Un “Vaso de agua” ya está a la venta….


Desde hoy la librería Badaracco Libros de la calle Entre Ríos 932 tiene a la venta “Un vaso de agua”, relatos y poemas sobre las luchas contra la impunidad y amores.  Los interesados en comprarlo desde el interior del país pueden solicitarlo al correo electrónico de la librería: badaraccodistribuidor@hotmail.com

La próxima presentación será en la ciudad de Santa Fe, el tres de setiembre organizado por “El Pozillo” y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre

LA INVISIBILIDAD DE LOS PRESOS DE LAS HERAS Y EL SACCO Y VANZETTI DEL CERVANTES


 

 
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Schulman, de frente junto a Zito Lema, Alfredo Grande y Norita Cortiñas

(Por José Schulman* para La Retaguardia) Hay una historia de las resistencias obreras y comunistas en los EE.UU. que están ocultas tras los miles y miles de películas, obras de teatro, novelas y ensayos que el Poder ha editado desde que el gobierno de la Unión comenzó su larga marcha imperialista ocupando y dominando la isla de Cuba (1899), hasta entonces bajo dominio colonial español y a punto de independizarse por la larga lucha de los campesinos y patriotas inspirados en José Martí.

La operación de ocupación y dominio de Cuba fue al mismo tiempo una enorme operación de falsificación de los hechos históricos y de creación de una leyenda: la “inferioridad” de los mambises cubanos que requerían del “cuidado” de los norteamericanos, tomada por verdadera, por la mayoría de la sociedad.
Desde finales del siglo XIX, los inmigrantes europeos sometidos a las más crueles condiciones de súper explotación en las minas, fabricas y talleres de la naciente burguesía yankee van a protagonizar huelgas, manifestaciones y la creación de grandes organizaciones sindicales y políticas. Tanto, que los mismos Carlos Marx y Federico Engels del Manifiesto Comunista se vinculan con ellos y hasta mudan la sede de la Internacional a los EE.UU. reconociéndolo como el lugar central de su lucha anticapitalista en el mundo.
Las luchas y la represión tuvieron carácter cíclico y permanente al menos hasta la gran ofensiva del Macartismo de los ’50 que arrasaría con toda tradición democrática y revolucionaria, centrando –casualmente- en el mundo del cine, de la literatura y del arte, la persecución y la muerte civil.
Fue la “solución final” a la resistencia obrera y socialista.
Eran Sacco y Vanzetti dos obreros anarquistas que en las peleas de los años ’20 del siglo pasado fueron utilizados como “chivos expiatorios”, condenados injustamente y asesinados en la silla eléctrica el 23 de agosto de 1927. Un día después del aniversario de la masacre de Trelew de 1972, del renunciamiento de Evita en 1951 y del secuestro del militante comunista Tito Messiez en 1977, en el centro de Rosario.
De la epopeya de Sacco y Vanzetti escribió Howard Fast, un gran escritor comunista norteamericano y su obra conmovedora fue uno de los libros que formaron mi vocación militante en los primeros años de mi adolescencia. Lo leí tantas veces que casi me acuerdo de memoria los párrafos del alegato de Vanzetti que la obra adaptada por Kartum, puesta en escena por un magnifico elenco en el Teatro Nacional Cervantes, asume como discurso propio con una contundencia envidiable. “No soy culpable de ningún crimen, ni de los que ustedes me acusan, ni de aquellos que vuestras leyes no consideran delito: la explotación del hombre por el hombre.”  O, “Cuando ni polvo quede de los  huesos de ustedes el nombre de Nicola Sacco seguirá conmoviendo a las jovenes generaciones”.
Hubo, en los ’70, una versión cinematográfica del drama que tenía como música de fondo a las canciones de Joan Báez. Era de las que se repetían una y otra vez en los cine club de la época.
Howard Fast y Joan Báez hicieron por la memoria de Sacco y Vanzetti un aporte extraordinario, contribuyeron que el enorme movimiento solidario de aquellos años de principios del siglo XX no cayera en el olvido ni siquiera con la Segunda Guerra Mundial y las dictaduras latinoamericanas que asolaron durante los ’70. Es más, su memoria alimentó la subjetividad de la generación del Cordobazo, la que soñó –como ellos- con repetir el “cielo por asalto” de la Comuna de París de 1871 enlazando la historia con la vida y la lucha cotidiana.
La puesta en el Cervantes de la versión teatral de la historia se inscribe en esa tradición pero como lo hace de un modo eficaz, conmoviendo al espectador hasta las lagrimas y los gritos de aprobación o rechazo a los argumentos del escenario, nos llevan a una pregunta sencilla: ¿qué hacemos con este acto de Memoria? ¿Lo tomamos como una foto del pasado que felizmente ya pasó o lo utilizamos como poderoso instrumento de comprensión del presente?.
Digámoslo de entrada, ni la Argentina de 2014 es equiparable a los EE.UU. de 1927 ni los compañeros de Las Heras, presos injustamente por una decisión arbitraria tomada en su momento para castigar la lucha de los trabajadores petroleros por reivindicaciones justas y legitimas, corren peligro de ser asesinados en la silla eléctrica.
Pero hay entre los dos casos una serie de coincidencias que nadie puede ignorar: la increíble arbitrariedad de la “Justicia”, el propósito de castigar a la lucha obrera y la campaña de infamias que desde “los medios” de comunicación se ha montado contra ellos. Y aunque parezca mentira, a diferencia de los anarquistas italianos presos en los EE.UU., los obreros petroleros del sur condenados a cadena perpetua (la muerte “civilizada” del Código Penal argentino vigente) no cuentan con el apoyo ni la solidaridad de todos los que se conmueven por otros hechos, digamos por simple ejemplo, con el caso de Sacco y Vanzetti.
El simplismo de establecer una relación directa y estricta entre los avances de Juicio y Castigo a los perpetradores del Genocidio de los ’70, los avances de la recuperación de la Memoria y de la identidad de los bebes robados por la dictadura con la “vigencia plena e irrestricta” de la Justicia y los derechos humanos en la Argentina les juega en contra a los compañeros petroleros. También la tendencia a transformar cualquier debate y cualquier tema en una obligada toma de partido entre el gobierno y la oposición. Desde esa perspectiva, sea que se piense que “los Kirchner” condenaron a los petroleros o al revés, se tenga la convicción de que exigir su libertad le hace el caldo gordo a la “oposición”, la solidaridad con los presos de Las Heras es muy débil.
En febrero de 2006, fui parte de un “loquísimo” viaje en colectivo de ida y vuelta hasta Las Heras, adonde llegamos luego de más de un día de viaje, estuvimos unas horas en un acto, compartimos con los trabajadores y las familias, y nos volvimos en una jornada que no duró menos de 56 horas. Luego conocí al compañero Navarro, cuya detención desató la rebelión obrera y los incidentes en los que muere el policía que propicia la condena de los trabajadores, y pude completar la comprensión de los hechos que originaron la lucha y los hechos mismos que desencadenaron la muerte del policía. No tengo la menor duda de la inocencia de los compañeros y el examen más simple de la causa judicial debería convencer a cualquiera que tenga un poco de respeto por las garantías judiciales y constitucionales. Mi acompañamiento a Nora Cortiñas y los demás compañeros con los que abordamos a los espectadores de “Sacco y Vanzetti”, el domingo pasado en el Cervantes, se inscribe en esta secuencia de lecturas y locuras: volví al Howard Fast de mi adolescencia y a la Joan Báez de los ’70, a aquella puesta de la misma obra en los ’90 menemista y a aquel viaje de ida y vuelta hasta Las Heras.
Muchas cosas han cambiado en el mundo y la Argentina entre 1927 y el 2014, y aún entre el 2006 y el 2014; no las desconozco, para nada; pero la vida de un hombre castigado por luchar sigue teniendo el mismo valor sagrado para los seres que respetamos la humanidad.  En esa perspectiva, y aceptando todas las consideraciones que lo relativizan, es justo afirmar con Osvaldo Bayer que los petroleros de Las Heras son nuestros Sacco y Vanzetti.

