros y alguno sobrevivió y comenzó a romper el mito de las desapariciones.  Porque en alguna mesa de torturas, un compañero sostuvo su identidad con su sangre, y le escupió en la cara al torturador.  Porque las Madres de los desaparecidos comenzaron a organizarse y manifestar. Porque había organismos de derechos humanos que ya existían y pelearon y porque hubo abogados y habeas corpus y solicitadas y cartas y rondas y pintadas clándestinas y puertas solidarias y abrazos y pañuelos y donde menos lo esperaban los milicos, nació la Resistencia. En la Argentina el olvido se construyó antes que la memoria y la impunidad mucho antes que la Justicia; por eso los desaparecidos, las capuchas, los disfraces, los centros clandestinos y la subordinación del Poder Judicial. Pero los genocidas olvidaron una regla de oro de la ciencia militar, mientras hay resistencia el enemigo no está derrotado y en la Argentina nunca cesó la resistencia: dentro y fuera de los centros clandestinos, dentro y fuera de la Argentina, por medios clandestinos y utilizando resquicios legales.  Nunca cesó la resistencia. Nunca.

Los militares decretaron la auto amnistía en 1982 cuando comprendieron que con Malvinas habían agotado su tiempo histórico. Pero nadie se la concedió. El clamor era tan grande que en 1985 se logró el Juicio a la Junta de Comandantes, la Causa 13, que abrió un camino de Justicia.  Los militares y la derecha civil chantajearon, se sublevaron, el gobierno de Alfonsín claudicó y casi todo lo construido entre 1976 y 1987 en el terreno judicial se perdió. Otra vez sonaron voces triunfalistas, Menem fue más allá y se propuso borrar los pedacitos de memoria conquistados e insinuó la reconciliación nacional entre torturados y torturadores, entre secuestrados y familiares de desaparecidos, entre apropiadores de niños nacidos en cautiverio y las abuelas que los buscaban. No lo escuchamos y durante más de quince años luchamos contra las Leyes del Olvido y el Punto Final, contra los Decretos de Amnistía a los condenados en el Juicio a la Junta, contra el intento de transformar la Escuela de Mecánica de la Armada, donde había funcionado uno de los Centros de Exterminio más grande del país (junto con Campo de Mayo, uno de la Marina, el otro del Ejercito, ocho mil compañeros que pasaron por allí entre ambos) en un Monumento a la Unidad Nacional y ya que está en un emprendimiento inmobiliario, que siempre se puede robar algo más piensa el ladrón.

Quisiera marcar algo, que por tan obvio a veces se olvida: todo el tiempo, las consignas y la estrategia de lucha contra la impunidad se basaron en violentar las reglas de la política “realista”. Cuando los sobrevivientes ya habían contado de los vuelos de la muerte y del sentido estricto de la palabra “traslados”[4], el movimiento popular levantó consignas como “con vida los llevaron, con vida los queremos” y  “aparición con vida y castigo a los culpables”.   Cuando se clausuraron los juicios penales se inventaron “juicios por la verdad” y se hicieron denuncias tan osadas como la que abrió la causa por la Operación Cóndor contra los gobernantes de todas las dictaduras militares del Cono  Sur. En medio de la impunidad más cerrada cientos de sobrevivientes reconstruyeron con paciencia de orfebre los Trabajos de Recopilación de Datos, TRD, juntando los pedacitos de memoria salvados por los sobrevivientes mediante una mirada por debajo de la capucha o una voz grabada en su cerebro en la sala de torturas y reconocida en la sala de espera de un odontólogo o en la cola de un banco. Como un enorme rompecabezas, sin ayuda del Estado que había decretado la impunidad y pretendía tapar con dinero el agujero de la infamia, se reconstruyeron los datos que todavía hoy constituyen el insumo fundamental para los juicios. Porque si algo tiene que estar claro, es que nadie nos regaló nada en cuanto a los juicios.  Los juicios que tenemos los valoramos por algunas de las razones que ya dije y por otras más, pero sobre todo porque son los juicios que nosotros mismos supimos conseguir en los más de treinta años de lucha contra la impunidad; años de lucha que fueron reconocidos y asumidos por el actual gobierno nacional al descolgar los cuadros de los dictadores, modificar la Corte Suprema y respaldar la búsqueda de Justicia por parte del movimiento popular.

Pero no se confundan, si algún paradigma guió la lucha contra la impunidad fue el de la locura y no el de la “correcta” operación política ingeniosa de adaptación al mandato del dominante.

El primer diputado de la izquierda que presentó el proyecto de anulación de las leyes se llamaba Floreal Gorini y su propuesta, y las de quienes lo acompañaron y continuaron, durante años eran catalogadas como propuestas “testimoniales”, condenadas a no tener quórum. Y así fue.  Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis años presentando el proyecto de anulación de las leyes sin quórum, como un gesto digno pero intrascendente.  Pero vino la rebelión popular de diciembre de 2001 y apareció el quórum y se anularon las leyes y luego la Corte Suprema cambió su composición y cambió su opinión sobre las leyes de la impunidad.

Vencidos vencimos decía el romano Plauto dos siglos antes de Cristo. Pero es que acaso, la cuestión de la victoria y la derrota debiera considerarse de un modo más complejo que el balance de sangres y cuerpos, de bombas y bombarderos. Si algo aprendimos en esta lucha, es que la justeza y la dignidad de la causa tiene en la perspectiva historica una dimensión que el opresor jamás alcanza a mensurar. Hay una dignidad que el vencedor no conoce escribió nuestro Jorge Luis Borges en unos de sus poemas históricos más conjeturales. Ni conoce, ni intuye, ni imagina: la de Uds., la de los pueblos, la de todos los que luchan por la paz y la justicia, contra la muerte y el olvido, que vendrían a ser dos formas de nombrar lo mismo.

No hay nada que nos identifique más que ser victimas del mismo genocidio.

¿Qué éramos antes de la invasión española que algunos llaman Conquista y otros Descubrimiento de América?  Un conjunto de pueblos, con muy diversos estadios de desarrollo cultural y científico, con diversos modos de organización social, aunque prevalecían los modos comunitarios y la identificación con la naturaleza que los llevaba a preservar el medio ambiente como nunca después.

Fue el genocidio europeo contra los pueblos originarios el que gestó la identidad americana;  seguíamos siendo muy distintos, acaso más que antes, pero ahora teníamos un elemento unificador que era la decisión del genocida de exterminarnos en parte y esclavizarnos, someternos y devastar nuestra cultura. Porque esa noción la aprendimos en carne propia: es el represor el que nos reúne en el grupo a exterminar, no somos nosotros los que nos incluimos; ellos tratan de generarnos culpa por nuestro sufrimiento: “te reprimimos por que resistes, te torturamos porque no colaboras, te matamos porque no te pasas de bando, sufres porque apoyan a los insurgentes”. Es una operación cultural de dominación y de división.

Por eso nosotros, por regla, siempre estamos del lado de los que resisten y de los que luchan, incluso cuando íntimamente nos parezca que sus formas y modos de hacerlo no son los más eficaces o aún son erróneos. Pero nunca apoyamos al dominador, al discriminador y mucho menos al asesino y torturador.  Llevamos setenta y tres años de esta conducta y la mantendremos cueste lo que cueste. Cuando hay gobiernos que favorecen la lucha, mejor, y cuando hay dictaduras feroces, también.

Comenzamos a ser americanos cuando la conquista española y fuimos más americanos cuando la gesta independentista anunciada por el pueblo haitiano, que derrotó al colonialismo francés en 1892 aunque casi nadie lo registre y se hable impropiamente del bicentenario, y desplegada por San Martín, Bolívar, Artigas, O Higgins y tantos otros en 1810.  Hubo en la gesta revolucionaria, al menos en sus mejores hombres: San Martín, Castelli, Belgrano entre los nuestros, intención de juzgar los crímenes de los españoles y de hecho el general San Martín funda la tradición nacional de juzgar los crímenes de lesa humanidad en base al derecho consuetudinario en una decisión que hoy mismo reivindicamos contra tanto escriba leguleyo que pretende impunidad para los represores. Pero, finalmente, pese a esos esfuerzos, el genocidio español quedó impune, los pueblos originarios sin recuperar sus tierras y la propiedad territorial en manos de los que formarían la naciente burguesía criolla, rápidamente entrelazada y subordinada con los empresarios ingleses tan bien defendidos por la  Royal Navy. Y fue el poder de esa oligarquía con olor a bosta la que frustró la independencia nacional.

La impunidad no solo dejó sin castigo el crimen de unos cincuenta millones de hermanos, contando solo los de los primeros años, digo sin hablar de los que morían en las minas de Potosí o las plantaciones de yerba maté de Misiones, sino que creo las condiciones materiales para la frustración de la revolución de Mayo. La impunidad no es una cuestión jurídica y mucho menos un problema personal de las víctimas, sus familiares, amigos o compañeros de militancia. La impunidad ha sido hasta ahora el principal mecanismo del poder para garantizar su continuidad como Poder; allí donde el Poder es fraude electoral, para consumarlo; y allí donde es guerra abierta contra el pueblo como en Colombia para seguir con los crímenes.

La impunidad del Genocidio español no solo frustró el Mayo sino que permitió la Guerra de la Triple Alianza y la llamada Campaña del Desierto, a finales del siglo XIX, Segundo Genocidio que exterminó la Nación Guaraní, liquidó la resistencia del interior a la hegemonía del Puerto de Buenos Aires sobre la Nación y “limpió” la pampa húmeda y la Patagonia de “indeseables” pueblos para montar el país agro exportador que todavía predomina en la vida económica. Ayer ovejas y vacas, luego trigo y maíz, ahora soja transgénica forrajera; pero siempre el mismo sujeto beneficiario, la burguesía agraria que surgió de los dos genocidios, el español y el del naciente estado argentino. Y la impunidad del Segundo Genocidio es el que permitió la constitución de un estado represor que ha oscilado entre el golpe de estado y los ciclos de vigencia constitucional.  Que al menos aquí, todavía no conocemos la democracia verdadera.

Es en la historia del estado represor del siglo XX que se explica el Terrorismo de Estado de los setenta y en la impunidad del mismo, el triunfo de Menem y el neoliberalismo de los noventa.

Fue después de su derrota en Vietnam que los yanquis organizaron la gran operación continental terrorista que tapó casi todo el mapa de dictaduras militares y desplegó una metodología de exterminio que parece una sola, como se parecen nuestros Vuelos de la Muerte con las Fosas descubiertas en 2010 en Macarena,  Colombia.  Leyendo los dos fallos del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre el Genocidio que se viene cometiendo en Colombia desde hace décadas a veces uno se pierde en la geografía: ¿cuál Coca Cola manda matar, la de aquí o la de allá?; ¿cuál grupo paramilitar asesina, corta los testículos y los cose en la boca, la Triple A o la Autodefensa Unida?; ¿ qué político llama a exterminar la subversión Isabelita o Uribe?, ¿qué empresa apoya el Terrorismo de Estado, la siderúrgica Acindar de Argentina o la fruticultora  Chiquita Brands de Colombia?.  Por eso somos (o debieramos ser)  más  latinoamericanos que nunca, hermanos como nos querían San Martín, Bolivar, José Martí, Salvador Allende y el Che Guevara

Cierto es que en ambos países el Terrorismo de Estado no nació en los setenta pero sí pegó un salto de calidad que nos obliga a cortar de una vez su reproducción ampliada, pues ni aquí ni allá la próxima oleada será menor o igual, será mayor y más perversa.  Esa es la lógica de la historia del Terrorismo de Estado, o lo derrotamos o sencillamente nos termina exterminando. Insistimos, la impunidad no es solo una cuestión jurídica con implicancias éticas o morales; es el límite del cambio social, es el gran reaseguro del status quo y con ello, del mantenimiento de las condiciones que originaron el conflicto social y volverá a hacerlo una y otra vez porque se pueden matar miles, decenas de miles, cientos de miles, pero no se puede matar a todos los obreros y todos los campesinos, y de sus condiciones de vida y de trabajo, del medio ambiente que les permitan tener surgirán las condiciones para la lucha y para la respuesta represiva.

Si se quiere terminar con la espiral de violencia no alcanza con la voluntad de paz ni con todos los “sacrificios” , y habrá que hacer muchos seguramente para lograr la paz en Colombia; hará falta cortar con la impunidad, no se si con toda y de modo absoluto, pero si con la cultura de la impunidad.  No están todos ni mucho menos, pero Videla en el banquillo de los acusados en un hecho cultural de proporciones.  Los dioses están siendo juzgados por los mortales. Y si sentáramos a los dueños de la Ford y de Acindar, a los banqueros que crearon la deuda externa, mucho mejor.  En eso está la Liga y no está sola por supuesto. Y con la justicia vendrá la memoria y con ella la verdad.

Un gran poeta español, Gabriel Celaya escribió sobre la muerte de Federico García Lorca:              Que no murió. Le mataron .Contra la cal de una tapia luminosa
me lo dejaron clavado.  -”Por vuestros padres- decía-. Y lo dejaron clavado diez pólvoras  asombradas y una bruta voz de mando.
Todavía en España, yo mismo lo escuché en Granada, hay quienes dicen que Federico murió. Aquí nadie se atreve a desmentir que a Rodolfo Walsh lo mataron.  Que no murió, lo mataron. E ahí la diferencia entre la impunidad y la justicia, entre el olvido y la memoria, entre la decadencia de la vieja Europa y la esperanza latinoamericana.

¡Vamos, para que nadie diga que ni uno solo de los cientos de miles de compañeros colombianos, murió; que todos digan que los mataron, que sepamos quién los mató y que vayan presos de una vez por todas!.

Ese sería un buen camino, creemos nosotros, para construir la paz.


[1] secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, ex preso político, ha publicado cuatro libros y dictado cursos de historia y de derechos humanos para el movimiento popular, partidos de izquierda y la universidad.

[2] el Almirante Emilio Eduardo Massera coqueteó con esa idea por años, utilizó la Esma como base de operaciones política y llegó a fundar un diario con ese objetivo

[3] el General Leopoldo Fortunato Galtieri, poco antes de Malvinas, organizó un famoso asado multidinario en Victorica, La Pampa, donde agrupó dirigentes políticos de los partidos tradicionales que colaboraron con la dictadura en cargos municipales y ministeriales. Un socialista llegó a ser embajador en Portugal, Américo Ghioldi.

[4] los represores decían “traslados” a la ejecución sumaria y el entierro clándestino o a los “vuelos de la muerte” que tiraban los cuerpos drogados pero vivos al mar desde la altura de un avión.

El irresistible ascenso del Fiscal Gentili.[1]…denuncia de la Liga contra un operador de Uribe en la Argentina


La Liga Argentina por los Derechos del Hombre denuncia que se pretende ascender a Fiscal General al Dr. Alberto Gentili, quien pretendió querellar a dirigentes sociales y políticos por financiar desde Argentina a las F.A.R.C. Colombianas desde la Ufidro. Así se “legitimaria” el Plan Colombia en la Justicia y se premiaría un discipulo de Torquemada.

Según informaciones con que contamos, se estaría por consumar la designación del Dr. Alberto Adrián María Gentili como Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de San Martín. En mayo de 2010 quedó primero en el orden de mérito general del Concurso Número 65 del Ministerio Público Fiscal de la Nación a pesar de los antecedentes con que cuenta, que detallaremos una vez más y que el Procurador General de la Nación, Dr. Esteban Righi conoce perfectamente, pues fue justamente él quien lo ha venido protegiendo todos estos años de los escandalos políticos macartistas y convivencia con los narcotraficantes en que se ha mezclado Gentili.