 
*Secretario Nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH)

Es tiempo de juzgar al Poder Ecónomico que fue parte del Terrorismo de Estado e impuso la Deuda Externa y el Neoliberalismo en la Argentina


La Liga Argentina por los Derechos del Hombre te propone sumarte a dos actividades con este objetivo

el jueves próximo, 7 de agosto, a las 12 hs. se realizará en los Tribunales de Comodor Py, una audiencia oral ante la Cámara Nacional de Casación en defensa de la Causa que la Liga y los dirigentes obreros de Villa Constitución, Alberto Piccinini, Carlos Sosa y Juan Actis abrimos en el año 2010, en la que hemos pedido indagatoria y prisión para el Gral. Alcides López Aufranc, los ex gerentes Aznares y Pellegrini y el empresario Arturo Acevedo.  En una maniobra dilatoria, el Poder Judicial de Rosario que en 40 años no movió un dedo, “pídió” justo ahora investigar con lo que frenó las detenciones…..

y el viernes 8 de agosto desde las 19 hs. en nuestro local de Corrientes 1785 2º C puedes participar de un debate sobre el estado de las causas contra los directivos de Ledesma, Ford y Acindar con la participación de Carlos Propatto, Nuria Giniger, Liliana Milinari y Pedro Dinani.

Carlos es de la Com. de Ex Trabajadores de Ford, Nuria es investigadora, Liliana es del Equipo Jurídico del Codesedh y litigante contra Blaquier y Pedro actua en el juicio contra Acindar por la Liga.

Puedes ser parte de esta pelea: el jueves a las 12hs en el Hall  de Comodoro Py y el viernes a las 19 hs. en el local de la Liga, Corrientes 1785  2º C

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La agresión Israelí contra el pueblo Palestino: una tragedia humanitaria por el delito de Genocidio que se perpetra y por la complicidad de la llamada “Comunidad Internacional”


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Si algo hemos aprendido los argentinos en nuestra larga lucha contra la impunidad de los crímenes del Terrorismo de Estado que azotó la región suramericana en la séptima década del siglo pasado, es que no hay violación de derecho humano (desde la más pequeña discriminación hasta las más brutalwes masacres) que no tenga un discurso justificador y la complicidad activa de los poderes estatales nacionales y supranacionales responsables de administrar las leyes y convenios internacionales que –de aplicarse- impedirían cada uno de estos episodios de inhumanidad.
En nuestro país, fue la propia Corte Suprema de Justicia quien en 1930, poco después del primer Golpe de Estado contra un gobierno electo bajo las normas constitucionales, sancionó la llamada “continuidad jurídica” de las acciones estatales, dándole dimensión de “legalidad” a lo que por su naturaleza era manifiestamente ilegitima e ilegal: nada legitimo ni nada legal puede surgir de un acto delictivo como es alzarse en armas contra el gobierno constitucional. De allí en más, golpe tras golpe (y hubo golpes de estado en 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976) serían legitimados por los gobiernos constitucionales que lo sucedían, de modo tal que dejaban preparadas las condiciones para el siguiente atentado a la legalidad.
Desde 1902, con la sanción de la llamada “ley de residencia”, la 4144, un sofisticado edificio jurídico fue respaldando la discriminación, la persecución, la privación ilegal de la libertad y hasta la extradición de aquellos que no aceptaran el dominio capitalista sobre la nación, y la hegemonía imperial inglesa primero, norteamericana después, sobre el Poder Real.
Desde la 4144 hasta la 20840, toda la legislación represiva se basó en la ideología de la “guerra fría”: el anticomunismo que consideraba “subversivos” “terroristas” a todos los que luchaban por los derechos populares y la dignidad nacional. Casi siempre, pero especialmente con los gobiernos del matrimonio Perón (1974/1976) que el despliegue de la legislación represiva y del discurso anticomunista preparó y creo las condiciones suficientes para que el Terrorismo de Estado se desate y el Golpe de Estado se perpetre. Es en “democracia” que se gestan los regímenes antidemocráticos y son los ámbitos encargados de impedirlo los que los auspician con su silencio y/o pasividad cómplice. Así fue con el Terrorismo de Estado contra los latinoamericanos y así es ahora contra los palestinos. Desde 1948, nada menos.
Las causas penales desplegadas en la Argentina, y en otros países de la Región, probaron que el Plan de Exterminio de la dictadura había sido consensuado y se articulaba con los gobiernos vecinos de Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay bajo la supervisión y conducción del gobierno de los EE.UU. y la complicidad pasiva de los organismos internacionales de entonces: la OEA y la ONU.
La realización del Mundial de Futbol de 1978 puso a prueba el verdadero compromiso de la comunidad internacional con los derechos humanos y ya sabemos cuál fue el resultado.

Los organismos de derechos humanos que en estos días nos comprometemos con la causa palestina y contra el terrorismo de estado israelí, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre fundada en 1937, el Servicio de Paz y Justicia presidido por el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de amplia diversidad ideológica y política y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, tomamos en cuenta nuestra propia experiencia tanto como el riguroso examen de los hechos para decidirnos a protagonizar iniciativas de respaldo a los reclamos de respeto a los derechos del pueblo palestino a la autodeterminación nacional y el cumplimiento de la añeja resolución de crear dos estados en el antiguo territorio colonial bajo mandato británico de 1948 tal como afirmamos en las dos declaraciones emitidas en estos días:
“Que esta nueva agresión israelí contra la población civil palestina, constituye un paso más en todo el proceso de genocidio y limpieza étnica en Palestina, destinado a apropiarse de la totalidad del territorio palestino y quebrar su capacidad de resistir la ocupación que lleva ya 47 años. Que este despiadado ataque, potencia las ambiciones coloniales e imperialistas en la región, en donde Israel se ha convertido sin ambages, en el más grande portaaviones que posee los Estados Unidos de Norteamérica en lugar alguno del planeta, destinado a ser una verdadera cuña en el mundo árabe con el claro fin de acceder y apropiarse de sus recursos naturales e hidrocarburíferos. Que esta agresión, ha tenido como objetivo primario destruir cualquier intento para consolidar el gobierno de unidad nacional palestino, conformado luego de un arduo trabajo colectivo, para que ese querido pueblo pueda contar con una sola voz ante el concierto de las Naciones y para terminar con la división en el seno de las organizaciones palestinas. Que la excusa esgrimida por el gobierno israelí para iniciar este despiadado ataque, ha sido el repudiable asesinato de tres jóvenes colonos israelíes en Cisjordania, de los que acusó inmediatamente al Movimiento Hamás, sin que hasta la fecha se haya constatado de manera alguna que así haya sido, ni se hayan exhibido pruebas que respalden tan temerarias afirmaciones….. No aceptamos de manera alguna que se invoque la “teoría de los dos demonios”, de tan triste recordación en nuestro país, para justificar la salvaje agresión militar de que es objeto el pueblo palestino. Debemos recordar para todo efecto, que nos encontramos ante un estado ocupante y un pueblo bajo ocupación y no existe simetría posible entre ambas condiciones.”

Conmovidos por la magnitud del Genocidio en curso, nos auto convocamos en los primeros días del inicio de los bombardeos y el miércoles 16 de julio realizamos la primer marcha sobre la Embajada de Israel en Buenos Aires, de modo tal de manifestar nuestro rechazo a sus prácticas terroristas y exigir medidas diplomáticas de nuestro gobierno, tal como habíamos reclamado desde el exilio y desde la Argentina contra el gobierno argentino en los años de perpetración del Genocidio argentino y de su continuidad por medio de la impunidad para sus gestores. Así fue que elaboramos un segundo documento (firmado por un amplio espacio social, político y personalidades de la cultura y la ciencia) en el que afirmamos: “Ante la gravedad de la agresión del Estado de Israel contra la Franja de Gaza, agudizada por la invasión de tropas israelíes a la misma, el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino reitera su pronunciamiento del día 16 de este mes, en el sentido de que esta nueva agresión israelí contra la población civil palestina, que al momento supera las quinientas vidas humanas y miles de heridos, constituye un paso más en todo el proceso de genocidio y limpieza étnica en Palestina, destinado a apropiarse de la totalidad del territorio palestino y quebrar su capacidad de resistir la ocupación, que lleva ya 47 años. No aceptamos de manera alguna que se invoque la “teoría de los dos demonios”, de tan triste recordación en nuestro país, para justificar esta salvaje agresión militar. Señalamos que nos encontramos ante un estado ocupante y un pueblo bajo ocupación, y no existe simetría posible entre ambas condiciones. Consideramos que los actos del Estado de Israel están comprendidos entre los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, definidos por el Estatuto de Roma, que nuestro país ratificó en febrero de 2001. Constituyen un acto de Genocidio, porque comprenden la matanza general de la población palestina, incluidos sus ancianos, sus mujeres y sus niños. Constituyen un Crimen de Lesa Humanidad porque comprenden asesinatos generalizados y sistemáticos de la población palestina, que vienen a agravar la situación de apartheid en que esta población ya se encuentra, e incluyen la privación del acceso a alimentos y medicinas por el empeoramiento de las condiciones de bloqueo preexistentes. Constituyen también Crímenes de Guerra porque todos los actos de la presente agresión comprenden el homicidio intencional de los dirigentes del pueblo palestino, y la destrucción de la infraestructura imprescindible para la vida en todo el territorio de Gaza (hospitales, escuelas, viviendas, etc.) a gran escala, ilícita y arbitrariamente. El gobierno de Argentina, en su carácter de miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, tiene particular responsabilidad de cumplir con el propósito fundamental de la ONU de “tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión”. Consideramos que toda declaración de repudio de la agresión israelí debe servir de base a acciones concretas que conduzcan efectivamente a frenar esta escalada de violencia, para que de una buena vez se pueda establecer un mecanismo que finalice en la creación de un Estado Palestino con capital en Jerusalén Oriental, que signifique paz y seguridad para todos los pueblos de la región sin excepciones. En definitiva, dar cumplimiento a las normas internacionales, únicas garantes de una perspectiva de paz real para todo el Medio Oriente. En consecuencia, solicitamos por su intermedio al Gobierno Nacional que, como parte de estas acciones concretas, y en tanto esta grave crisis humanitaria no esté resuelta: 1.Retire el embajador argentino ante el Estado de Israel, 2.Realice por sí, y promueva en la ONU, un embargo militar al Estado de Israel, tanto de ventas como de compras, 3. Suspenda en todos sus alcances el Tratado de Libre Comercio entre el MERCOSUR y el Estado de Israel, 4.Suspenda toda compra gubernamental a empresas del Estado de Israel, 5.Realice por sí, y promueva en la ONU, la efectiva asistencia sanitaria, alimentaria y toda otra ayuda humanitaria que pueda aliviar la crítica situación que vive la población de Gaza. “

La declaración respalda de manera explicita la valiente decisión de los gobiernos de Ecuador, Venezuela, Bolivia y Brasil y busca influir positivamente en las deliberaciones del Mercosur a realizarse en Caracas en estos días, donde se tratará el tema.