En junio de 2007 llegó a nuestras manos, de trabajadores de la  Unidad de Apoyo para la Investigación de Delitos Complejos en Materia de Drogas (Ufidro) cuya identidad hemos preservado para prevenir en lo posible de las persecusiones del Dr. Gentili y sus colaboradores, copia del expediente que se había abierto contra un grupo de dirigentes sociales y politícos entre los que destacaban Adolfo Perez Esquivel, Hebe Bonafini, Patricio Echegaray entre otros.  Se los acusaba de ser parte de una estructura de financiamiento de las Fuerzas Armadas de Colombia (F.A.RC.) en base a un informe entregado por el Dr. Gustavo Demarchi (hoy procesado por su participación en los crimenes de la Triple A desde su lugar dirigente de Concentración Nacional Universitaria (C.N.U.) que el Dr. Alberto Adler dio por valido y abrió el Legajo de Actuación Administrativa 104/2007 titulado “Fiscalía General de Mar del Plata, actividades de narcoterrorismo FARC” para luego elevarlo al Dr. Alberto Gentili quien abrió a su vez un expediente en el que consta que seis despues de abierto el expediente de Mar del Plata, el 26 de marzo de 2007, se libró un “alerta de seguridad” a los aeropuertos de todo el país. En el expediente de Mar del Plata se consignaban diez años de seguimiento sobre un representante de las Fuerzas Armadas de Colombia, que había ingresado legalmente al país y que desarrollaba actividades tan “subversivas” como dar Conferencias Públicas en universidades, sindicatos o entrevistas periodisticas a medios radiales y gráficos comerciales.  Resaltaba por lo rídiculo el informe presencial de un agente infiltrado en una actividad en la Universidad de las Madres que detallaba dichos y detalles de los asistentes como en un informe de los que se presentan como prueba en los Juicios contra los represores del periodo del Terrorismo de Estado.

En su momento hicimos una denuncia pública (que recogió en varias ediciones Pagina 12 y otros diarios[2])  y envíamos una carta al entonces Presidente de la Nación, puesto que más allá de los delitos cometidos (violación del deber de funcionario de denuncia de los delitos cometidos: el expediente recogía información que las leyes de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional establecen como prohibida para los uniformados, y vulneraron el sistema de derechos y garantías establecidos en la Constitución para los compañeros acusados), estabamos ante un hecho político que contradecía la anunciada política de integración regional y promoción de la paz para Colombia.

En enero de 2008, junto a los compañeros Patricio Echegaray, Eduardo Soarez y Herman Schiller, involucrados en las denuncias de la Ufidro, la Liga realizó una denuncia penal contra Gentili y las maniobras de espionaje político. Como suele ocurrir en estos casos tanto Gentili como Righi comenzaron negando todo para luego abrirse una investigación interna, producirse la renuncia de Gentili y finalmente la disolución de la UFIDRO.  La denuncia de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre había sido probada y en el camino se incorporaron otras denuncias vinculadas a la convivencia del Fiscal con los abogados de los narcotraficantes que supuestamente su Unidad debía investigar (concretamente una “fiesta” por el “día de la primavera” en la residencia del abogado Virgolini, a cargo de numerosas defensas de personas acusadas de narcotráfico).

Cualquiera supondría que el destino político de Gentili estaba sellado, pero estabamos equivocados; por razones poderosas que debería investigar el Gobierno Nacional, Gentili fue ratificado en su cargo de Fiscal General de Lomas de Zamora, pero con destino en San Isidro “para estar más cerca de su casa” (no es un chiste, consta en el pedido que formuló a Righi y este aceptó, como tantos otros pedidos).   Tuvo a su cargo la investigación del caso Febres (el marino que terminaría “suicidandose” el día previo a la sentencia; en otro pedido a Righi habla de la dictadura como la dictadura lo hacía: la ardua pero necesaria labor de analizar y entrecruzar extensos listados de llamados, certificar los objetos procesales de las causas otrora seguidas al occiso por delitos cometidos durante la vigencia del proceso de reorganizacion nacional y la de escrutar indicios…

De esa fiscalía saldriá uno de sus colaboradores para un cargo que dificilmente se considere un aporte a la política de derechos humanos que el gobierno nacional proclama: Horacio “Toto” García renunció al trabajo al lado de Gentili para pasar a ser jefe de asesores del Ministro de Seguridad Montenegro del Gobierno de la Ciudad.  Casualidades dirá el Dr. Gentili, vulneración del principio de presunción de inocencia.  Vale. Pero cuántas casualidades!: el iniciador de la causa por las FARC, el Dr. Gustavo Demarchi, ex Jefe de la CNU Mar del Plata, procesado, profugo por meses y hoy preso por delitos de lesa humanidad; su colaborador en la fiscalía de Vicente López, Horacio García, pasa a ser jefe de Gabinete de Montenegro; el organizador de sus fiestas de la primavera, el Dr. Virgolini, un abogado del narcotráfico….

¿A nadie le parece llamativo, no debiera haberse hecho alguna consideración sobre estos ítems el jurado presidido por el Dr. Esteban Righi?  O será que “alguién” se preocupa por la carrera del amigo de la D.E.A y con tantos contactos en los organismos internacionales como el GAFI (el mismo que viene imponiendo leyes antiterroristas en todo el mundo, incluido nuestro país)

De paso, y para terminar que todo tiene que ver con todo, ¿sabe la Señora Presidente del país, que el organismo gubernamental encargado de aplicar la Ley Antiterrorista Argentina en el terreno financiero, la Unidad de Información Financiera,  ha ordenado cotejar cada transacción financiera importante[3] con un listado unificado de terroristas[4] a la que se accede desde su web; pero la sorpresa es que al linkear se entra a la lista de “terroristas” del gobierno de los EE.UU. donde sí está el objeto del deseo persecutorio del Dr. Gentili con que empezó toda esta historia: las FARC de Colombia[5] .Casualidades, dirá Gentili. Quién sabe, decimos nosotros. Lo cierto es que la Ley Antiterrorista está vivita y coleando, se emplea y para aplicar esa ley bien vale tener Fiscales Generales como el Dr. Alberto Adrian María Gentili.

 

LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE


[1] en 1941, Bertol Brecht escribió un clásico: El irresistible ascenso del Sr. Uy sobre la responsabilidad de la sociedad alemana en el ascenso de Adolf Hitler

[2] en www.pagina12.com.ar de los días 21, 22 y 23 de julio del 2007; 14 de enero, 17 y 24 de febrero y  1º de marzo de 2008; 18 de mayo de 2010 constan nuestras denuncias y detalles de lo denunciado

[3]“ h) Personas incluidas en el listado de terroristas: los Sujetos Obligados deben prestar especial atención cuando la donación o aporte o su tentativa involucre a personas incluidas en el listado de terroristas o fondos, bienes u otros activos, que sean de propiedad o controlados (directa o indirectamente) por personas incluidas en el listado de terroristas, debiendo cumplimentar a tales efectos lo establecido por la resolución UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA vigente en la materia”. resolución de la Unidad Información Financiera Lunes 31 de enero de 2011 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.081 11

[4] www.abogados.com.ar del 4/02/2011

Un documento que se nos había perdido y es muy revelador de la historia real de la lucha contra la impunidad. Anulación del indulto a Riveros: La victoria de la consecuencia. Declaración de la L..A.D.H. del 15 de julio de 2007



“Considerando: 1º Que la presente causa se ha iniciado por la presentación efectuada en forma conjunta por Sara de Castiñeiras, Iris Pereyra de Avellaneda , Floreal Avellaneda, Juan Manuel Castiñeiras y Ana María Astudillo….. en representación de la Liga Argentina por los Derechos Humanos , quienes solicitaron la declaración de la inconstitucionalidad del decreto 1002/89, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional indultó entre otros, a Santiago Omar Riveros, por los hechos a él imputados en la ex causa 85 de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín (fs. 1/6)….”

Así comienza el fallo con el que la Corte Suprema de Justicia anuló el indulto presidencial a uno de los máximos responsables del Genocio cometido en la Argentina, el General Omar Riveros, quien estuvo al frente de Institutos Militares y por ello de Campo Mayo, asiento de uno de los mayores centros de exterminio bajo la dictadura. Llamativamente, ¿o no?, ningún medio gráfico, ninguno de los numerosos análisis realizados en estas horas, han destacado el parrafo precedente que da cuenta de algo que se pretende ocultar: el fallo es una conquista del movimiento de derechos humanos, del movimiento popular en general y de las organizaciones que puntualmente lo promovieron.

Es uno de los resultados de una larga lucha caracterizada por la consecuencia y la perseverencia; una lucha construida desde definiciones teóricas y filosoficas contudentes que hoy día pueden parecer cuasi normales pero que en su momento (no casualmente los indultos se dictaron en el fatídico año de 1989, en las vísperas de la larga década de los 90) eran objeto de burlas e ironías como las que se proporcionan a los desvariados y los que no pueden reconocer la realidad en nombre de un posibilismo y un realismo que hoy pretende adueñarse de nuestra lucha para consolidar nuevos mitos posibilistas. Empecemos por el principio, los indultos de Menem fueron la culminación de una estrategia de impunidad iniciada en el momento mismo del acto represivo, y por eso los Falcon sin chapa, y por eso las capuchas, y por eso los centros clandestinos, y por eso la negación de Justicia que realizaban todos los que rechazaban Habeas Corpus, y por eso los desaparecidos, y por eso…… Cuando los milicos comprendieron que el tiempo infinito prometido se acababa aceleradamente después de Malvinas, se autoamnistiaron y procuraron hacer desaparecer la mayor parte de la prueba sobre los desaparecidos. Luego vino Alfonsín con su ficción de justicia (sólo los Jefes y por algunos casos) y su traición desembozada cuando la marea de la lucha popular amenazaba romper los límites acordados con los represores y el Poder real. Es en esa perspectiva de continuidad cívico militar de impunidad: desaparecidos, autoamnistía, Felices Pascuas, Indultos, que se ubican los decretos hoy anulados.

Y otra línea de continuidad: resistencia en los centros de tortura y detención, organización de la lucha por la aparición con vida y la Libertad, los habeas corpus, las solicitadas, las Madres en la Plaza, las marchas contra la impunidad, la negativa a la resignación, la búsqueda de caminos políticos, legislativos y jurídicos con toda creatividad y audacia, entre los que debe destacarse el primer pedido legislativo de anulación de las normas de impunidad impulsado por el diputado comunista Floreal Gorini, conducta que luego mantuvo a nombre de Izquierda Unida la compañera Patricia Walsh, es la que debe considerarse al analizarse el resultado de hoy, incluido por supuesto el Diciembre Popular de 2001 y el descalabro en que entró el ideario neoliberal y su sistema de dominación que provocó en su rearticulación una nueva composición de la Corte Suprema y un cambio notorio en el lenguaje y la doctrina jurídica aceptada como “normal” que sostiene la anulación: no hay razón jurídica alguna que justifique la violación de los Pactos y los Tratados Internacionales que condenan los crímenes de lesa humanidad cuyo castigo deberá privilegiarse por encima de otros valores. Celebramos el fallo, celebramos la lógica que se aplica y “sólo” pedimos que se aplique rigurosamente y de una manera universal, para todos los genocidas, para todas las violaciones de los derechos humanos. Con una audacia intelectual que bien podría utilizar para reformar las FF.AA. la ministra Nilda Garré ha afirmado que con este acto se terminó con el último resquicio de la impunidad en la Argentina; por su parte una caterva de dolidos derechistas que van de Menem hasta López Murphy claman por la seguridad jurídica amenazada por la modificación de una anterior proclama de la Corte legitimando los indultos. Entre estas dos posiciones deberemos construir nuestro discurso y nuestra práctica de lucha contra todas las formas vigentes de la impunidad (el 99% de los genocidas libres, como para comenzar; el hambre de los chicos en el país de las vacas, como para bajar a tierra los discursos) afirmados en una convicción que surge de esta larga batalla ganada: no hay política más exitosa que la de la ética y la coherencia, si la mantenemos con dignidad y humildad por el tiempo necesario, si sabemos juntar tras un objetivo a todo lo que se puede unir en pro de una lucha.

Se podrá decir, en disenso con mis enfoques, que sólo se trata de un represor que ni siquiera estaba condenado y al cual dificilmente se lo encierre alguna vez en cárcel común; puede ser pero es que no estamos hablando de Riveros, ni siquiera de Videla y los otros. Estamos hablando de símbolos y de gestos. Del valor que tiene para las grandes masas el Derecho (que crea verdad con sus fallos, dice Foucault) y así lo perciben los revolucionarios de América que han celebrado el fallo como victoria propia y así lo lamenta la derecha de todo pelaje que sabe que una victoria prepara la siguiente, aunque entre una y otra pasen años y años. Es que ellos, por mero ejemplo, conocen bien a una de las personas que pidió la anulación del Indulto, ellos saben bien que no pudieron quebrar a Iris Avellaneda ni con la tortura de su hijo, que debieron soportar su testimonio en el Juicio a la Junta y la vieron caminar por más de treinta años junto a Floreal y todos los otros. Ellos saben que gente como Iris no se sentarán a leer el fallo al lado del camino, sino que seguirán hasta el final. Hasta que vayan todos presos y el sueño de los nuestros se haga tan real.

 

 

Democratizar la democracia para derrotar la impunidad y las derechas


Operativo Centinela, más y mejores policías, volver a imputar a los 14 años como hacía la dictadura, discutir sobre cómo controlar y/o reprimir a los que pretenden acceder a derechos sociales en vez de cumplir las leyes, los Pactos de derechos humanos y la Constitución Nacional que los prometen y supuestamente garantizan el acceso de todos los derechos para todos….

¿Y cuando discutimos sobre
la democracia en la Argentina?

 

Todo pasa: glorias, muertes,
desolaciones, tiranos,…
…hazañas, cruces, banderas,
maquinarias, tradiciones,
gritos, puños, sables, fechas,
ruegos, himnos…¡Todo pasa!
Todo pasa, el pueblo queda.
Alvaro Yunque

Las derechas (que hay muchas, que no son todas iguales, que están fuera y dentro del gobierno, que actúan desde los medios pero también desde la Academia y la Justicia y algo más) están librando una batalla decisiva en la disputa por el sentido común y con ello, creándose bases sólidas para su larga marcha en procura de revertir lo que no le gusta del proceso, abierto en el 2001 gracias a la sublevación popular que expulsó al gobierno progresista de la Alianza entre los radicales y el Frente Grande, que creó condiciones para el ciclo de gobierno de los Kirchner (2003 en adelante).
Están logrando reinstalar su discurso sobre la “seguridad” por encima del de los derechos humanos, su reclamo de “seguridad jurídica y calidad institucional” por encima de la cuestión de la autodeterminación nacional y la soberanía de los pueblos, su idea de la democracia minimalista, puramente formal reducida a un procedimiento de elección de administradores del capitalismo inmutable, por encima de la idea del poder popular, la democracia verdadera y cotidiana que penetre en las fábricas y los cuarteles, las escuelas y los hospitales hasta llegar a ser aquello de gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo que soñaba Abraham Lincoln en el siglo XIX.