Si el terrorismo de estado de los 70 se justificó en el anticomunismo, el Genocidio Israelí busca justificarse en un discurso de “victimización” que aprovecha la descontextualización de los análisis. Excede el sentido de este articulo la construcción discursiva del Holocausto como un genocidio particular y separado del resto de los genocidios, pero se asienta en una secular idea de la “particularidad” de los judíos que alguna vez fundamentara el antisemitismo, y hoy el sionismo genocida. Fue Ana Arendt la que reveló la responsabilidad de la cúpula sionista en la colaboración con el mismo Adolf Eichman que juzgarían a principios de los 60. Fue en función de lo sufrido que se aceleró el plan de creación de un estado nacional judío, y se lo hizo en detrimento de los derechos ancestrales de los palestinos. La increíble sucesión de incumplimiento a todas las resoluciones de las Naciones Unidas, consentidas por estas, ha sido la causa principal de la crisis de estos días. Podríamos preguntar qué tienen que ver los niños palestinos asesinados a mansalva como ratas con el terrorismo de estado alemán inspirado por el nazi fascismo, pero sencillamente afirmamos que la condición de víctimas no genera derechos sino deberes: el deber de luchar por la verdad, por la memoria y por la justicia. Como proclamaban los guerrilleros judíos que se rebelaron contra el extermino nazi en el Ghetto de Varsovia: la lucha es siempre por nuestra y vuestra libertad puesto que al luchar por la dignidad del agredido, se lucha por la dignidad de la humanidad toda.
Esa es la relación entre la resistencia palestina y la dignidad humana, y viceversa, entre el fascismo sionista israelí y la decadencia ética y el hundimiento de la humanidad en los centros capitalistas de Europa y Norteamérica. Cada cual, elige el lugar donde colocarse. Del lado del humanismo y la dignidad o del lado del fascismo y la claudicación moral.

“La llamada comunidad internacional, ¿existe? ¿Es algo más que un club de mercaderes, banqueros y guerreros? ¿Es algo más que el nombre artístico que los Estados Unidos se ponen cuando hacen teatro? Ante la tragedia de Gaza, la hipocresía mundial se luce una vez más. Como siempre, la indiferencia, los discursos vacíos, las declaraciones huecas, las declamaciones altisonantes, las posturas ambiguas, rinden tributo a la sagrada impunidad. Ante la tragedia de Gaza, los países árabes se lavan las manos. Como siempre. Y como siempre, los países europeos se frotan las manos.”

Eduardo Galeano. 2014

4 | La maniobra intenta proteger al ex general López Aufranc y empresarios Frenan detención de civiles y militares por la represión en Acindar….nota de Tiempo Argentino del domingo 22 de junio


Frenan detención de civiles y militares por la represión en Acindar

Un juez provincial reclamó el pase de la causa a Santa Fe en momentos en que el juez porteño Oyarbide se disponía a detener a varios acusados.

 Justo cuando el juez federal porteño Norberto Oyarbide se disponía a indagar y procesar a la ex presidenta Isabel Martínez y a un grupo de ex militares y directivos de la empresa Acindar, por el operativo represivo desatado en Villa Constitución en marzo de 1975, su par de Rosario, Marcelo Bailaque, solicitó que la investigación pasara al fuero en Santa Fe.

Bailaque planteó la inhibición de Oyarbide para investigar los delitos de lesa humanidad perpetrados contra trabajadores metalúrgicos en aquel momento, por entender que esos hechos se produjeron en terreno santafecino, y solo él puede analizarlos. Para la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, principal querellante, el sorpresivo interés demostrado ahora por el magistrado intenta congelar la causa. Y acaso archivarla para siempre.
El pedido de Bailaque, además de inconsistente, es absolutamente extemporáneo, y llega 40 años más tarde. Nunca antes la justicia santafecina se mostró tan ansiosa por saber cómo, con la venia de Isabelita, fuerzas conjuntas de seguridad y matones de las Tres A secuestraron a 300 trabajadores para sofocar aquellos reclamos gremiales conocidos como El Villazo, en una movida que contó con la complicidad de la empresa. Y es singular que lo haga ahora, antes de que por primera vez varios de sus antiguos directivos sean detenidos.
La maniobra de Bailaque, además, tira un salvavidas al ex general Alcides López Aufranc, sucesor de Alfredo Martínez de Hoz en la Dirección de Acindar cuando el ex ministro de Economía tuvo que dejar el puesto para hacerse cargo de la caja recaudadora de la dictadura. Increíblemente, el genocida Aufranc esquivó distintas denuncias en su contra a lo largo de estas cuatro décadas, gracias a la cintura de sus abogados. Pero esta causa en particular lo incrimina con un documento que Tiempo Argentino incorpora en la presente nota: la carta con su firma manuscrita que el entonces general del Ejército envió al Directorio de la metalúrgica en 1977, tomada como prueba de la colaboración de Acindar en esos secuestros y desapariciones masivas.
Hay otros que también estaban a punto de ser detenidos, y ahora, gracias al juez rosarino, deben estar respirando aliviados. Como Arturo Acevedo, integrante del grupo familiar fundador, y los directivos Pedro Aznárez y Roberto Pellegrini.
QUE NO QUEDE NINGUNO. El 20 de marzo de 1975, un operativo articulado entre las bandas represivas policiales de la Federal y la santafecina, la Guardia Rural “Los Pumas” –fuerza de choque similar a “Los Cardenales” creada por la empresa inglesa La Forestal en los años 20–, Prefectura Naval, la Secretaría de Inteligencia del Estado, Gendarmería, matones del Ministerio de Bienestar Social, militares y pistoleros de la Triple A, invadieron Villa Constitución y detuvieron a 300 trabajadores que venían resistiendo persecuciones y despidos masivos. El gobierno de Isabel ordenó reconvertir el Albergue de Solteros de la planta como cárcel clandestina. Una veintena de militantes continúan desaparecidos.
Carlos Del Frade, uno de los periodistas que investigó el despliegue, sostuvo que los camiones y autos utilizados por las fuerzas de seguridad ocupaban “una columna de un kilómetro y medio” de  largo. “Policías provinciales, federales, hombres de la pesada de la derecha sindical peronista y personajes como Aníbal Gordon, entre otros, hicieron del Albergue de Solteros de Acindar el primer Centro Clandestino de Detención del país. Había una razón de peso: el ex comisario de la Policía Federal, Rodolfo Peregrino Fernández, confesó que Martínez de Hoz, presidente de Acindar, pagó cien dólares a cada uno de los represores”.
La Iglesia también fue invitada a la fiesta. El cura misionado en las localidades de Pavón, Empalme y Theobald, Samuel Martino, festejó la matanza haciendo sonar las campanas de la parroquia San Pablo Apóstol.
El despliegue fue total. Las policías se reservaron la zona de la fábrica y los barrios lindantes. El local de la UOM de la Villa fue clausurado, y la mayor parte de su Comisión Directiva, con Alberto Piccinini a la cabeza, fue detenida. Sólo en la ruta que conecta la Villa con San Nicolás y Rosario, se contabilizaron más de cien vehículos integrantes de los grupos de choque, con un promedio de tres personas en cada uno. Entre otros, del asalto participaron los comisarios Córdoba Caín y Antonio Fischietti; los oficiales Salas, Morales, Muñoz, Mojica y Miranda; los agentes Chamorro y Castillo entre el grupo Los Pumas; y algunas bandas policiales encabezadas por Raúl Ranure.
Durante varias semanas de resistencia, las asambleas en la planta llegaron a superar los 3000 trabajadores. Hasta el 19 de mayo de 1975, cuando después de dos meses de huelga, una brutal represión final logró que los manifestantes desocuparan el predio. Los dieciséis miembros de la Comisión Directiva de la UOM local fueron trasladados al penal de Rawson.
LO QUE BAILAQUE ABORTÓ. A fines del año pasado, Oyarbide determinó que el grupo empresario fue clave en la gigantesca represión montada el 20 de marzo de 1975 en la localidad santafecina de Villa Constitución contra trabajadores de la UOM. Y que por su grado de preparación y despliegue, el operativo merecía una investigación especial.
El tema venía siendo analizado dentro del expediente 1625/2010 a partir de una querella presentada por la Liga, pero dentro de una causa más amplia, la 1075, que abarca cientos de delitos cometidos por la Alianza Anticomunista Argentina. Los avances logrados en el expediente en los últimos cuatro años motivaron que Oyarbide le concediera al “Villazo” un tratamiento aparte.
La pesquisa apunta sobre todo a Isabel, Martínez de Hoz, López Aufranc y el Directorio de la empresa. En ella, el juez porteño incluye un trabajo realizado por el antropólogo Jorge Winter, donde se sostiene que “los vehículos desde los cuales partieron las balas que mataron a un trabajador portuario y a un vendedor de diarios en abril de 1975 habían tenido libre acceso al camino de INDAPE, firma entonces controlada por el grupo Acindar. Al día siguiente, durante la movilización de los trabajadores de Acindar en contra de esos asesinatos y otras intimidaciones, un helicóptero de la Policía Federal se dedicó a ‘marcar’ y a hostigar a los manifestantes. Dicho helicóptero había estado estacionado (y desde allí había partido para reprimir a los trabajadores) en el helipuerto de Acindar”.
La existencia de un destacamento en el interior de la fábrica fue confirmada por varios testimonios. Uno de ellos es el del ex comisario inspector Carlos Rampoldi: “En el año 1977 ingresé a la Jefatura de la Policía de Villa Constitución  en el cargo de comisario inspector a cargo de la División Informaciones. En ese momento, el grupo de Los Pumas ya estaba acantonado en la fábrica Acindar, cumpliendo tareas”.
La red para desaparecer, secuestrar y asesinar a los trabajadores se extendió a otras firmas del grupo, como Metcon, Vilber y Marathon. El trabajo sucio lo encabezó Fischietti, conocido como “Don Chicho”, entonces delegado policial en Tucumán y jefe del Area IV de Seguridad Federal en el noroeste.
En la resolución que ahora intenta dormir Bailaque, Oyarbide sostiene que “se involucra la responsabilidad del Directorio de una empresa como Acindar, cuyo presidente en el momento de los hechos era José Alfredo Martínez de Hoz, quien luego de ocurrido el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 pasó a ser el ministro de Economía del gobierno militar que tomó el poder, circunstancia ésta que no puede soslayarse, dado que los intereses económicos de Acindar, prima facie, no parecen ajenos a la represión que se desata el 20 de marzo de 1975 en Villa Constitución”. Y agrega: “Por otra parte, la represión contra los militantes, empleados y delegados gremiales de Villa Constitución, que comenzó en el año 1975, continuó bajo el gobierno militar”.
El juez brinda ejemplos concretos de esa continuidad. Como el de Nadia Doria, delegada de Acindar  y ex compañera del dirigente metalúrgico perseguido Alberto Piccinini. Doria fue detenida por primera vez aquel 20 de marzo, y nuevamente en marzo de 1976. La dictadura la fusiló en enero del año siguiente.
MANIOBRA DILATORIA. Con el débil argumento de que la represión se produjo en Santa Fe –algo cierto, pero que no limita el análisis de lo ocurrido sólo a esa provincia–, el intento de Bailaque para sacarle la causa a Oyarbide muestra varios puntos flojos en lo jurídico. Resta importancia, por ejemplo, a que el operativo represivo se haya originado en la Ciudad de Buenos Aires, mediante la movilización de fuerzas federales hacia Villa Constitución; y un comunicado del gobierno nacional de la época, reservándose la custodia de los detenidos. En respuesta al pedido de inhibitoria del juez porteño, la Liga se basó en testimonios de los testigos Juan Jesús Martínez y Jorge Aníbal Lozano Windus, ex miembros de la Policía Federal, que reconocieron haber sido convocados especialmente para la movida.
“Desde esta querella –afirma la Liga–, estamos probando que la asociación ilícita entre funcionarios nacionales, empresarios de Acindar y jerarcas militares no sólo se limitó a los hechos de Villa Constitución, sino que trascendieron a los mismos, puesto que la empresa criminal que emprendieron continuó con su secuencia de secuestros, asesinatos y negocios espurios con posterioridad al 20 de marzo de 1975. Es esta la hipótesis que se debe seguir investigando…  y es al Juzgado Federal Nro. 5 a cargo del Dr. Norberto Oyarbide a quien le corresponde entender en esta investigación”.
El escrito, firmado por Graciela Rosenblum en representación del organismo, sostiene que “la causa ha avanzado, se sigue incorporando prueba, se insta a diversas indagatorias, siguen declarando testigos. Lo único que hace este planteo de inhibitoria, es retrasar la dinámica de la etapa instructoria actual, con el consiguiente beneficio de los posibles imputados, que ven con agrado cómo se aleja la posibilidad de ser juzgados alguna vez por las atrocidades realizadas”.
Para la Liga, el manotazo del juez rosarino es “una maniobra dilatoria que otorga impunidad”
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El largo juego de Oyarbide para garantizar la impunidad de la Triple A…..ahora procesa a Villone pero abre un juicio ni oral ni publico…..nota en Tiempo Argentino