La crisis del 2001 golpeó severamente las ideas principales de las derechas de los 90, construidas sobre los escombros del país devastado por el Terrorismo de Estado y la claudicación ética y filosófica de una camada de intelectuales que mutaron del compromiso social de los setenta por el desencanto con la revolución primero y la subordinación al pensamiento único, después.  Si alguien piensa en Beatriz Sarlo o en José Nun, piensa bien, seguramente por conocimiento de lo que escribieron en uno y otro periodo nacional.
El estallido del sistema financiero bancario, el desmoronamiento del producto bruto interno, la virtual desaparición de la moneda por meses y la consiguiente aparición de cuasi monedas retruchas (Patacón, Federal, etc.), la pérdida para millones del empleo fijo, la atención sanitaria y alguna forma de seguridad social, para nombrar solo algunos de los hechos de entonces, demolió el prestigio del Consenso de Washington impuesto por Menem pero convalidado por Chacho Alvarez y el progresismo cuando proclamó su amor por el neoliberalismo y su arrepentimiento por no haber apoyado antes la convertibilidad del uno a uno entre el peso y el dólar.
Con el derrumbe del prestigio de las ideas privatizadoras, “flexibilizadoras” del trabajo y desreguladoras de la economía por medio del Estado, también se afectaron los clichés sobre la democracia liberal basada en la transferencia de la soberanía popular a los “representantes” y el monopolio de la representación en los partidos políticos tradicionales con “capacidad de gestión” (el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, art. 22 de la C.N.).
Por algunos meses se discutió sobre la democracia en la Argentina como pocas veces en su historia. Porque no solo estuvo el “váyanse todos”, también se debatió sobre la autogestión y se ensayaron formas autónomas de organización para sobrevivir en medio de aquella verdadera catástrofe social.  Asambleas Populares, movimientos piquieteros, colectivos de trabajadores y otros  disputaron  al Estado diversas funciones y arrancar concesiones inimaginables poco antes como las Empresas recuperadas auto gestionadas por sus trabajadores, créditos para cooperativas de viviendas auto construidas por los trabajadores o la creación de instituciones educativas populares reconocidas por el sistema educativo formal se incorporaron a una experiencia histórica de democracia popular que nunca es en vano.

A veces se olvida que ese fermento es el que explica la anulación de las Leyes de Impunidad y la reanudación de los Juicios contra los Genocidas (interrumpido por Alfonsín en 1985) que avanzaron a pesar de todas las trabas que le puso “la Justicia” y la pasividad, a veces complaciente, de los otros poderes estatales incluyendo el Parlamento y el Gobierno Nacional que no aceptaron elaborar una estrategia unificada que impidiera la impunidad biológica (los últimos “grandes” que murieron así fueron Massera y Nicolaides, pero otros murieron impunes como el Coronel Juan Rolón, uno de los Jefes de la represión en la provincia de Santa Fe; sólo uno de los más de doscientos represores que lograron morir sin condena, técnicamente inocentes, tal como lo logró el mismo Pinochet en Chile) y mucho menos, ir por el Poder Real que impulsó, respaldo y se benefició del Genocidio tal como pide la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el caso Papel Prensa o la Liga Argentina por los Derechos del Hombre en el caso Acindar/Martínez de Hoz.
Y los juicios golpearon fuerte la legitimidad social de algunos de los que habían mandado en la Argentina: los militares y los políticos que los acompañaron de un modo visible y en funciones de gobierno.

El bloque de poder se dividió fuertemente con la crisis del 2001.
Hubo un tiempo (¿entre diciembre de 2001 y mayo de 2003?) en que no podía definirse un grupo hegemónico en el bloque de poder; lo que no fue aprovechado por el movimiento popular por sus históricas divisiones, disputas de capilla, crisis de percepción de la oportunidad que devino en crisis de alternativa popular sin más.
Pero toda oportunidad pasa si no se aprovecha.
Y más que todo en política.
En el bloque de poder se diferenciaron dos grupos muy diferenciados.
Uno, al que luego conoceríamos como Kirchnerismo, emprendió un camino heterodoxo para sacar el país de la crisis económica y recuperar los atributos de poder que hacen a la “gobernabilidad” de un país, que no es otra cosa que la credibilidad popular no solo en el gobierno sino en los bancos, la Justicia, la Policía, los rectores universitarios y hasta los jueces deportivos. El otro, al que algunos denominan “la derecha”, se retrajo temporalmente para emerger, prepotente y voraz  durante la crisis por la 125 y no deja de recomponer fuerzas para forzar un nuevo ciclo neoliberal y represor, más feroz que el del 90.
¿Fue para recuperar la gobernabilidad que los Kirchner se apartaron más y más de la herencia menemista y el camino trazado por Duhalde (su gran elector) o fue que apostaron a la gobernabilidad para emprender un nuevo proyecto desarrollista, peronista o neo keynesiano?
Eso lo dejo a elección del lector, porque a los efectos de mi reflexión tiene poca importancia.
Al discurso crítico del credo neoliberal, los Kirchner sumaron una valoración de la generación de los setenta como no había habido hasta entonces en ningún gobierno desde el 83, y la promesa de no reprimir la protesta social, a la cual se la reconocía como justa y necesaria.
Las derechas avalaron primero ese rumbo y hasta consintieron ese discurso, pensando –seguramente- que era el precio por la recuperación del ciclo de negocios capitalistas pero llegó un punto (¿el intento de compartir las mega ganancias sojeras con la 125?) en que se separaron radicalmente de los K y dieron paso a una confrontación casi irracional con un gobierno que no ha dejado de sostener el capitalismo como horizonte aunque apueste a la integración latinoamericana, respete la autodeterminación de los pueblos y todo lo que todos saben de respaldo a la lucha por la memoria y los juicios, la ampliación de la ciudadanía para los inmigrantes y los que no practican la sexualidad al modo que exige la Iglesia así como aquellas medidas como la Asignación Universal y la recuperación de algunas empresas privatizadas (y el listado es solo indicativo y no enumerativo que no es el objetivo del trabajo) que venían siendo reclamadas por el movimiento popular.
Para sorpresa de muchos, en las escaramuzas callejeras por la 125, se puso de manifiesto una solida cultura de derecha, con no pocos elementos fascistas, instalada en vastos sectores populares, incluidos capas medias bajas y sectores humildes: elitismo, clasismo, sexismo, racismo, odio a los pobres, repudio a los luchadores por los derechos humanos y hasta tímidas reivindicaciones de la dictadura emergieron de golpe para quedarse en el horizonte de las luchas sociales, como acabamos de comprobar en la secuencia de asesinatos políticos que van de Mariano Ferreyra al Parque Indoamericano pasando por la Colonia Primavera de los qom en Formosa.

¿De donde viene esta derecha y cómo llegó hasta aquí?
Empecemos por decir que derecha hubo siempre en la Argentina, y que la mayor parte de la historia nacional tuvo capacidad de dirección en el bloque de Poder, aunque no siempre logró construir una hegemonía cultural en el conjunto de la sociedad.
Para que se entienda, desde Roca en adelante los dueños de la tierra y del negocio agrario pampeano, los comerciantes e industriales de Buenos Aires y de las grandes urbes como Rosario, Córdoba, Mendoza, etc. y los grupos económicos extranjeros –primero ingleses y luego norteamericanos- asociados a éstos en situación dominante, se las arreglaron para modelar sistemas de dominación que garantizaran la reproducción ampliada del capital (con la cuota de súper ganancia agraria, industrial y financiera) y la continuidad del sistema capitalista.
Claro que con una peculiaridad, es acaso la vez primera que  la derecha hace su apuesta principal a constituirse en una fuerza política de masas, con discurso explícito y referentes sociales, haciendo eje de su acccionar más a los comunicadores sociales que a los políticos y militares que por más de cien años ejecutaron sus planes
Recordemos que los militares tomaron el gobierno en 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976 mediante Golpes de Estado cívico militares, sin contar los conatos de los 60 y otras “delicias” castrenses como la Semana Santa del 87.
Y  que cuándo había gobiernos electos por mecanismos constitucionales garantizaban su continuidad como Poder a través de los jefes políticos de los partidos políticos de raigambre popular  como el radicalismo y el peronismo, pero que siempre tuvieron hegemonías que terminaban concediendo o claudicando frente al chantaje militar (recordemos la negativa del entonces Coronel Perón a resistir el golpe del 55 a pesar de contar con una amplia mayoría social y aún militar o el abandono de la Unión Cívica Radical del Dr. Humberto Illia a la más rigurosa soledad política).
Si la alternancia entre gobiernos civiles y militares, explica la continuidad del sistema capitalista en casi todo el siglo XX, la alternancia entre radicales y peronistas, explica la dominación capitalista en el ciclo abierto en 1983.
La crisis del 2001 los alarmó porque luego del agotamiento de la opción militar por la Dictadura y la Guerra de Malvinas, le llegaba el turno al sistema político formateado por Menem y el neoliberalismo.

A veces se descuida que aquellos militares y políticos construyeron niveles de consenso social que actuaba en su apoyo, contrariando el mito de que la Argentina fue siempre “un país progresista, de capas medias blancas y cultas”.  Por el contrario, hubo una masa social reaccionaria que apoyó el golpe de 1976, como hubo una masa social enorme que le permitió a Menem ser electo y reelecto y aún ganar en primera vuelta las elecciones de 2003 en las que finalmente fuera electo presidente Kirchner en la segunda vuelta (cierto que no todos los que votaron a Menem son de esa masa social, siempre hay confundidos y muchos).
Esa masa social reaccionaria es la que ha estado inhibida desde el 2001 en adelante, y parece que ha decidido recuperar la palabra, y vaya si lo está haciendo!
Si la inhibición tuvo que ver con la catástrofe social provocada por el neoliberalismo, con la crisis de representatividad y la fisura en la dominación cultural que surgieron del Diciembre Popular de 2001, pareciera que la desinhibición tiene que ver con la gran ofensiva cultural imperial en respuesta a los pasos de autonomía dados por algunos gobiernos de Latinoamérica y con los procesos de cambio antiimperialistas que avanzan en la región, por un lado, y con el deterioro de la hegemonía al interior del bloque de Poder que ha sufrido el kirchnerismo producto en parte de sus “éxitos” en la recuperación de la gobernabilidad y el ciclo de negocios (fue el pánico a la catástrofe económica social lo que facilitó la opción por el kirchnerismo por parte de amplios sectores burgueses y de capas medias altas; es la tranquilidad que da la recuperación del ciclo de negocios capitalistas lo que facilita su alejamiento) y en parte como reacción frente algunas opciones tomadas por el kirchnerismo para abrirse paso: la apuesta a la integración latinoamericana, la construcción de hegemonía política desde el discurso de memoria, ciertos moderados límites al automatismo del mercado, etc.
Y no debieran desestimarse factores culturales de largo aliento como el odio a todo lo que el peronismo siempre representó como amenaza (más que como realidad): Evita, Cámpora, Atilio López, la Jotape y los Montoneros.
Claro que en esta desinhibición derechista de masas, también convendría anotar el efecto inverso de la maniobra del Tero.  Así como al tero le resulta efectivo poner el huevo en un lado y echar el grito en otro, porque confunde a sus enemigos, el hacer lo mismo en política causa otro efecto, muy paradójico.
La falta de coherencia entre un discurso de memoria y de promesas distribucionistas, con las políticas y las acciones reales, produce un efecto movilizador en la derecha (que se siente amenazada) y un efecto desmovilizador y desorganizador en el campo de lo popular (que está dividido entre sectores que ven frustradas sus ilusiones de cambio y en el “enojo” no perciben las reales intenciones de la “oposición sistemática” (como en el conflicto por la 125 o la votación por “super poderes”) y otros sectores que si bien ven estas maniobras desestabilizadoras se sienten compelido a “defender el gobierno de las derechas  por encima de todo”, abandonando su función reivindicatoria y limando su legitimidad social).
Sin subestimar otros enfoques proponemos incorporar éste, de desinhibición de la derecha e inhibición de lo popular, como una perspectiva que debiera sumarse al análisis del por qué “reapareció” la derecha en la escena publica con apoyo de masas, al menos desde una perspectiva de lucha por los derechos humanos.

La defensa del accionar represivo había casi desaparecido en los primeros años del siglo: junto con el gobierno de la Alianza, cesaron los discursos defensores de la teoría de los dos demonios (funcional y previa a la plena reivindicación de los genocidas) por lo que conviene prestar atención al modo en que se recompuso el discurso que hoy estalla en una avalancha de reclamos contra “los de los derechos humanos”
En el discurso hegemónico, primero se instaló la cuestión de la “inseguridad” para referirse al crecimiento de los robos, arrebatos y asesinatos sin ton ni son; luego la relacionaron con el supuesto “garantismo” excesivo del sistema judicial argentino, adjudicando tal deformación monstruosa a los “derechos humanos” (para decirlo en el lenguaje brutal de algunos actos públicos, como el de Palermo contra las retenciones agrarias o el de San Isidro por la “seguridad”) e imponer las reformas del Código Penal que exigía Blumberg, y la legitimación del “gatillo fácil” con el nombre de “mano dura” o “tolerancia cero”.
Hay, en el reclamo de “mano dura”, “baja de la edad de imputabilidad de los menores”, “mayor presencia de fuerzas represivas en las villas y las calles para recuperar el orden perdido” una relación implícita entre un modo de leer la sociedad argentina y la historia reciente, entre la mirada neoliberal de considerar “perdedores” y “fracasados” a los excluidos del sistema, culpables de su situación y culpables de ser reprimidos si se rebelan contra ella y la estigmatación de los luchadores sociales de hoy y de ayer que lleva al reclamo de Susana Giménez, hablando en nombre de sus millones de seguidores y seguidoras, de “basta de derechos humanos”!.
Acaso, fue el proverbial Mariano Grondona quién sentó las bases conceptuales para la ofensiva derechista con su teoría de “la falta de equilibrio al juzgar a los represores y no a los militantes populares”, como si no supiera  que los militantes populares fueron asesinados, torturados, desaparecidos, encarcelados, echados de sus trabajos y discriminados ideológicamente por décadas mientras los represores gozaban hasta ahora de una impunidad estatal contra todo derecho.
Es este discurso de “inequivalencia”, “espíritu de venganza”, “ilegitimidad de los juicios”, que repiten machaconamente los represores cada vez que hablan en un juicio, y los propios defensores de oficio que reciben ordenes del Ministerio Público de Defensa, con lo cual se consuma la esquizofrenia total: el Estado por medio de la Procuración General y la Secretaría de Derechos Humanos, actúa como acusador de los genocidas y el mismo Estado, por medio de este Ministerio Público, defiende los represores con un discurso fascista.
Esa misma contradicción comienza a apoderarse del discurso presidencial que un día habla del derecho a la identidad política de la izquierda (la mención de la remera del Che que acompañó el velatorio de su esposo Néstor) y al otro reclama que nunca más se vea un encapuchado en las calles; clama contra los grupos que quieren desestabilizarla para luego equiparar la patota sindical de Pedraza con la izquierda que impulsa el reclamo de los tercerizados, designa a Nilda Garré en Seguridad reivindicando la idea de no reprimir mientras firma un acuerdo con Macri que incluye la clausula de “quien ocupe un terreno o casa será excluido de toda ayuda social o plan de vivienda”.
En un mismo discurso afirmó dos ideas antagónicas: dijo que “discutir si 14 o 16 es desviar el problema” y  que “si hemos hecho una reducción de 21 a 18 años para adquirir la mayoría de edad, hacer una reducción de 16 a 14 (en la imputabilidad) parece lógico”.
¿En qué quedamos?  Por de pronto, el proyecto votado por la Cámara de Senadores y frenado en la de Diputados, que el oficialismo reclama aprobar urgente, incluye taxativamente la baja de la edad de imputabilidad, cierto que con otros recaudos que molestan a la derecha que quisiera no solo la “baja de la edad” sino permiso para matar sistemáticamente la infancia pobre, o esclavizarla a la vista de todos como es costumbre de las multinacionales en buena parte del Tercer Mundo.