Martes 24 de Junio de 2014

T 14°
POLÍTICA • Martes 24 de Junio de 2014 | 09:27
Por Gerardo Aranguren

Procesaron a ex secretario del “Brujo” por el asesinato de Mugica

Carlos Villone fue uno de los funcionarios más cercanos a López Rega en Bienestar Social. La justicia lo consideró “autor” del homicidio del religioso, ocurrido el 11 de mayo de 1974.

Nota de Tiempo Argentino

 

 

El juez federal Norberto Oyarbide dictó el procesamiento al ex secretario privado de José López Rega, Carlos Villone, por el asesinato del cura Carlos Mugica realizado por la Triple A el 11 de mayo de 1974.

El ex funcionario del Ministerio de Bienestar Social ya se encontraba procesado por asociación ilícita en la causa en la que se investiga la organización parapolicial y está siendo juzgado en un juicio escrito. La querella de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) criticó al magistrado por las demoras en la investigación.

Villone integró el círculo íntimo de López Rega, ministro de Bienestar Social entre 1973 y 1975, durante el gobierno de Juan Domingo Perón y, luego, de su viuda María Estela Martínez, y creador de la Alianza Anticomunista Argentina, más conocida como Triple A.

Su cercanía al “Brujo” lo llevó a ocupar lugares de poder, ya fuera dentro de la Triple A, haciendo las veces de enlace con la Casa Rosada y la Policía Federal, o en el Ministerio, donde llegó a ocupar la secretaría de Coordinación y Promoción Social.

Si bien el fallo de Oyarbide se conoció recién ayer, tiene fecha del 13 de mayo pasado. Allí, el juez procesó a Villone como “autor” del asesinato del padre Mugica tras una misa, el 11 de mayo de 1974 en la iglesia San Francisco Solano de Villa Luro.

 

El ya fallecido policía federal Rodolfo Almirón fue señalado en la investigación como el autor material de los 14 disparos de ametralladora que terminaron con la vida del religioso.

Con el nuevo procesamiento, el juez suma a la autoría también a Villone, a quien además lo responsabilizó por el asesinato el 30 de octubre de 1974 de Carlos Llerena Rosas, quien era militante en el Frente de Izquierda Popular (FIP).

 

Ricardo Capelli, amigo de Mugica y sobreviviente de ese atentado, reconoció a Almirón, a quien conocía de la cartera de Bienestar Social, como quien disparó sobre el religioso.

Por la muerte de Llerena Rosas el magistrado procesó además a otro miembro de la Triple A, el periodista Jorge Conti, responsable de prensa del Ministerio de Bienestar Social y yerno de López Rega.

Al igual que Villone, Conti se encontraba detenido y procesado por “asociación ilícita” en la causa. El juez, apremiado por las críticas de la Cámara Federal, los había acusado junto a otros tres imputados: el ex cabo de la Bonaerense Norberto Cozzani, el jefe de la Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA), Julio José Yessi, y el ex policía federal Rubén Pascucci.

Los cinco están siendo sometidos a juicio por el viejo Código Penal, en un proceso escrito que lleva adelante la jueza María Servini de Cubría por asociación ilícita, ya que integraron la patota para policial.

Tras esa acusación genérica por asociación ilícita, ahora el juez responsabilizó a Villone por el hecho concreto del asesinato del cura. Una de las pruebas que apuntan a su rol en ese hecho es la confesión y los datos aportados por el ex teniente del ejército Salvador Horacio Paino, un arrepentido que en 1975 declaró que Villone le mostró una lista de personas que iban a ser ejecutadas por la Triple A, entre quienes estaba Mugica.

La decisión de Oyarbide despeja aún más las dudas que desde ciertos sectores se intentan imponer sobre la muerte del religioso cuando al cumplirse el aniversario vincularon a la organización Montoneros con su asesinato, a pesar de que las pruebas judiciales apuntan hacia otro lado.

Ricardo Capelli, amigo de Mugica y sobreviviente de ese atentado, reconoció a Almirón, a quien conocía de la cartera de Bienestar Social, como quien disparó sobre el religioso.

EL EXPEDIENTE. La causa penal 6511 contra la Triple A se inició en 1975 por una denuncia del abogado Miguel Radrizzani Goñi, amigo del abogado asesinado Rodolfo Ortega Peña, que pidió investigar a la organización paraestatal. En 2006 la investigación se reabrió cuando Oyarbide declaró la imprescriptibilidad de esos crímenes, pero recién en 2012, tras el llamado de atención de la Cámara Federal, se produjo el primer hecho concreto, al detener a siete ex policías y funcionarios, entre quienes se encuentran los ahora juzgados.

José Schulman, querellante por la LADH y víctima de un atentado de la Triple A en 1975, cuestionó la lentitud de Oyarbide para investigar el caso y aseguró que esas demoras se traducen en impunidad.