El discurso del gobierno sobre los derechos humanos está en problemas y debe decidir su posición: ¿O hay un problema de vivienda no resuelto en la zona sur de la ciudad autónoma de Buenos Aires y la Villa Soldatti en particular o hay un accionar de los grupos provocadores?.
¿O hay un reclamo justo de los trabajadores tercerizados que un día desemboca en el asesinato de Mariano Ferreyra y otro en la batahola de fin de año en Constitución o estamos ante una acción desestabilizadora fruto del acuerdo Duhalde/Altamira?
Acciones de provocación por parte de los Servicios de Inteligencia y errores de la izquierda en el cálculo de la correlación de fuerzas o en la evaluación del enemigo principal contra quien concentrar fuerzas ha habido siempre en la historia del movimiento popular, desde los reclamos obreros en San Petersburgo al Zar, que desembocaron en la llamada Revolución de 1905 en Rusia, que comenzaron por una marcha organizada por una organización sindical creada por la Policía Secreta  Rusa, la famosa Oxrana, y un agente llamado Gapón, que era cura de la Iglesia Ortodoxa, hasta el copamiento de la Tablada por parte del Movimiento Todos por la Patria en la Argentina de 1989.
La cuestión es separar lo principal de lo accesorio y la tradición cultural a la que adscribo siempre estuvo del lado de los que reclaman y luchan, más allá del modo de expresar su reclamo o de sus tácticas de lucha; en eso nos hemos inspirado en el mismo Carlos Marx que consideraba un error lanzar la revolución social en el París de 1871, pero que una vez comenzada, no dudo un instante de apoyarla sin límites ni condiciones; ni dejar de hacer todo lo posible para su triunfo.
O asumimos que la década del 90 victimizó a los pobres y entre ellos a los niños  y tenemos una conducta de reparación con la infancia pobre o aceptamos la lógica represora que nos lleva a la baja de la edad de  imputabilidad.
No hay ni habrá, en esto, ni Tercera Posición ni Tercera Vía.
Del lado de la infancia o de sus victimizadores.

Sinceramente creemos que el gobierno ha llegado a un punto de definición muy claro: o se democratiza la sociedad, incluyendo y comenzando por la democratización de la distribución de la riqueza que implica afectar el poder de los grandes grupos económicos que se beneficiaron del Genocidio y el Menemismo, como el grupo Clarín, pero también de los que se quedaron con Y.P.F., los Ferrocarriles, la energía eléctrica, la minería o las comunicaciones, incluyendo a los mismos grupos que se beneficiaron de la obra pública y todo tipo de favores oficiales como el grupo de Cristóbal López  que se apoderó del juego, terminales de ómnibus y hasta Paraná Metal en Villa Constitución, o se pierde toda expectativa de cambio verdadero, dependiendo su suerte de la capacidad de darle “gobernabilidad” al capitalismo real (no el prometido “humanizado”, “nacional” o “productivo”).
Y no es que pidamos “peras al olmo”, sino que se desarrollen hasta el final algunos aspectos del discurso oficial con el cual podría construirse un programa de democratización de la sociedad, o al menos su comienzo.
A modo de ejercicio, y sin pretender agotar el tema, presentaremos cuatro propuetas desde esta lógica como muestra de que la cuestión radica en la voluntad política (ausente) del gobierno, y por ende, tarea del movimiento popular que deberá construir su programa de exigencias democráticas desde el debate de las experiencias de lucha de esta decada contra el neoliberalismo, la impunidad y el achicamiento de los espacios democráticos

Primer Propuesta de democratización de la Democracia.
Con la misma lógica con que se fundamentó la querella contra Papel Prensa, es decir, la ilegitimidad de todo acto surgido de un poder ilegitimo, debería fundamentarse la ilegitimidad de todo acto dictatorial, contrariando la lógica liberal de la Corte Suprema de 1930 que avaló el Golpe de Estado del seis de setiembre de aquel año  dando pie a un largo ciclo de golpes de Estado que se aprovecharon de la llamada “continuidad jurídica”: la aceptación por parte de los gobiernos constitucionales de los actos de gobierno de los dictatoriales.
Declarar ilegal e ilegitima la obra de la dictadura nos llevaría a un verdadero proceso de reivindicación de la generación de los 70, al afectar seriamente el modelo de país fundado sobre su sangre  y su sacrificio.
¿No es coherente este planteo con el conocido y valorado planteo de memoria de los Kirchner?
Y así, deberían anularse no solo las maniobras que permitieron al grupo Clarín apoderarse de Papel Prensa y la Ley de Comunicaciones correspondiente (como se hizo con la ley de comunicaciones que la derecha resiste desde el Poder Judicial), sino también la Deuda Externa y sus consecuencias, el sistema financiero surgido por imperio de ley dictatorial, y las reformas al sistema de derechos laborales que primero se recuperó parcialmente y luego, con el Menemismo, se pulverizó de tal modo que hoy parece “natural” que los niños trabajen, haya esclavos en los talleres textiles clandestinos y los establecimientos agrarios o que cerca de la mitad de la población sobreviva con changas mal pagas o en empleos precarizados sin encuadre legal alguno.
Con la misma lógica con que se denosta al menemismo, la década de los noventa, el neoliberalismo y los organismos internacionales de crédito, debería revertirse toda la reforma del Estado que se impuso bajo el imperio del Consenso de Washington y que todavía sigue vivita y coleando.
¿Por qué aceptar la continuidad de la obra administrativa de la dictadura y el menemismo?
La anulación de las leyes de impunidad, mostró que los cambios impuestos por leyes, se pueden revertir con nuevas leyes y que es posible recuperar el patrimonio nacional entregado a precio vil por la dictadura y el menemismo: petrolero, gas, acero, comunicaciones, transporte terrestre, ferroviario, aereo y fluvial al servicio de un proyecto nacional pareciera ser la continuidad lógica de lo mejor de la obra del primer gobierno peronista y del Plan Gelbard/Perón del 73´, más ahora que ese camino lo recorren numerosos países de América Latina.
¿Si se recuperó el control de las Privatizadas de la Jubilación, del Correo y de Aerolíneas, -acaso porque porque estaban al borde del colapso económico y financiero-, por qué no ir por YPF, las empresas del gas y la producción de energía eléctrica, las telefónicas, las ferroviarias, la flota fluvial y tutti cuanti nos robaron, incluyendo la deuda externa que ya pagamos más de una vez ?.
Si se reanudaron los juicios por delitos de “lesa humanidad”, aduciendo que dichos delitos son imprescriptibles y que la acción estatal que garantizó impunidad para los represores no puede ser invocada en beneficio de los que gozaron dicha impunidad, ¿por qué no cumplir de una vez por todas con el fallo Ballesteros que ordenaba al Parlamento investigar la Deuda Externa para determinar su parte ilegitima, entre la que se encuentra la deuda contraída por Acindar, con avales del Estado, que luego Cavallo transformó en deuda pública en 1981, Alfonsín respaldó dicha medida en 1984 y todavía hoy se sigue pagando cuando se negocia con el Club de París a pesar de su origen ilegal e ilegitimo; que nadie está obligado a pagar la deuda de un ladrón que nos invade y asume compromisos en nuestro nombre mientras nos tiene maniatados y bajo amenaza de tortura.

Segunda Propuesta de democratización de la Democracia.
Muchos coinciden en que hay que democratizar las fuerzas de seguridad y “meter mano” a la Federal, la Bonaerense y demás; pues bien proponemos tomar un pensamiento central de Evita “donde hay una necesidad, hay un derecho” como eje de la reorganización de las fuerzas de seguridad dado que en primer lugar la función del Estado y del gobierno es garantizar el acceso de la ciudadanía al conjunto de derechos humanos, por lo que es contrario a todo sentido democrático discutir cómo reprimir las luchas sociales: con más o menos control civil (como si los civiles no fueran tan o más fascistas que los uniformados), con balas de goma o de guerra, con la Gendarmería o la Federal.
Lo primero es dejar de reprimir al pueblo.
Impedir que la secuencia Mariano Ferreyra, los López de la Colonia Primavera en Formosa y los muertos del Parque Indoamericano en Villa Soldatti se transforme en un espiral de violencia institucional que arrase con todos y con todo. Conducir las fuerzas de seguridad para impedir que vuelvan a matar al pueblo es la primer tarea democrática que el gobierno debe garantizar más allá de toda razón de estado, política, electoral o ideológica.
Lo segundo es abandonar la lógica represora que llevó a subordinar el kirchnerismo a los planteos de Blumberg ayer y que hoy los lleva a algunos de ellos, Scioli en primer lugar pero no solo,  a asumir la bandera de la extrema derecha de criminalizar la infancia, como ayer los llevó a asumire el proyecto norteameriano de una Ley Antiterrorista (ley 26268 de 2007, a propuesta de Nestor Kirchner creó la figura penal de asociación ílicita terrorista y amplía facultades de la UIF que linkea con la lista antiterrista del gobierno de los EE.UU. para controlar transacciones financieras de entidades argentinas, ver http://200.123.148.177:8080/lut/Vista/List-of-terrorist.aspx)  hecha a imagen y semejanza del Acta Patriotica de los yankees del 2001.
Hace falta una reforma integral del Código Penal que lo limpie de las incrustraciones fascistas de la dictadura, el menemismo y las reformas Blumberg, y hay un proyecto para ello, pedido en su momento por el mismo gobierno a un grupo de expertos encabezados por el Doctor Baigun, y abandonado a su suerte ante el primer grito de Clarín de la derecha en el 2006 (leer en http://www.nuestrapropuesta.org.ar/Numerosanteriores/785/PAG11A.htm).
Lo tercero es cumplir, rigurosamente, con las recomendaciones del informe de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en la Argentina del año 2010 que contienen un vasto listado de recomendaciones que van desde las imprescindibles medidas para terminar con el gatillo fácil, la tortura en sede policial y las condiciones infra humanas de nuestras cárceles hasta la exigencia de garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y la maternidad terminando con el aborto clandestino para las pobres.
En sus recomendaciones y pedidos, la Comisión de DDHH de la ONU plantea las siguientes cuestiones:

  • que hay notables diferencias territoriales en el respeto a los ddhh
  • que se debe garantizar el juicio efectivo a los terroristas de Estado
  • que se debe reglamentar y crear condiciones para que se cumpla ley de prevención y sanción de la violencia familiar
  • que se debe sancionar una ley que asegure el derecho de las mujeres a evitar embarazos no deseados
  • que se debe limitar las facultades policiales que permiten detenciones arbitrarias
  • que se debe limitar la cantidad de personas en prisión preventiva (el 60% de la población penal en Buenos Aires)
  • que se garanticen las condiciones mínimas para que las cárceles no sean inhumanas
  • que se adopten medidas efectivas para detener la tortura en sede policial, su juzgamiento, la creación de un organismo de auditoria del tema y medidas educativas para frenar el fenómeno
  • que se investigue en forma la desaparición forzada de Julio López, cuya gravedad se insiste
  • que se reconozca a la CTA y se garantice la democracia sindical para todos
  • que el encierro de los menores sea el último recurso y se sancione un Código Juvenil que garantice sus derechos, no que lo victimice
  • que se respeten los derechos de los pueblos originarios, especialmente en cuanto a sus valores culturales y la propiedad comunitaria de la tierra; que cesen los desalojos

Sólo cumpliendo estos tres pasos de emergencia democrática, podrían crearse condiciones para un debate social en forma sobre el modo de terminar con la “maldita policía” y el modo de combatir el delito organizado por las mafias locales e internacionales que cuentan hasta hoy con el respaldo de las propias fuerzas de seguridad que se supone deben controlarlas, por lo que, sin una mínima democratización y conducción política de ellas, todo debate sobre las cuestiones llamadas de “seguridad” es inútil y sólo trae más inseguridad al pueblo por la vía de la restricción de los espacios democráticos.

Tercer propuesta de democratización de democratización de la Democracia
Desde la muerte de Néstor Kirchner se ha hablado insistentemente de la revalorización de la política y la militancia.  Coincidimos con la valoración y de hecho toda nuestra labor reivindicatoria de la memoria, en los juicios y fuera de ellos, apunta a recuperar un sentido de la vida que está en la militancia, en el darse sin pedir nada a cambio, a combatir la lógica mercantil que se abrió paso a través de la picana y los subsidios a los intelectuales.
En los noventa se contrapuso militancia con administración, lucha popular con acción mediatica, reclamo con gestión, asamblea popular con el saber burocrático y tecnocrático, la democracia de base con la delegativa.
Por ello, creemos necesario volver a aquella tradición de crítica a la democracia liberal por “delegativa” (el ya citado articulo 22 de la Constitución Nacional) que caracterizó a lo mejor del pensamiento nacionalista y popular, liberal democrático consecuente, marxista y socialista de diversas corrientes asumiendo los contemporaneos enfoques latinoamericanos, herederos de la mejor tradición comunitaria de los pueblos originarios y marchar hacia formas de democracia directa en todos los espacios de la vida económica, social, cultural y todas las empresas públicas?.
Proponemos abandonar la dimensión estatal como paradigma único e indiscutible de la gestión para asumir una dimensión de lo publico que eleve el protagonismo popular a los niveles de decisión en los tiempos de la vida cotidiana.
Y vale una pregunta que puede ser retorica para algunos e inocente para otros, pero que considero pertinente: ¿Por qué todos los que apoyan al gobierno por las mismas cosas que nosotros, aunque a veces no lo critican por lo que nosotros lo criticamos; por qué todos los que admiran la Reforma Constitucional de Venezuela y Bolivia o la investigación estatal sobre la deuda externa de Ecuador, no proponen lo mismo para la Argentina?.
¿Donde está la especificidad insuperable del proceso argentino que nos obliga a vivir bajo el formato de país diseñado por el Terrorismo de Estado y ejecutado por el Menemismo?
Si la Reforma Constitucional de 1994 es, de hecho, más allá del status que le asigne a los pactos sobre derechos humanos, la cristalización de los cambios que la dictadura impuso a sangre y fuego y que Menem desplegó hasta el absurdo del converso; ¿por qué no una Reforma Constitucional para revertir aquellos paradigmas y el dogma neoliberal de una sola forma de existencia de la democracia, la delegativa llamada “representativa” y abrir paso a un sistema de consultas populares vinculantes para los problemas principales de la política y la creación en todo lo que hoy es espacio estatal de mecanismos de decisión popular por medio de la creación de directorios con representación estatal y popular, al modo que la Reforma Universitaria de 1918 imaginó el gobierno de la educación superior?

Cuarta propuesta de democratización de democratización de la Democracia
Y una última propuesta, para abrir el debate sobre un programa posible de democratización radical de la Argentina, volvamos ya a la distribución de la renta nacional del cincuenta por ciento para los asalariados y el cincuenta por ciento para los empresarios.
Así solo sea en homenaje a Cámpora y a Perón, a los que lucharon desde el cincuenta y cinco hasta el 75 por conquistarlo y que fueron reprimidos por seguir luchando para seguir cambiando la matriz distributiva del ingreso.
Pero empezemos ya por el fifty fifty como dicen algunos estudiosos.
Cincuenta por ciento de la renta nacional para los trabajadores, que son como diez millones y cincuenta por ciento de la renta nacional para los empresarios, que son algunos “menos”.  Eso no sería el socialismo ni mucho menos, pero democratizaría bastante la sociedad.
Con plata en el bolsillo, los trabajadores organizados podrían aprovechar las posibilidades que abre la nueva Ley de Comunicaciones para construir sus propios medios de comunicación.  Con dinero en casa, muchos podrían acceder a la televisión digital e internet por banda ancha para adquirir la ciudadanía tecnológica del nuevo siglo, así como con las jubilaciones, el aguinaldo y los convenios colectivos de los cincuenta y sesenta nuestros padres accedieron al teléfono, el cine, las vacaciones en Mar del Plata y las sierras de Córdoba,  las heladeras y las radios.
Sin democratizar la distribución de la riqueza todo debate sobre la democracia es estéril, formal y hasta hipocritica; seguramente por eso que en este país se habla de tantas cosas menos de la democracia.
No hace tanto que Fidel Castro fundamentaba que nadie puede defender lo que no tiene; por eso nosotros preferimos definirnos como luchadores por los derechos humanos y no como defensores de los derechos humanos; parece una cuestión semántica pero es una cuestión política.
El progresismo, y cada vez menos, a lo máximo que puede llegar es a convocar a “defender” la democracia, nunca a conquistar la verdadera y desarrollarla hasta su transformación en el imperio de los derechos humanos, todos para todos.
Y a doscientos años del Mayo independentista, frustrado y traicionado tantas veces, es hora de conquistar la verdadera democracia, esa que será parte indisoluble de la verdadera independencia, de la Segunda y Definitiva Independencia de nuestros pueblos que para ser deberá volver a pensarse como una batalla en toda nuestra América contra la dominación imperial yankee y sus aliados nativos tal como la pensaron los héroes de Mayo y aquel rosarino, boliviano, cubano y americano que nos convoca desde su ejemplo a luchar por la Segunda y Definitiva Independencia porque esa gran humanidad ha dicho basta y en su marcha de gigantes ya no se detendrá…
Hoy, como ayer, esta batalla por la Independencia tiene en la bandera de la conquista de la democracia verdadera, una de sus divisas centrales.  Si en los ochenta, los sandinistas provocaban el debate afirmando que quien quiera democracia verdadera deberá luchar contra la dependencia, no viene mal hoy en día afirmar que quien quiera la Segunda y Definitiva Independencia deberá luchar por la Democracia Verdadera, Cotidiana, con Protagonismo popular en la gestión de todas las cosas en todos los terrenos sociales para que los hombres y las mujeres sean los verdaderos protagonistas de la historia y no protagonistas privilegiados de un drama actuado por otros, pero que los afecta de un modo decisivo.

El alegato por genocidio de la Liga contra Patti y otros….fragmentos


INTRODUCCION

Gracias Sra. Presidente:

Conjuntamente venimos a alegar en representación de la Querella Unificada de Organismos de Derechos Humanos, integrada por la Asociación de Ex Detenidos – Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Fundación de Investigación y Defensa Legal Argentina, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, el Comité para la Defensa de la Salud la Etica y los Derechos Humanos (C.O.D.E.S.E.D.H.) y la Asociación Anahí, Organismos estos que integran el Colectivo de Querellantes Justicia Ya

Es el tal carácter que nos va a tocar explicar, y esperamos así lograrlo, las conclusiones a las que hemos arribado, así como también haremos expresa mención de las pruebas en la que se asientan estas conclusiones.

En esta primera parte del alegato haremos una valoración de las pruebas comunes a todos los casos, que nos revelan el modo en que fueron realizados estos hechos y el porque de los mismos.

Obligadamente debemos empezar por decir que el 24 de marzo de 1976 se produjo en la Argentina un golpe de estado encabezado por las tres fuerzas militares, que asimismo contó con la participación protagónica de civiles, que por eso se trata de un golpe de estado cívico militar y  que tuvo como objeto destruir toda forma de organización popular, exterminado, desapareciendo a todos los que se juntaban, organizaban, para así cambiar las condiciones socioculturales de nuestro pueblo y a partir de ahí transformar la estructura socioeconómica de la Argentina para insertarla en el nuevo orden mundial, según lo dispuesto en la Comisión Trilateral por los representantes de EEUU, Europa y Japón. Por eso decimos que en nuestro hubo un genocidio

Durante esa oscura etapa se suprimió la Constitución Nacional, reemplazándosela por el estatuto del Proceso de Reorganización Nacional. Consecuentemente se suprimieron las garantías constitucionales tales como el derecho a la vida, a la libertad personal, el derecho a la seguridad e integridad personal, el derecho de justicia y proceso regular, a reunirse libremente, también es preciso decirlo, se prolongó el Estado de Sitio indefinidamente, y que durante ese Estado de Sitio se produjeron innumerables detenciones y arrestos ilegítimos, ejecuciones sumarias, asesinatos y desapariciones.

Que el llamado Proceso de Reorganización Nacional determinó una escalada represiva sin precedentes en la historia argentina, cuyo saldo en vidas ha sido inmenso y que en términos económico significó también la mayor proceso de concentración de la riqueza que se recuerda.

Que el despliegue del Terrorismo de Estado en el periodo analizado, cuyas acciones comenzaron para mediados de 1973 y se multiplicaron luego de la muerte del General Perón en julio de 1974, no solo causaron un daño indeleble en miles y miles de argentinos que están desaparecidos, perdieron la vida, sufrieron torturas, encierros, violaciones de todo tipo a sus derechos, exilios externos e internos, despidos de sus empleos, pérdida de sus cátedras o de sitios de investigación científica o creación artística; sino que –en su conjunto como Plan Sistemático- el Terrorismo de Estado modeló una Argentina que no ha podido ser desarmada hasta ahora, con nuevas relaciones de Poder Económico, nuevas relaciones de fuerzas entre los sectores sociales y profundas huellas culturales en el sentido común de una sociedad que sigue mostrando aquí o allá las huellas profundas de la tortura y la deshumanización que se vivía en los Centros pero que se “irradiaba” a toda la sociedad.

Antes del 24 de marzo de 1976 ya se habían endurecido todos los sistemas normativos – represivos, entre estos precedentes tenemos las leyes represoras iniciadas en 1902 con la 4144 mal llamada como “Ley de residencia” ley destinada a reprimir a los portadores del socialismo como ideología perturbadora del orden social vigente,  la ley 20.840 “ley antisubversiva”, cuyo precedente es la ley 17.401 de “Represión y sanción del comunismo” Se sanciona lo que se conoce como “delito Ideológico”. Hay que recordar que el andamiaje jurídico de la dictadura comenzó a fundarse bajo el gobierno constitucional con las leyes antisubversivas y antiterroristas, como las que hemos citado.

Se crearon normas que establecían nuevos delitos: delitos de pensamiento en ese sentido Esteban Rigi (Derecho Penal – Parte General. 1º Edición Pag. 140) nos dice: “Una de las manifestación recurrente de violación al principio de impunidad del pensamiento, reiteradamente violado en el derecho argentino en ocasión de experiencias autoritarias, ha sido la consagración del delito de opinión, como sucedió, por ejemplo, con la norma facto que reprimió con pena privativa de la libertad la realización de actividades políticas, previendo expresamente las tareas de difusión ideológica partidaria (art. 1º, ley 21.323)”PROSCRIPCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS).

Se adoptó desde el aspecto jurídico llamar al enemigo interno como delincuente subversivo.-

El concepto de enemigo interno había surgido como consecuencia de la adopción de la Doctrina de Seguridad Nacional, que ese enemigo estaba definido por oposición a los patrones prefijados de “occidental y cristiano”, que por ello abarcaba a una vasta parte de la población del territorio nacional.

Que Militarmente a ese enemigo interno se lo denominó oponente y que las normativas del proceso hacían diferentes clasificaciones de ese oponente como lo establece el Anexo II inteligencia.

Que toda la normativa represiva tenía un objetivo sustancial: el exterminio. Sabido es que cuando se dictan normas tendientes a un exterminio, a un genocidio, esas normas  procuran legitimar su accionar, digámoslo de entrada: no hay genocidio que no cuente con una ficción de juridicidad, lo hizo el Reino de España con el Tratado de Torrecillas, lo hicieron los nazis con sus leyes raciales y lo que se hizo en la argentina con el proceso de estigmatización de los militantes populares como delincuentes subversivos.

Es un comportamiento común en los genocidas, se tratan de legitimar, es una búsqueda de justificación frente a la sociedad para lo que iban a hacer.

Legitimantes para no rendir cuentas, para que no pueda reprochárseles nada. Para no tener límites.

A ese enemigo interno definido de varias maneras, se lo hizo responsable de innumerables males ficticios, tan preconcebidos como el mismo plan represivo.

Estas directivas fueron también las que proporcionaron las pautas de cómo se debía proceder con los sindicados como enemigos.

En tal sentido, como quedó plasmado en la causa 13/84, “los comandantes establecieron secretamente un modo criminal de lucha contra el terrorismo. Se otorgó a los cuadros inferiores de las fuerzas armadas una gran discrecionalidad para privar de libertad a quienes aparecieran, según información de inteligencia, como vinculados a la subversión; se dispuso que se los interrogara bajo tormentos y que se los sometiera a regímenes inhumanos de vida, mientras se los mantenía clandestinamente en cautiverio; se concedió, por fin, una gran libertad para apreciar el destino final de cada víctima, el ingreso al sistema legal (Poder Ejecutivo Nacional o Justicia), la libertad o, simplemente, la eliminación física”.

Los delitos de los que fueron objeto las víctimas dan cuenta de la aplicación del plan sistemático de exterminio.

En esta causa, de ese amplio universo de sujeto victimizado, se investigaron puntualmente los crímenes cometidos contra compañeros de la cultura peronista combativa y de izquierda

Todas las victimas militaban en la Juventud Peronista de Escobar

Desde la causa 13/84 en adelante quedó claro que estábamos ante un plan de sistemático de extermino, esta afirmación nunca fue puesta en duda, ni en aquel momento ni en este.

Esa certeza sobre lo ocurrido nos coloca en una situación positiva con relación a lo que estamos tratando, se sostuvo que la práctica de los Tribunales Internacionales e internos demuestra que la prueba directa ya se documental o testimonial, no es la única que puede legítimamente considerarse para fundar una sentencia y que la prueba induiciaria o presuntiva resulta de especial importancia cuando se trata de denuncia sobre desaparición, ya que esta forma de represión se caracterizaba por procurar la supresión de todo elemento que permita comprobar el secuestro, el paradero y la suerte de las victimas. Sentencia en la causa Avellaneda

Por eso las declaraciones testimoniales en juicios con estas características son la prueba fundamental que permite reconstruir la verdad de los hechos y lo que nos va a permitir el correcto encuadramiento jurídico en la figura de genocidio.

Por eso, tratándose de un plan, tenemos que ponderar dos elementos, primero que fue pensado antes de la efectiva ocurrencia de estos hechos, y segundo que requirió la colaboración en su diseño de varias personas.

La pauta de que fue sistemático nos da la idea de que fue metódico, ordenado, invariable, constante.

Que para cometer tales crímenes se han valido de una organización clandestina diseñada con anterioridad al golpe de estado del 24 de marzo de 1976.

También con anterioridad a esa fecha se estableció la secuencia criminal como parte del plan al que debían ser irremediablemente sometidas las victimas.

Estas aseveraciones, surgen con meridiana claridad del cotejo de las normativas represivas incorporadas por lectura al debate.

1.- El Plan del Ejército (Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional) y sus Anexos.

2.- Documento “Procedimiento Operativo Normal 212/75”

3.- La Orden Parcial 405/76.-

4.- Documentos identificados como: “RC-5-1 Ejército Argentino, Reservado, Operaciones Sicológicas”;  “RC-8-3), Reservado, Operaciones contra la Subversión Urbana”

5.- Directiva del Concejo de Defensa 1/75.- Que también se referían a ese sujeto como “enemigo indigno de esta patria” La Directiva 1/75, así lo dice.

6.- Directiva del Comando General del Ejército 404/75 y la Orden Parcial 405/75.-

La Directiva 1/75 de febrero del mismo año, del Concejo de Defensa para la Lucha contra la subversión, en su correcta valoración como prueba de esta causa, nos demuestra el diseño anterior a la ocurrencia de estos hechos, como lo aseveramos con anterioridad.

Pero además nos aporta otro dato convincente que nos da el marco conceptual que nos permite probar la interrelación que existía entre la Comisaría de Escobar, con la Regional de Tigre y con Campo de Mayo.

Esa interrelación, en el plan de terror, se describe como “control operacional” que no es otra cosa que ocupar las instalaciones de las comisarías como centros clandestinos de detención, cooperación en operativos, de detención y secuestro de personas.

Esta interrelación imaginada por el alto mando represivo e indicada en la Directiva 1/75 se confirma por la documental de la DIPBA  que habla de la Comisaría Escobar, la Regional Tigre y Campo de Mayo.-

Así el documento identificado como Legado Mesa “DS”, carpeta varios, Nº 2981 da cuenta de que ya en el año 1975, las fuerzas represivas se organizaban bajo la órbita del Campo de Mayo. Se habla de la Planificación, coordinación y articulación entre dichas fuerzas, con un mismo sentido y bajo la dependencia del Ejército.

Legajo Mesa “DS” varios 3811- Da cuenta de un Procedimiento antisubversivo en Escobar. Operativo conjunto de Fuerzas Policiales de la Unidad Regional XII Tigre y el Ejército. Donde resulta herido un policía de Escobar. Fechado el 6/11/75. Cuando Riveros ya era Comandante de Institutos Militares Campo de Mayo.

Legajo Mesa “DS” Nº 1835 de fecha 2/2/77 “da cuenta que personal de la Comisaría local (Escobar) y del Área 410 procedieron conjuntamente en un allanamiento.

Lo que se ve confirmado también por el recorrido de Diego Muniz Barreto y Fernández, por estos tres lugares. Lo mismo ocurre en el caso de Osvaldo Tomas Ariosti.

También todas las victimas, en este caso, tenían un legajo personal en la DIPBA, donde se hacía constar que eran militantes del Peronismo o de la Juventud Peronista, y agrupados en la Mesa con el “DS” (delincuente subversivo)

La “comunidad de inteligencia”, otra parte del plan (probada también con la documentación acercada por la DIPBA y particularmente por el Testimonio de la Perito Claudia Berlingeri), da cuenta de los datos que alimentaban esa comunidad de inteligencia…  solo nos queda inferir como se obtenía la información.

No pensemos que se obtenía solo de seguimientos, o que los imputados leían el diario de Tilo Wener para saber que pasaba, o entraban a la casa de los Damico a preguntar amablemente que estaban haciendo, acá juega un papel determinante la tortura en su función operativa (la tortura, a parte de esa función que decimos operativa, tenía otra función, que era la de destruir la humanidad de los detenidos, en procura de quebrar su identidad política/cultural/filosófica/religiosa, razón por la que había sido incluido en el grupo nacional a exterminar).

La participación de los imputados en las acciones que de un modo directo o indirecto permiten la aplicación de torturas a los detenidos políticos confirma de por sí su participación en el Genocidio, que no es otra cosa que la destrucción de un grupo nacional por diferentes razones y con distintas tecnologías de dominación.-

En este mismo orden esta El plan del Ejército (Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional) de febrero de 1976, en su punto b) disponía la preparación del golpe militar y consecuentemente la toma del poder.-

Diseñándose la ejecución en sus fases I de “preparación”, II de “Ejecución” y III de “Consolidación”

También debemos tener en cuenta que en Anexo 2 de “Inteligencia” se establecía y clasificaba pormenorizadamente a los grupos sobre los que se aplicaría el plan, determinados en su calidad de oponentes activos y pasivos.

En el Anexo 3, del referido Plan del Ejército, en lo atinente a la detención de Personas se establecían las pautas para la detención, previéndose la elaboración de listas de personas para detener y también se instauraban los llamados “Lugares de Reunión de Detenidos” (LRD). Centros Clandestinos de Detención.

En torno de la elaboración de listas del Legajo Mesa “DS” Varios surge la existencia de una lista de personas con pedido de captura solicitada por la Jefatura del Área Militar 410 Campo de Mayo, por actividad es subversivas, las que en caso de ser habidas deberán ser remitidas a la Unidad Regional de Tigre, cuya dependencia posee precisas directivas de la Jefatura del Área 410. Ariosti aparece dicha nomina identificado como activista de la Empresa Ford.

Así también la Directiva del Comandante General del Ejército Nº 217/76, de Abril de ese mismo año. Donde se establecen Clasificaciones, Normas y Procedimientos relacionados con el personal detenido a partir del 24 de Marzo de 1976.