“En 2006 le entregamos una carpeta con 600 casos. Son ocho años que viene bicicleteando y lo único que abrió es un juicio secreto que nadie sabe que existe”, se quejó Schulman, quien consideró “difícil de explicar” que el magistrado haya realizado una acusación por asociación ilícita contra quienes pertenecieron a la Triple A pero sin hacer referencia a ningún hecho concreto, lo que llevaría a una pena muy baja en caso de una condena

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre ante la crisis del Pago de la Deuda Externa


La pretensión imperial norteamericana de seguir cobrando la deuda externa es la confirmación de que el Genocidio perpetrado por la Triple A y la Dictadura Militar produjo daños a largo plazo, que hay que repudiar.

Rechazar su pago, como Obra del Terrorismo de Estado y por ende ilegítima e ilegal, incobrable e impagable, es parte constitutiva de la larga lucha por Verdad, Memoria y Justicia.
Ante la crisis desatada por las decisiones tomadas por el Juez Griesa y la Corte Suprema de los EE.UU. de avalar las pretensiones de un conjunto de especuladores financieros (que lejos de constituir un sector minoritario y aislado, son el corazón mismo del Capital Financiero, núcleo dominante del capitalismo real, el único existente) la Liga Argentina por los Derechos del Hombre considera necesario recordar algunas de las definiciones históricas del movimiento de derechos humanos de la Argentina y la región latinoamericana

1.      El Terrorismo de Estado de la séptima década del siglo pasado tenía un objetivo preciso: consolidar el dominio imperial sobre la región y el país mediante políticas de concentración y centralización de la propiedad sobre los principales sectores de la economía.  En el cambio radical de la participación (regresiva) de los trabajadores en la distribución de la renta nacional, en el incremento del dominio del capital trasnacional en la industria, el comercio, la producción agraria y las finanzas facilitada por el cambio de las leyes y regulaciones económicas se perpetuó la tortura, la desaparición forzada y los crímenes sufridos.  En palabras de Rodolfo Walsh: “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.”

2.      En el proceso de consolidación de tal plan económico el crecimiento de la Deuda Externa fue una herramienta fundamental al servicio de su instalación como mecanismo de dominación se modificó. por decreto dictatorial con pretensión legislativa, desde la “Ley de Entidades Financieras” hasta el mismo Código Civil para renunciar a la soberanía jurídica y colocar al Estado Imperial y su Poder Judicial como arbitro de los diferendos que la misma suscitaría en el futuro.  Como muestra de la continuidad de la Obra del Terrorismo de Estado, ambas modificaciones jurídicas siguen vigentes a contra mano de la Memoria desplegada y aún de los fallos judiciales que han ido avanzando en entender los crímenes no solo como un Plan de Exterminio sino como un proceso de genocidio cometido con el afán de transformar radicalmente el país.

3.             La “naturalización” del principio burgués y el pensamiento colonizado de “honrar la deuda”, es contrario a los enormes pasos dados en esta década de juicios, memoria y conciencia de que somos mucho más una sociedad “post genocidio” que beneficiarios de la gesta libertaria de Belgrano, San Martín, Güemes, Moreno y Monteagudo.  Nos oponemos a tal “naturalización” que pretende “indiscutible” la herencia de la dictadura.                Que hasta ahora, todos los gobiernos electos bajo normas constitucionales que sucedieron a la dictadura iniciada por Videla y Martínez de Hoz, no hayan tenido voluntad político de investigar el origen y la legitimidad de la deuda, tal como manda el fallo del año 2000 del Juez Ballestero en la causa iniciada por Alejandro Olmos hace tantos años, confirma el carácter “minimalista” y “restringida” de la democracia argentina. .

Preferimos “honrar” el fallo Ballestero a convalidar la deuda externa impuesta con el dolor y la sangre de nuestros compañeros desaparecidos.

Pagar la deuda sin más, es volver a desaparecerlos, banalizar su memoria.

4.             No es verdad que no haya alternativas a la arremetida imperial, y de las fuerzas cipayas radicadas en el país que fueron y son sus socios subalternos imprescindibles.  Las hubo antes, en 1985 cuando Fidel Castro bregaba por la unidad latinoamericana para no pagar la deuda externa, en el 2002 cuando el modelo neoliberal que tenía en el pago de la deuda externa un elemento central, provocó la mayor crisis de nuestra historia como Nación independiente y había condiciones subjetivas para denunciarla como ilegítima, deuda “odiosa” por haber sido contraída sin contar con la aquiescencia del pueblo argentino; y las hay ahora en que se puede reclamar la puesta en marcha del Banco del Sur y compartir las reservas internacionales de los países latinoamericanos que han expresado voluntad política de salirse del dominio del dólar.  Las condiciones latinoamericanas para luchar por la Segunda y Verdadera Independencia nunca fue más favorable, son nuevos tiempos, tiempos de libertad .  Claro que no es fácil pero nunca fue fácil enfrentar al podero, por eso tanto depende de la voluntad política, de la decisión de los Poderes Públicos y del rol de los organismos de derechos humanos, fuerzas sociales y políticas que no se resignen a vivir arrodillados ante el Imperio.  Decidamos  no pagar la deuda y se abrirá un proceso de debates y movilización popular que creará la fuerza imprescindible para confrontar con nuestros torturadores y desaparecedores hasta derrotarlos y conquistar, al fin, la Segunda y Definitiva Independencia Nacional que haga realidad el sueño del pleno acceso de todos los derechos humanos para todos

 Ante la disolución del Instituto Espacio para la Memoria el Consejo Directivo en su última  reunión repudió tal acto de desmemoria y se comprometió a continuar la lucha con las mismas convicciones y compromiso


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Pergeñado a espaldas de quienes sosteníamos el  ámbito que fuera creado por la voluntad del Legislador en 2002 , como resultado de las luchas populares contra el menemismo y su intento de demoler la Esma para construir un Monumento a la Reconciliación Nacional que coronara la impunidad.