Para la aplicación concreta de este plan se dispuso, por un lado de recursos económicos y humanos de consideración:

En la sentencia de la Causa Avellaneda quedo claro que “el sistema no sólo implicaba una estructura piramidal de subordinación dentro de cada fuerza –como es propio de cualquier fuerza armada-, sino también una relación de distribución de funciones y asistencia recíproca entre las respectivas fuerzas, conforme a un plan aprobado y supervisado desde las instancias superiores”…

Prueba de ello es el aumento del presupuesto militar, el que provenía de empréstitos internacionales, que luego pasaron a formar parte de la llamada “DEUDA EXTERNA” (se estima que el 30% de ella se dedicó al presupuesto militar) y de contribuciones que realizaban las empresas ligadas a este proceso de reorganización nacional, por eso no es casual que entre los casos que conforman la instrucción de la causa 4012, haya trabajadores desaparecidos de todas las grandes empresas de la zona, casi todas ellas extranjeras o subordinadas a grupos económicos trasnacionales: Mercedes Benz, Acindar, Ford, Astarsa, Tensa…. Por lo que tampoco resulta casual que estas empresas integran la lista de empresas que contrajeron deudas privadas bajo la dictadura y que fuera luego estatizada por Cavallo en 1981, desde la presidencia del Banco Central.

En esto la directiva 1/75 del Concejo de Defensa es clara y precisa cuando se refiere a “Los requerimientos financieros, emergentes de la planificación derivada de la presente Directiva”, traducido: lo que necesiten les será otorgado. Conseguían todo lo que la aplicación del plan demandaba, conforme la orden que habían dictado.-

¿Quién, sino estos imputados, son los que proveyeron los elementos necesarios para la aplicación concreta del plan?, y en función de ello es que deberán responder por sucedido.

En torno de los recursos humanos se contó con la participación de cuadros militares y de otras fuerzas de seguridad, formados en la doctrina de seguridad nacional y también en la doctrina francesa para la lucha contrarrevolucionaria.

La doctrina de Seguridad Nacional otorgaba el componente de formación político – cultural del cuadro militar, es decir contribuía a la motivación con la procedieron: Esta doctrina considera a los propios ciudadanos de un país como posibles amenazas a la seguridad.  Por primera vez surgía la idea de que el pueblo del propio país podía constituir una amenaza a la seguridad nacional.

Mientras que la Doctrina Francesa otorgaba el modo de proceder en sentido militar, sobre este punto nos remitimos a lo dicho extensamente por la Fiscalía.

Riveros resulta ser unos de los principales cuadros en ese sentido. Venimos de librar una larga batalla contra los asesinos de Floreal Avellaneda, una batalla que comenzó el Dr. Julio Viaggio, declarado ciudadano ilustre de San Fernando el año pasado, al presentar el recurso de Habeas Corpus en abril de 1976; como resultado de esa batalla jurídica, pero también política y cultural, fueron condenados varios represores entre los que se contaba el ex General de la Nación Santiago Omar Riveros, jefe de Institutos Militares y por lo tanto responsable de todo lo actuado en la zona IV; pero lo que queremos resaltar ahora es que en ese debate se probó que Riveros ejerció funciones internacionales de coordinación de la operación continental contrainsurgente que el Gobierno de los EE.UU., por intermedio del Comando Sur del Ejercito de la Unión, dirigió desde la Junta Interamericana de Defensa de la cual Riveros fue parte.

No se trata de un anciano ingeniero militar perseguido por venganza, como gusta presentarse el imputado, sino de un cuadro de tanta preparación y calificación que no solo tuvo ingerencia en todo lo que ocurría en la zona IV, no solo era un cuadro de dimensión nacional por su participación en la jefatura del Ejercito Argentino, sino de un hombre que tenía conocimiento y dominio de todo el plan terrorista desplegado en América, una puntita del iceberg se conoce como la Operación Cóndor, pero cuyas dimensiones reales todavía desconocemos, pero podemos imaginar por los documentos desclasificados del Gobierno de los EE.UU. y los actuales revelados por Wikileaks

Estos cuadros pasaron a formar parte de la planta estable de esa organización clandestina, verificándose su tarea a lo largo de toda la dictadura.

Afirmamos entonces que todos los imputados han participado de dicha organización de terror, en diferentes roles, pero con un objetivo común y adhiriendo plenamente a la ideología exterminadora que conformaba dicho plan.

Este objetivo común, o mejor dicho, esta comunidad en el objetivo, resultan de las propias expresiones de los imputados.

Pero además esta presente en cada uno de ellos  una identidad ideológica, que los llevaba a un obrar en común. Todos querían hacerlo, querían participar.

Todo ello ha quedado plenamente probado a lo largo del debate oral.

COMO CONCLUCIÓN EL PLAN DISEÑADO CONTABA CON AL MENOS  CON 3 COMPONENTES:

1.-  COMPONENTE HUMANO: CUADROS MILITARES Y DE SEGURIDAD

2.- COMPONENTE ECONÓMICO: AUMENTO DEL PRESUPUESTO MILITAR- EMPRESTITOS INTERNACIONALES

3.- COMPONENTE DOCTRINARIO E IDEOLOGICO: DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL y La DOCTRINA FRANCESA DE LA GUERRA CONTRAREVOLUCIONARIA.-

En conclusión estas directivas establecen la creación del enemigo interno y permiten su eliminación o mejor dicho alientan su eliminación.

La humanidad ha tenido comportamientos de naturaleza genocida desde sus inicios, y ese comportamiento ha sido mostrado de diferente manera, conforme quien eran sus autores y que lugar ocupaban dentro de la esfera de poder.

Por ello nos hicimos, ya en nuestro primer alegato, una pregunta central: ¿Cómo se nos mostraron estos hechos?, y la respuesta es conocida… los imputados van a hablar de una guerra inconclusa en defensa de la nacionalidad contra un enemigo internacional al que siguen calificando como el comunismo internacional, la subversión o algo así.

La falsedad con la que se pretendió mostrar lo que habían hecho, no va a ser materia de este alegato, nos interesa mostrar la otra parte.

Usamos el término “falsedad” y no “ocultamiento”, ocultamiento es una instancia mas del plan para garantizar la impunidad… es la imagen de Videla hablando sobre los desaparecidos, “los desaparecidos no están ni vivos ni muertos, no están…”.

El ocultamiento fue la parte final de los hechos, lo que le toco hacer al imputado Bignone con el Decreto de incineración, lo que hizo Patti, en el Cementerio de Escobar, ese fue el ocultamiento.

La falsedad es más amplia, más integradora, la falsedad es otra cosa, es lo que se nos dijo, y lo que se pretende decir, y es, en última instancia, la intención con la que se nos dice algo.

El ocultamiento, era parte del plan, era un modo de ejecución del plan, no era todo el sistema, el sistema general fue la falsedad, simular algo.

Por eso Riveros nos dice: “fue un guerra… combatimos con la doctrina en la mano”, no oculta el hecho… nos lo dice de manera diferente, falsa…., simulada.

Y así también se nos dijo: “hubo excesos”

Y así también se nos dijo: “hubo dos demonios”

La verdad Señora Presidente, otra conclusión que sacamos en este alegato es que: NUNCA OCULTARON LO QUE HICIERON.

Y eso nos lleva a preguntarnos porque no ocultaron lo que habían hecho?

Porqué falsearon lo que habían hecho? Y la respuesta es simple, porque querían que se sepa lo que hicieron, como lo hicieron, para qué  lo hicieron y que tenían tanto poder, pero tanto poder que hasta podían simular lo hecho. La segunda  respuesta que subyace a esta pregunta: es para que se entienda como una amenaza latente.

Este no ocultamiento, este hacerse cargo de los hechos, no de lo que realmente hicieron, sino de la ficción, es por donde debemos empezar a buscar la responsabilidad de los imputados.

Es en el relato falso de los hechos en que se auto incriminan y confirman nuestra acusación de que cometieron los crímenes aquí analizados y participaron activa, conciente y entusiastamente en el Genocidio perpetrado en la Argentina, concientes que él mismo era parte de uno mucho más amplio que es el drama latinoamericano de las dictaduras militares, las desapariciones forzadas y los asesinatos en masa.

Si en su momento a las desapariciones forzadas se las denominó la “muerte argentina”, acaso en el futuro el modo de nombrar los genocidios de la segunda mitad del siglo XX sea la “muerte latinoamericana”

GENOCIDIO

Crímenes de lesa humanidad

Ha quedado ampliamente demostrado a lo largo de todo el debate oral y a través de la abundante prueba producida, que independientemente de su tipificación o no en el derecho interno, los crímenes cometidos por los aquí imputados constituyen crímenes contra la humanidad en su conjunto

Definimos, tal como lo hace la doctrina y la legislación a  los crímenes de lesa humanidad, como “el ataque generalizado o sistemático contra la población civil, con conocimiento de dicho ataque” que es llevado a cabo de conformidad con la política de un Estado, o parte de él.

Es un delito genérico del cual se derivan otros específicos como lo es el delito de  genocidio.

No es necesaria su imputación en las indagatorias a los encartados porque estos son indagados sobre hechos que constituyen delitos, no sobre la calificación  jurídica que corresponde a los mismos, es tarea de este Tribunal calificar jurídicamente en relación a las pruebas producidas en el debate.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes Arancivia Clavel y Simon reconoce que los delitos de derecho internacional son normas básicas que los jueces argentinos deben aplicar. En ambas sentencias se establece que los delitos cometidos no fueron delitos comunes, fueron delitos mas graves, por la masividad del aniquilamiento y por el propósito de destruir a un grupo entero de la población civil, y que en función a la gravedad de esos delitos se les otorgó una calificación del derecho internacional.

Es por eso que se hace viable para la correcta calificación legal de los delitos que aquí se juzgan  la utilización de normas del derecho internacional público consuetudinario o convencional

Tal como lo afirmo el fiscal Alejandro Alagia con motivo del alegato en la causa por el circuito represivo de Atlético Banco y Olimpo, “No puede volverse atrás con la calificación jurídica que habilitó la jurisdicción de este tribunal”

Lo que se quiere decir es que no existe impedimento legal de ninguna índole para calificar estos hechos como delito de genocidio en los términos en que fue definido por el art. II de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio puesto que la legitimidad de los juicios radica en la preeminencia del Derecho Internacional sobre el Nacional en los casos de crimenes de lesa humanidad y lo que es valido para declarar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad proyecta su validez para el delito de Genocidio.

Hay en la obstinada negativa del Poder Judicial a calificar estos delitos como Genocidio razones que escapan el dominio de lo jurídico. Se dice que no se puede indagar y por lo tanto condenar por el delito de Genocidio puesto que este delito no tiene recepción en el Código Penal Argentino, cómo si no se estuviera condenando por delitos de lesa humanidad, tipo penal que está en la misma situación.

¿Y porque venimos nosotros aquí a decir con total convicción que lo que pasó en la Argentina fue un genocidio???

El grupo de organismos de Derechos Humanos que representa esta querella ha venido planteando en todos los debates orales en la Capital Federal, los anteriores juicios de la Causa Campo de Mayo celebrados antes este mismo Tribunal Oral y los juicios realizados en las distintas provincias del interior del país, que lo que ocurrió en la Argentina fue un genocidio.

Queremos recordar que fue en el juicio contra Echecolatz que primero se receptó, de manera parcial, nuestro reclamo, y que la desaparición de Julio López –que aún continúa para escarnio de la democracia- trajo consigo también la desaparición del debate que el fallo del Tribunal Oral de La Plata proponía sobre el tema.

Una vez más, como en la dictadura, fue con medios violentos y terroristas que se condicionó el debate y se conservó el “sentido común”

La calificación de estos delitos como Genocidio ha sido una construcción de los organismos que representamos, quienes fueron los primeros en solicitar esta calificación a los tribunales nacionales siguiendo una tradición de larga data de los organismos más antiguos que planteaban Genocidio durante el periodo dictatorial, confirmada por el contacto directo con las victimas, quienes en el proceso de reconstrucción de la verdad histórica, comprendieron que ninguna de las victimas habían sido secuestradas, torturadas, sometidas a todo tipo de tormentos físicos y síquicos y posteriormente asesinadas, o desaparecidas en su caso, por si mismas, sino por su pertenecía a un grupo nacional que la dictadura califico como enemigos y asi lo vienen denunciando desde hace años.

Ya en 1980 el Tribunal Permanente de los Pueblos, continuación de los míticos Tribunales Russel, espacio humanitario de resistencia a la barbarie imperial sobre VietNam que continuó su noble labor denunciando las dictaduras militares cuando el Poder Judicial de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y otros países avalaban con su silencio cómplice los crimenes que hoy se dan por realizados,  había condenado a la Argentina por Genocidio con la siguiente formula que consideramos válida como antecedente dada la formación y prestigio jurídico de los integrantes del Tribunal: FRANÇOIS RIGAUX (Belgio), Presidente, ERNESTO MELO ANTUNES (Portogallo), RICHARD BAUMLIN (Svizzera), MADJID BENCHICK (Algeria), EDUARDO GALEANO (Uruguay), GIULIO GIRARDI (Italia), LOUIS JOINET (Francia), EDMOND JOUVE (Francia), LEO MATARASSO (Francia), JAMES PETRAS (Stati Uniti), SALVATORE SENESE (Italia).

Textual: Al fin de su segunda sesión, mantenida en Ginebra el 3 y el 4 de mayo de 1980, sobre la violación de los derechos al hombre y los derechos de los pueblos en Argentina, el Tribunal Permanente de los Pueblos ha adoptado a la unanimidad la resolución siguiente relativa al genocidio cometido en el intento de destruir, totalmente o en parte, un grupo nacional político.  Ello constata en efecto que el art. II de la Convención del 9 de diciembre de 1948 por la prevención y la represión del crimen de genocidio define este crimen como uno de los actos enumerado en el emplazado artículo, “cometido en el intento de destruir, totalmente o en parte, un grupo nacional, étnico, racial o religioso, en cuánto tal.” Quisieramos llamara la atención sobre el modo que el Tribunal aborda la cuestión del grupo nacional, que hoy se pretende utilizar para impugnar que hubo en la Argentina un Genocidio, y este fundamento se emitió hace treinta años.

En consecuencia, no basta con decir que aquí se cometieron crímenes “de lesa humanidad”, pues para ello se exigiría exclusivamente acreditar que hubo un ataque generalizado (e “indiscriminado”) contra la población civil. El “genocidio” exige por añadidura su propio dolo específico, que precisamente aquí se evidencia: el ataque “discriminado” contra activistas y adversarios del régimen de facto. Vale decir que se atacó a “personas” pero con el fin de vulnerar “sus colectividades de pertenencia”, que luchaban por un país distinto al pergeñado por el Proceso de Reorganización Nacional.

No caben dudas después de 4 meses de debate oral y luego de haber escuchado el relato de muchísimos testigos, que las acciones ilícitas llevadas adelante por los 5 represores aquí imputados tenían como objetivo la destrucción de un grupo humano.

A una parte de la sociedad civil de nuestro país le fue negado el derecho a la vida y la integridad física por formar parte de un grupo nacional que luchaba en definitiva por una sociedad justa e igualitaria

Negar esta circunstancia es desconocer que una generación de hombres y mujeres luchadores de nuestro país fueron perseguidos precisamente por su condición de revolucionarios y negar esta condición es para nosotros inconcebible desde todo punto de vista

Estamos aquí exigiendo justicia y al mismo tiempo reivindicando a estos miles de hombres y mujeres que soñaron con un país para todos

Nuestro país ha adherido a diversas Convenciones incorporadas a nuestra Constitución Nacional luego de la reforma constitucional de 1994 a través del art. 75 inc. 22, estableciendo que tanto los delitos de lesa humanidad como el genocidio se encontraban al momento de los hechos aquí investigados como norma imperativa del derecho consuetudinario

La Convención para la prevención y Sanción del Delito de Genocidio que fuera ratificada por ley 14.467, en septiembre de 1958, establece en su artículo segundo que: … “se entiende por crimen de genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:

a) matanza de miembros del grupo

b) lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo

c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción total o parcial

d) medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo

e) traslado por la fuerza de los niños de un grupo a otro

No caben dudas que en los hechos aquí investigados se configuran todas las conductas descriptas en los inc a,) b) y c) comprendidos en el articulo 2 de dicha Convención, ya que Riveros, Bignone, Rodriguez, Meneghini y Patti responsables de los secuestros, torturas, desapariciones forzadas y homicidios formaron parte de un plan sistemático que se implementó en nuestro país con el propósito  de destruir a un único sujeto que es el grupo de pertenencia de las victimas, con independencia de su pertenencia política partidaria.

Hay numerosos ejemplos fácticos, como la militancia social, barrial, sindical o estudiantil de la mayoría de las victimas del universo reprimido, que no implicaban una disidencia política individual, y entonces cabe la pregunta: ¿en que grupo político habría que incluir a los cientos de niños secuestrados o asesinados?

La represión  no fue dirigida exclusivamente hacia un grupo político, independientemente de que en el grupo nacional perseguido existían pertenencias políticas, el grupo perseguido era un grupo nacional, y por lo tanto la calificación encuadra dentro de los alcances de la convención

No fue la nacionalidad del grupo agredido lo que motivó el propósito de su destrucción sino las características comunes que unían a sus integrantes y los conformaban como grupos humanos de y dentro del país y del vínculo legal que estos mantenían con el Estado en el que habitaban.

El concepto de grupo nacional está definido por la Corte Internacional De Justicia en el Caso Nottebohn en 1995: Un grupo nacional es todo grupo humano que mantiene un vinculo legal con el Estado Nacional en el que habita, esta es la premisa que creemos que el Tribunal debe tener en cuenta para el correcto encuadre de estos hechos en el tipo legal de Genocidio

Este criterio fue sostenido también en la sentencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia

Legitimando esta posición que venimos sosteniendo el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, ratificando lo sostenido en las sentencias por Echecolatz y Von Wernich, en su reciente sentencia en la causa Nümero 2901/9 caratulada Dupuy y otros sobre tormentos, homicidios y otros, conocida como Causa de la Unidad Penitenciaria Nº 9 expresó “Respecto de si lo sucedido en nuestro país debe ser encuadrado en el concepto de “grupo nacional” según la redacción que tuvo finalmente el art. II de la Convención, ya se anticipó una respuesta afirmativa la cual por otra parte surge obvia en la redacción del fallo hoy fundamentado”. Además quedo expresado en la referidasentencia que: “Resulta ilustrativo lo reflexionado por Daniel Feirstein: “…la caracterización de “grupo nacional” es absolutamente válida para analizar los hechos ocurridos en la Argentina, dado que los perpetradores se proponen destruir un determinado tramado de las relaciones sociales en un Estado para producir una modificación lo suficientemente sustancial para alterar la vida del conjunto. Dada la inclusión del término “en todo o en parte” en la definición de la Convención de 1948, es evidente que el grupo nacional argentino ha sido aniquilado “en parte” y en una parte suficientemente sustancial como para alterar las relaciones sociales al interior de la propia nación…El aniquilamiento en la argentina no es espontáneo, no es casual, no es irracional: se trata de la destrucción sistemática de una “parte sustancial” del grupo nacional argentino, destinado a transformarlo como tal, a redefinir su modo de ser, sus relaciones sociales, su destino, su futuro” (Daniel Feierstein/Guillermo Levy. Hasta que la muerte nos separe. Prácticas sociales genocidas en América Latina, Ediciones Al margen. Buenos Aires, 2004, pág. 76)

La Conadep oportunamente demostró quiénes fueron los perseguidos y eliminados por el aparato represivo de la dictadura: y destacó que no fueron los estudiantes y trabajadores en general, sino los activistas y militantes obreros y estudiantiles , sindicalistas, militantes sociales, barriales, políticos y culturales que por decenas de miles y en forma organizada cuestionaban entonces el poder de facto constituido.

Tal como queda plasmado en el Decreto 2772 de 1975 donde se ordena que la lucha contra el enemigo se extienda a la subversión en todos sus aspectos, al que empuñe un arma contra los valores occidentales y cristianos y a todo aquel que por sus creencias y practicas políticas, sindicales, estudiantiles y docentes, o culturales en general, represente una amenaza atea y marxista

En el mismo sentido, el Plan del Ejercito elaborado en 1975 firmado por Videla como Comandante General del Ejercito en su anexo 2 establece que “se considera oponentes a todas las organizaciones o elementos integrados en ellas existentes en el país o que pudieran surgir del proceso, que de cualquier forma se opongan a la toma del poder y/ u obstaculicen el normal desenvolvimiento del gobierno militar a establecer”. En su anexo 2 “de Inteligencia” hay un detalle de cuales son las organizaciones político – militares, estudiantiles,  sindicales, religiosas y de derechos humanos perseguidas

En este sentido el Dr. Carlos Slepoy, abogado especialista en la materia y acusador en la Audiencia Nacional de Madrid con relación a estos mismos delitos señaló: “los torturados, asesinados y desaparecidos, los hijos de las madres, los padres de los niños secuestrados, los sobrevivientes de los centros de exterminio, los presos políticos, los exiliados, todos eran militantes sindicales, estudiantiles, políticos, sociales, culturales y estaban organizados. La dictadura no dirigió un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Su propósito fue destruir los grupos en que aquellos se integraban y perpetró, en consecuencia un genocidio”

El carácter amplio del termino enemigo se pone de relevancia en la Directiva Secreta 504/77: que define, “por elementos subversivos no solo debían entenderse las personas vinculadas a algún tipo de actividad armada sino también a aquellas que pregonaran una forma de vida contraria a nuestro sentir nacional…” Sin dudas es imposible imaginar los alcances de esta caracterización

Lo que configura el crimen de genocidio es que el represor defina y decida como se integra el colectivo de sujetos, de seres humanos, sobre los que ejercerá el obrar destructivo, eliminatorio, de aniquilamiento

Así el 4 de noviembre de 1998 en pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional de España, con la firma de sus 10 magistrados, al intervenir en la causa donde se lo condenó a Adolfo Scilingo, consideró que lo ocurrido en la argentina durante el terrorismo de estado fue un genocidio y expreso: “… la represión no pretendió cambiar la actitud del grupo en relación con el nuevo sistema político, sino que quiso destruir al grupo mediante las detenciones, las muertes, las desapariciones, las sustracciones de niños de familias del grupo, amedrantamiento de los miembros del grupo. Estos hechos imputados constituyen delito de genocidio

Tomando como opinión la del Lic. Feierstein el mismo suele referirse a los sentidos del porque pensar como genocidio el caso argentino. En relación a la practica social genocida la define como “aquella tecnología de poder cuyo objetivo radica en la destrucción de las relaciones sociales de autonomía y cooperación y de la identidad de una sociedad, por medio del aniquilamiento de una fracción relevante  (sea por su número o por el efecto de sus practicas de dicha sociedad  y del usos del terror producto del aniquilamiento para el establecimiento de nuevas relaciones sociales y modelos identitarios”.

Fundados en estos precedentes jurisprudenciales tanto nacionales como internacionales y doctrinarios es que renovamos nuestro pedido de calificación de estos hechos como delito de genocidio

No hace falta la creación de ninguna nueva figura jurídica para condenar por Genocidio.  Al momento de los hechos, la Convencion estaba vigente y hemos demostrado plenamente que se cumplen con las exigencias del articulo dos de la misma, y puntualmente sobre el carácter de grupo nacional del exterminado.  La propuesta de crear un nuevo tipo penal, que de cuenta de un supuesto politicidio como forma especificica de perpetración del genocidio argentino y latinoamericano, más alla de las intenciones de la corriente de pensamiento que lo propugna, separa artificialmente los genocidios sufridos por los pueblos latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XX del sufrido por los pueblos europeos y asiaticos en la primera mitad del siglo esterilizando la categoría de genocidio que tiene valor universal.

Como si hubiera Genocidios de primera y de segunda, en una maniobra discursiva claramente discriminatoria hacia nuestros pueblos que rechazamos de plano.

Pero así como fueron vencidos los prejuicios que sentenciaban la imposibilidad de volver atrás de las leyes de impunidad, así serán vencidos –tarde o temprano- los prejuicios que resisten la calificación de Genocidio, prejuicios que demostraremos, no son sólo jurídicos sino del orden ideológico, puesto que reconocer que hubo Genocidio, nos lleva a replantear el sujeto que fue objeto del Genocidio, el pueblo todo, el bien agredido, las formas de organización social, económica, cultural y política de la Argentina y la cuestión de la reparación que no podrá ser ya una cuestión individual sino social, no se termina en la condena de los represores sino que obligaría a discutir la continuidad del modelo impuesto a sangre y fuego por los Genocidas.

El debate pues no es ni inocente ni meramente jurídico; como todo debate jurídico de fondo es cultural, político, filosófico y sociológico.

Por ello, la cuestión de Genocidio se ha transformado en una barrera que es preciso cruzar para conquistar Verdad, Memoria y Justicia

CONCLUSION: consideramos demostrado que los delitos que aquí se juzgan no son hechos aislados, sino que constituyen parte de un plan sistemático de exterminio, plan que consideramos genocida y por lo tanto solicitamos a este Tribunal que así se lo reconozca y califique

Solo en este contexto es explicable el rol que le cupo a cada uno de los aquí imputados en la maquinaria de exterminio genocida.

Reafirmamos, tal como lo hicimos en nuestros anteriores alegatos y lo seguiremos haciendo en cada juicio en donde se juzguen los aberrantes crímenes del terrorismo de Estado, nuestra solicitud en el cambio de calificación en el convencimientote que solamente así podría reconstruirse la verdad histórica de lo ocurrido en nuestro país

PALABRAS FINALES

En la larga lucha contra la impunidad, el movimiento popular asumió y proclamó una idea.

Se decía, y demostraremos que es cierto, que la impunidad genera la posibilidad de la repetición del crimen impune.

Ante el discurso menemista de que hacía falta “mirar hacia el futuro” y “dejar atrás el pasado”, como justificación a su política de impunidad, se sostenía que la impunidad no es una cuestión del pasado sino del futuro, no es un problema entre los represores y los directamente reprimidos, entre los genocidas y sus víctimas; sino que la impunidad ha sido la matriz de la historia de violencia, terrorismo y violación de los derechos humanos de nuestra patria.

Fue contra la impunidad de los genocidas que se levantaron los revolucionarios de 1810.  Fue el General San Martín, cuya tradición traicionaron los militares como los aquí juzgados, quien sostuvo en el derecho de gentes la base doctrinaria para juzgar y condenar los crímenes de los genocidas españoles.

Y fue la impunidad de aquel primer genocidio el cometido contra los pueblos originarios de Nuestra América, el que facilitó la frustración de aquella primera Independencia y se debe considerar como una de las razones principales del segundo genocidio, el cometido contra la nación guaraní en la llamada Guerra de la Triple Alianza.

Si el primer genocidio eliminó el grupo nacional de los pueblos originarios que no se sometían a los españoles, el segundo exterminó un grupo nacional que pretendía un camino autónomo de desarrollo nacional, contra los deseos de Gran Bretaña, la nueva potencia imperial global, que armó, financió y sostuvo los ejércitos de Brasil, Argentina y el Uruguay.

Y fue la impunidad del segundo genocidio el que permitió la construcción de un Estado Nacional que nació represor, como bien lo explica el historiador Osvaldo Bayer al reclamar contra la presencia de Roca en el microcentro de Buenos Aires.

Son las ordenes de exterminio del pueblo paraguayo, acaso, el verdadero antecedente último del Plan Sistemático que aplicó la dictadura del 76.

Y fue la impunidad con que gozó el tercer genocidio, lo que posibilitó el despliegue del Consenso de Washington, la instalación de la más acabada muestra del neoliberalismo en América Latina, como se calificó al menemismo en su momento.

La impunidad es siempre un puente hacia un estadio más perverso de la dominación, la expoliación de los pueblos y la explotación de los trabajadores.

Y fue impunidad lo que planificaron y ejecutaron los jefes de la dictadura.

Fue la impunidad lo que permitió que Patti o Bussi pudieran presentarse como candidatos para elecciones regidas por la Constitución Nacional que ellos habían abominado y abolido.

Fue la impunidad la que creo las condiciones culturales para que se valorara sus presuntas dotes de gestión y se desvalorara la denuncia de los sobrevivientes, denuncias que han sido ampliamente probadas en este y otros juicios, y que al contar con la credibilidad que da la Justicia son consideradas por un espectro mayor de la sociedad que puede así liberarse de tutelajes fascistas.

Con la impunidad Patti fue electo intendente y diputado nacional.

Sin impunidad, Patti está solo como estuvo en todo el juicio, despojado de toda credibilidad social y huérfano de todo apoyo popular. Como corresponde.

Los juicios contra el terrorismo de Estado, contra el Genocidio cometido, admiten diversas lecturas, no por divergentes menos certeras.

Desde una perspectiva histórica y regional, este juicio y todos los juicios orales concluidos o en desarrollo, constituyen un quiebre histórico con la impunidad sistémica que ha sido la regla en la historia nacional.

Es también un quiebre con el presente de impunidad que afecta a muchos pueblos latinoamericanos que no han podido imponer ningún tipo de juicio y castigo.  Y constituyen también una referencia de estimulo para los procesos que se viven en Chile y Uruguay donde la impunidad dura se defiende de los intentos de justicia.

Los juicios que tenemos son los juicios que supimos conseguir entre todos, en un largo, complejo, plural y contradictorio proceso de luchas populares que terminaron quebrando las leyes de impunidad.

Pero los juicios admiten, y requieren una mirada complementaria, crítica por el modo que se realizan y que permiten, entre otras cosas que hace pocos días falleciera sin condena el Jefe de Orletti, como antes ocurriera con Massera y tantos otros.

Hay una estrategia de impunidad que apuesta a que el tiempo biológico se imponga sobre los tiempos judiciales y así consumar la burla final de los represores: morir técnicamente inocentes a pesar de haberse probado largamente su participación en el genocidio.

Es el estado, que organizó el terrorismo de Estado el mismo que  organizó la impunidad durante y después del gobierno dictatorial con que contaron los represores durante todos estos largos años y que permite una ficción de “presunción de inocencia” que no es tal: son genocidas que gozaron de la impunidad, y tal como se aceptó al discutir el rechazo de la incorporación de Patti al Congreso Nacional, el Estado debe hacerse cargo de su responsabilidad en la impunidad y asumir la contradicción jurídica generada por su intervención extra judicial (leyes y decretos que impidieron la realización de los juicios a principios de los ochenta) ver Mario Wainfield Pagina 12.

Se trata de combinar acertadamente las garantías procesales para los imputados con la situación de hecho generada por la intervención estatal extra judicial que creó las condiciones para que muchos represores mueran sin condena.

No se trata solo de que la justicia lenta no es justicia, sino de que el Estado contrajo obligaciones internacionales que lo comprometen a reparar el daño ocasionado por las leyes y decretos de la impunidad acelerando el proceso judicial que impida la consumación del sueño de muchos de morir acusado pero sin condena.

La mega causa Campo de Mayo es uno de los casos más brutales de esta paradoja.

Fue la última en abrirse de las mega causas porque la Cámara Federal de San Martín seguía defendiendo la impunidad luego que la Corte Suprema había fallado su final.

Se realizó un proceso de instrucción que violentó el orden real de los hechos: no hubo aquí crímenes individuales contra personas aisladas, sino un Plan Sistemático contra un grupo nacional definido por su incompatibilidad con el modelo de país de los que portaban las ametralladoras y la picana.

Y los problemas no se agotan en la fragmentación de las causas, hay problemas culturales para un Poder Judicial que tiene que juzgar al Poder como pocas veces lo hizo en su historia, hay problemas presupuestarios para juicios excepcionales por la cantidad de víctimas, querellantes, imputados y prueba a considerar.