 

 Presentado con argumentos falaces que agravian  más a quienes los crearon y a quienes los aceptaron mansamente que a quienes se pretende difamar, el Instituto Espacio para la Memoria ha sido disuelto por la voluntad de una mayoría de los legisladores y la decisión del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como expresión de la continuidad de la lucha entre el olvido y la impunidad, contra la memoria y la justicia.   Se ha dado forma y vida a un acuerdo sin principios entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Local  que se unieron para liquidar una experiencia de gestión de la Memoria que excedía los límites de lo Estatal y garantizaba el respeto a las tradiciones de lucha y los acuerdos gestados durante décadas por quienes lucharon contra el olvido y forman parte de esa formidable fuerza social que derrotó la Impunidad con que siempre pretendieron los genocidas.

 

La eterna ilusión de  que “hubo historia, ya no la hay”, la misma que pretende congelar el presente apropiándose de un pasado que por definición  solo pertenece a la Memoria del Pueblo y a nadie más; aparece como sustrato de una decisión tan reprochable que pocos se hacen cargo de ella y con argumentos lamentables.

 

Han llevado la democracia representativa al máximo de la formalidad: ya no es que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, es mucho más que eso: los legisladores se negaron al deber que ellos tienen a escuchar otras voces (justamente la de quienes hemos gestionado por casi ocho años el IEM, sin que hasta ahora ni  uno solo de ellos haya presentado una queja formal sobre nuestro desempeño) y deliberar al menos por unas horas. 

 

Para que  fuera posible  aprobarlo,  debieron  actuar como si la historia de la lucha por la Memoria no existiera; como si nosotros, representantes de una parte de los organismos de derechos humanos que la Ley del año 2002 y su modificatoria del 2006, contemplaba taxativamente, no existiéramos, no tuviéramos voz ni pensamiento. 

 

Algunos de nosotros, sobrevivientes del Terrorismo de Estado que estuvimos por cierto tiempo desaparecidos, hemos vuelto a ser silenciados, invisibilizados, desconocidos en nuestras convicciones, conductas y posturas. 

 

Para hacer desaparecer al Instituto Espacio para la Memoria fue necesario  primero votar que los representantes del Consejo Directivo presentes en la sesión legislativa donde –sin tratamiento en comisiones ni debate previo- debía aprobarse su disolución, no tenían derecho a hablar ni a presentar siquiera los documentos de este Consejo Directivo.

 

Hace muchos años, en condiciones históricas muy distintas, un intelectual de fuste como Miguel de Unamuno espetó a quienes lo expulsaban de su cátedra.  “…Venceréis, porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir, y para persuadir necesitaréis algo que os falta: razón y derecho en la lucha…”.  

 

Algo similar podríamos  decir ahora: tienen la fuerza suficiente para clausurar una experiencia plural y democrática, pero no tienen ni la razón ni el derecho que solo da la legitimidad de las causas populares, nunca el oportunismo del acuerdo espurio.

 

El silencio al que nos condenaron, la trama de mentiras difundidas por los medios de comunicación hegemónicos  era y sigue siendo imprescindible  para ellos porque el IEM demostró, en apenas 8 años de vida, que la articulación entre la sociedad civil y el Estado puede gestionar en forma eficaz, autónoma y plural, ejecutando verdaderas políticas públicas de Memoria que perdurarán por años, cual ha sido nuestro último acto institucional: publicar  el libro “Fotos sacadas en y desde la Esma” para que la gesta épica de Víctor Basterra, uno de nuestros consejeros, siga convocando rebeldías y sueños de justicia como le pedía aquel compañero de la ESMA: “si sobrevives, que no se la lleven de arriba”. 

 

El libro condensa el balance de trabajo de nuestro Instituto Espacio para la Memoria: el cuidado de los sitios puestos bajo nuestra gestión, la recuperación de la Memoria de la resistencia al Terrorismo de Estado,  siempre respetando la pluralidad de las culturas políticas y las tradiciones que fueron victimizadas.  Ese ha sido nuestro “pecado “, insoportable para quienes no vacilaron en arrasar un Consejo Directivo que contaba con el protagonismo de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, nuestra entrañable Marta Vásquez, del Servicio de Paz y Justicia encabezado por quien llegó al Nobel de la Paz desde la lucha contra la represión de la dictadura, de los compañeros y compañeras de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la organización más antigua del continente en el terreno de la lucha por los derechos humanos, de los miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, histórica entidad, plural y consecuente, de los y las familiares de las víctimas agrupadas en Hermanos, de los compañeros del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos que vienen peleando desde los primeros días de la dictadura junto a compañeros y compañeras que solo con nombrarlos alcanza para valorar su presencia: Stella Calloni, Ana María Careaga, Víctor Basterra, Alcira Argumedo, Lita Stantic o Beinusz Szmucler.

 

Desde hoy, el Instituto Espacio para la Memoria no existe más y vanos serán los intentos confusionistas que pretenden su reemplazo por un Consejo Asesor del Gobierno de la Ciudad que ha demostrado total desinterés y descompromiso con la causa que nos convoca y compromete.  

 

La clausula transitoria número seis de  la Ley Disolutoria,  que transfiere nuestra representación en el Ente que gestiona la ex Esma a dicho Gobierno es una afrenta a la lucha histórica y una confirmación del carácter regresivo de la disolución del Instituto Espacio para la Memoria. 

 

A los que no les importa nada de la memoria e hicieron todo lo posible para encorsetar nuestra acción se los premia con la participación en la mesa de decisiones sobre el predio de la ex Esma y los que se cansaron de mentir con el falaz argumento que el IEM “respondía a Macri” son justamente aquellos que los llevan a dicho ámbito de decisiones.  

 

Quien quiera ver la verdad tiene en este hecho el hilo conductor de toda la trama de mentiras con que se tejió la infamia, nadie puede alegar ahora ingenuidad o ignorancia.

 

En las nuevas condiciones los integrantes del Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria nos comprometemos a continuar la lucha que hemos sostenido desde siempre y que en estos años hizo del IEM “nuestra casa”: un espacio colectivo, plural y respetuoso, del que también formaban parte los trabajadores y un sinnúmero de organismos de derechos humanos, organizaciones y fuerzas populares del que estamos y estaremos orgullosos  por siempre y nos alienta a proponernos nuevas batallas para que los ideales de los treinta mil compañeros detenidos-desaparecidos no sean banalizados ni bastardeados, sino respetados en profundidad, al levantarlos como bandera invencible de futuras luchas por la Verdad, toda la verdad, la Memoria, toda la memoria y por la Justicia, toda la justicia. La lucha continua.