Y más.

Hace falta una estrategia estatal unificada para cumplir con el mandato de la Corte Interamericana de DDHH que más de una vez exigió que haya una investigación de verdad y no una apariencia de justicia que genere una imagen de ser pero que garantice la impunidad.

La paradoja de Patti está llegando a su fin.

Bregamos para que el torturador electo para cargos en la democracia se encamine hacia un futuro de condenas y encierro.

Si luchamos contra la impunidad cuando parecía que era un sueño imposible, cómo no vamos a plantear juicio y castigo para todos los genocidas ahora que todos sentimos que hemos dado pasos de gigantes en la lucha contra la impunidad.

Por los treinta mil compañeros desaparecidos

Por juicio y castigo para todos los represores por todos los compañeros

Que la condena a estos represores abone el camino de la Justicia para todos, todos los derechos humanos para todos!

Seguidamente, por ultimo, pasaremos a imputar a los procesados los delitos aquí probados

IMPUTACION

En razón de lo expuesto, imputamos a  SANTIAGO OMAR RIVEROS en calidad de coautor materialmente responsable de los delitos de allanamiento ilegal en dos oportunidades (Caso Nº 290 – Victimas Dàmico y Ariosti) (art. 151 C .P.), el delito de privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional, violencia y amenazas, reiterada en 9 oportunidades (art. 144 bis inc. 1º y último párrafo ley 14.616 en función del art. 142 inc. 1º y 5 ley 20.642) Casos 226, 246 y 290 –  Victimas: Gastón Roberto José Goncalvez; Diego Muñiz Barreto, Juan José Fernández; Carlos Daniel Souto, Osvaldo Tomás Ariosti; Guillermo  David D `Amico , Luis Rodolfo D´Amico, Luis D àmico y Josefa Elsa Molina de D`Amico, agravada también en 3 oportunidades por haberse prolongado mas de un mes resultando como victimas Carlos Daniel Souto y los hermanos D`Amico;  el delito de  tormentos reiteradas en 6 oportunidades agravados por ser la victima un perseguido político; victimas:  Gastón Roberto José Goncalvez; Diego Muñiz Barreto, Juan José Fernández; Osvaldo Tomás Ariosti; Guillermo  David D `Amico , Luis Rodolfo D´Amico (art. 144 ter 2do. Párrafo Ley 14.616), el delito de homicidio en dos oportunidades victimas Gastón Roberto José Goncalvez y Diego Muñiz Barreto agravado por haber sido cometido por alevosía y por la participación premeditada de dos o más personas (art. 80 incs. 2 y 6 CP)  tentativa de homicidio calificada por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o mas personas victima Juan José Fernández (Art 42 CP) todos en concurso real entre si y que concurren materialmente con el art. II de la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio, (Art 45 y 55 CP)

Solicitando  la pena de prisión perpetua, en dependencias del Servicio Penitenciario Federal, inhabilitación absoluta perpetua, demás accesorias legales y costas.

REYNALDO BENITO ANTONIO BIGNONE en calidad de coautor materialmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional, violencia y amenazas, reiterada en 2 oportunidades (art. 144 bis inc. 1º y último párrafo ley 14.616 en función del art. 142 inc. 1º y 5 ley 20.642) Caso  246   Victimas: Diego Muñiz Barreto Y Juan José Fernández;  el delito de  tormentos reiteradas en 2 oportunidades agravados por ser la victima un perseguido político; victimas:  Diego Muñiz Barreto y Juan José Fernández; (art. 144 ter 2do. Párrafo Ley 14.616), el delito de homicidio doblemente calificado por haber sido cometido con alevosía y por la participación premeditada de dos o más personas victima diego Muñiz Barreto (art. 80 incs. 2 y 6 CP) y tentativa de homicidio doblemente agravada por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o mas personas victima Juan José Fernández (Art 42 CP) todos en concurso real entre si y que concurren materialmente con el art. II de la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio, (arts 45 y 55 CP)

Solicitando  la pena de presión perpetua, en dependencias del Servicio Penitenciario Federal, inhabilitación absoluta perpetua, demás accesorias legales y costas.

MARTIN RODRIGUEZ en calidad de coautor materialmente responsable por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional, violencia y amenazas reiteradas en dos oportunidades Caso Nº 246Vixtimas Diego Muñiz Barreto y Juan José Fernández (art. 144 bis inc. 1º y último párrafo ley 14.616 en función del art. 142 inc. 1º y 5 ley 20.642), tormentos reiterados en dos oportunidades agravado por haber sido las victimas perseguidos políticos Caso 246 – victimas Diego Muñiz Barreto y Juan José Fernández, (art. 144 ter 2do. Párrafo Ley 14.616) robo agravado por haber sido cometido en despoblado y en banda victima Juan José Fernández (art 164 primer párrafo Ley 11.179), homicidio calificado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas del que resultara victima Diego Muñiz Barreto, (art 80 Inc. 2 y 6 CP), tentativa de homicidio calificado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o mas personas resultando victima Juan José Fernández ( Art 42 CP) todos en concurso real entre si y que concurren materialmente con el Art. II de la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio, Art 45 y 55 CP)

Solicitando  la pena de prisión perpetua, en dependencias del Servicio Penitenciario Federal, inhabilitación absoluta perpetua, demás accesorias legales y costas.

JUAN FERNANDO MENEGHINI, en calidad de coautor materialmente responsable por los delitos de delito de privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional, violencia y amenazas, reiterada en 3 oportunidades (Art. 144 bis Inc. 1º y último párrafo ley 14.616 en función del Art. 142 Inc. 1º y 5 ley 20.642) Casos 226 y 246 – Victimas: Gastón Roberto José Goncalvez; Diego Muñiz Barreto, Juan José Fernández;  el delito de  tormentos reiteradas en 3 oportunidades agravados por ser la victima un perseguido político; Casos 226 y 246 – victimas:  Gastón Roberto José Goncalvez; Diego Muñiz Barreto y Juan José Fernández; (Art. 144 Teri 2do. Párrafo Ley 14.616), el delito de homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con alevosía y por la participación premeditada de dos o más personas (Art. 80 Inés. 2 y 6 CP) Caso 226 – Victima Gastón Roberto José Goncalvez,  todos en concurso real entre si y que concurren materialmente con el Art. II de la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio,  (Art 45 y 55 CP)

Solicitando  la pena de prisión perpetua, en dependencias del Servicio Penitenciario Federal, inhabilitación absoluta perpetua, demás accesorias legales y costas.

LUIS ABELARDO PATTI en calidad de coautor materialmente responsable de los delitos de allanamiento ilegal en dos oportunidades (Caso Nº 290 – Victimas D `Amico y Ariosti) (art. 151 C.P.), el delito de privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional, violencia y amenazas, reiterada en 9 oportunidades (art. 144 bis inc. 1º y último párrafo ley 14.616 en función del art. 142 inc. 1º y 5 ley 20.642) Casos 226, 246 y 290 –  Victimas: Gastón Roberto José Goncalvez; Diego Muñiz Barreto, Juan José Fernández; Carlos Daniel Souto, Osvaldo Tomás Ariosti; Guillermo  David D `Amico , Luis Rodolfo D´Amico, Luis D `Amico y Josefa Elsa Molina de D`Amico, agravada también en 3 oportunidades por haberse prolongado mas de un mes resultando como victimas Carlos Daniel Souto y los hermanos D`Amico;  el delito de  tormentos reiteradas en 6 oportunidades agravados por ser la victima un perseguido político; victimas:  Gastón Roberto Josè Goncalvez; Diego Muñiz Barreto, Juan José Fernández; Osvaldo Tomás Ariosti; Guillermo  David

D `Amico , Luis Rodolfo D´Amico (Art. 144 ter 2do. Párrafo Ley 14.616), el delito de homicidio reiterado en dos oportunidades – victimas: Gastón Roberto José Goncalvez y Diego Muñiz Barreto agravado por haber sido cometido con alevosía y por la participación premeditada de dos o más personas (art. 80 incs. 2 y 6 CP);  tentativa de homicidio calificada por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o mas personas victima Juan José Fernández (Art 42 CP) todos en concurso real entre si y que concurren materialmente con el art. II de la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio, (art 45 y 55 CP)

Solicitando  la pena de prisión perpetua, en dependencias del Servicio Penitenciario Federal, inhabilitación absoluta perpetua, demás accesorias legales y costas.

Con relación a las CONDICIONES DE DETENCION

Solicitamos, tal como viene sosteniendo este Tribunal en anteriores sentencias, el cumplimiento efectivo de la pena en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal, ya que teniendo en cuenta el carácter especial de estos delitos, y la gravedad que estos mismos revisten, cualquier tipo de beneficio excepcional en la ejecución de la condena,  implicaría para la sociedad toda un daño muy grave



Si hubo genocidio, hay que condenar por Genocidio


Hay en la obstinada negativa del Poder Judicial a calificar los delitos del Terrorismo de Estado como Genocidio razones que escapan el dominio de lo jurídico.   Se dice que no se puede indagar y por lo tanto condenar por el delito de Genocidio por carecer de monto punitorio específico en el Código Penal, cómo si no se estuviera condenando por delitos de lesa humanidad, tipo penal que tampoco tiene monto punitorio específico.

No existe impedimento legal de ninguna índole para calificar al Terrorismo de Estado como delito de genocidio en los términos en que fue definido por el art. II de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948 puesto que la legitimidad de los juicios radica en la preeminencia del Derecho Internacional sobre el Nacional en los casos de crímenes de lesa humanidad y lo que es valido para declarar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad proyecta su validez para el delito de Genocidio.

La Argentina firmó el convenio en 1948, lo ratificó por ley en 1958 y le dio preeminencia sobre el derecho interno con la Reforma Constitucional de 1994.

Se pretende invocar una calificación penal inexistente, el politicidio, con el solo fin de separar los genocidios sufridos por los pueblos latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XX del sufrido por los pueblos europeos y asiáticos en la primera mitad del siglo. Como si hubiera Genocidios de primera y de segunda, en una maniobra discursiva claramente discriminatoria hacia nuestros pueblos que rechazamos de plano.

Pero así como fueron vencidos los prejuicios que sentenciaban la imposibilidad de volver atrás de las leyes de impunidad, así serán vencidos –tarde o temprano- los prejuicios que resisten la calificación de Genocidio, prejuicios que no son sólo jurídicos sino del orden ideológico, puesto que reconocer que hubo Genocidio, nos lleva a replantear el sujeto que fue objeto del Genocidio, el pueblo todo; el bien agredido: las formas de organización social, económica, cultural y política de la Argentina; y también la cuestión de la reparación que no podrá ser ya una cuestión individual sino social, no se termina en la condena de los represores sino que obliga a discutir la continuidad del modelo impuesto a sangre y fuego por los Genocidas.

El debate pues no es ni inocente ni meramente jurídico; como todo debate jurídico de fondo es cultural, político, filosófico y sociológico.

Por ello, la cuestión de Genocidio se ha transformado en una barrera que es preciso cruzar para conquistar Verdad, Memoria y Justicia

En la larga lucha contra la impunidad, el movimiento popular asumió y proclamó una idea.  Se decía, y demostraremos que es cierto, que la impunidad genera la posibilidad de la repetición del crimen impune.

Ante el discurso menemista de que hacía falta “mirar hacia el futuro” y “dejar atrás el pasado”, como justificación a su política de impunidad, se sostenía que la impunidad no es una cuestión del pasado sino del futuro, no es un problema entre los represores y los directamente reprimidos, entre los genocidas y sus víctimas; sino que la impunidad ha sido la matriz de la historia de violencia, terrorismo y violación de los derechos humanos de nuestra patria.

Fue contra la impunidad de los genocidas que se levantaron los revolucionarios de 1810.  Fue el General San Martín, cuya tradición traicionaron los militares como los aquí juzgados, quien sostuvo en el derecho de gentes la base doctrinaria para juzgar y condenar los crímenes de los genocidas españoles.

Y fue la impunidad de aquel primer genocidio el cometido contra los pueblos originarios de Nuestra América, el que facilitó la frustración de aquella primera Independencia y se debe considerar como una de las razones principales del segundo genocidio, el cometido contra la nación guaraní en la llamada Guerra de la Triple Alianza.

Si el primer genocidio eliminó el grupo nacional de los pueblos originarios que no se sometían a los españoles, el segundo exterminó un grupo nacional que pretendía un camino autónomo de desarrollo nacional, contra los deseos de Gran Bretaña, la nueva potencia imperial global, que armó, financió y sostuvo los ejércitos de Brasil, Argentina y el Uruguay.

Y fue la impunidad del segundo genocidio el que permitió la construcción de un Estado Nacional que nació represor, como bien lo explica el historiador Osvaldo Bayer al reclamar contra la presencia de Roca en el microcentro de Buenos Aires.

Son las ordenes de exterminio del pueblo paraguayo, acaso, el verdadero antecedente último del Plan Sistemático que aplicó la dictadura del 76.

Y fue la impunidad con que gozó el tercer genocidio, lo que posibilitó el despliegue del Consenso de Washington, la instalación de la más acabada muestra del neoliberalismo en América Latina, como se calificó al menemismo en su momento.

La impunidad es siempre un puente hacia un estadio más perverso de la dominación, la expoliación de los pueblos y la explotación de los trabajadores.

Y fue impunidad lo que planificaron y ejecutaron los jefes de la dictadura.

Fue la impunidad lo que permitió que Patti o Bussi pudieran presentarse como candidatos para elecciones regidas por la Constitución Nacional que ellos habían abominado y abolido.

Fue la impunidad la que creo las condiciones culturales para que se valorara sus presuntas dotes de gestión y se desvalorara la denuncia de los sobrevivientes, denuncias que han sido ampliamente probadas en este y otros juicios, y que al contar con la credibilidad que da la Justicia son consideradas por un espectro mayor de la sociedad que puede así liberarse de tutelajes fascistas.

Con la impunidad Patti fue electo intendente y diputado nacional.

Sin impunidad, Patti está solo como estuvo en todo el juicio, despojado de toda credibilidad social y huérfano de todo apoyo popular. Como corresponde.

Los juicios contra el terrorismo de Estado, contra el Genocidio cometido, admiten diversas lecturas, no por divergentes menos certeras.

Desde una perspectiva histórica y regional,  todos los juicios orales concluidos o en desarrollo, constituyen un quiebre histórico con la impunidad sistémica que ha sido la regla en la historia nacional.

Es también un quiebre con el presente de impunidad que afecta a muchos pueblos latinoamericanos que no han podido imponer ningún tipo de juicio y castigo.  Y constituyen también una referencia de estimulo para los procesos que se viven en Chile y Uruguay donde la impunidad dura se defiende de los intentos de justicia.

Los juicios que tenemos son los juicios que supimos conseguir entre todos, en un largo, complejo, plural y contradictorio proceso de luchas populares que terminaron quebrando las leyes de impunidad.

Ahora se trata de conquistar la calificación de Genocidio para ir por los que estaban detrás del trono de los militares: los grandes grupos económicos nacionales y trasnacionales que financiaron y se beneficiaron del genocidio, los políticos de los partidos tradicionales que les abrieron paso y luego “heredaron” el modelo neoliberal, los comunicadores sociales e intelectuales que predicaron el odio contra la subversión, la resignación y el posibilismo, los religiosos que traicionaron al Cristo antimperialista y humanista y a todos los que componen el PODER REAL.

Los represores pueden morir impunes puesto que el tiempo biológico, combinado con la impunidad y todas las formas de impunidad que la Justicia consiente, juega contra la lucha por la Justicia; pero el Poder estuvo, está y estará.  Si conquistamos la calificación de Genocidio, más temprano que tarde, haremos realidad aquello de “donde vayan, los iremos a buscar”