Un “Vaso de agua” ya está a la venta….


Desde hoy la librería Badaracco Libros de la calle Entre Ríos 932 tiene a la venta “Un vaso de agua”, relatos y poemas sobre las luchas contra la impunidad y amores.  Los interesados en comprarlo desde el interior del país pueden solicitarlo al correo electrónico de la librería: badaraccodistribuidor@hotmail.com

La próxima presentación será en la ciudad de Santa Fe, proximamente.

408 muñeca de trapo - copia

4 | La maniobra intenta proteger al ex general López Aufranc y empresarios Frenan detención de civiles y militares por la represión en Acindar….nota de Tiempo Argentino del domingo 22 de junio


Frenan detención de civiles y militares por la represión en Acindar

Un juez provincial reclamó el pase de la causa a Santa Fe en momentos en que el juez porteño Oyarbide se disponía a detener a varios acusados.

 Justo cuando el juez federal porteño Norberto Oyarbide se disponía a indagar y procesar a la ex presidenta Isabel Martínez y a un grupo de ex militares y directivos de la empresa Acindar, por el operativo represivo desatado en Villa Constitución en marzo de 1975, su par de Rosario, Marcelo Bailaque, solicitó que la investigación pasara al fuero en Santa Fe.

Bailaque planteó la inhibición de Oyarbide para investigar los delitos de lesa humanidad perpetrados contra trabajadores metalúrgicos en aquel momento, por entender que esos hechos se produjeron en terreno santafecino, y solo él puede analizarlos. Para la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, principal querellante, el sorpresivo interés demostrado ahora por el magistrado intenta congelar la causa. Y acaso archivarla para siempre.
El pedido de Bailaque, además de inconsistente, es absolutamente extemporáneo, y llega 40 años más tarde. Nunca antes la justicia santafecina se mostró tan ansiosa por saber cómo, con la venia de Isabelita, fuerzas conjuntas de seguridad y matones de las Tres A secuestraron a 300 trabajadores para sofocar aquellos reclamos gremiales conocidos como El Villazo, en una movida que contó con la complicidad de la empresa. Y es singular que lo haga ahora, antes de que por primera vez varios de sus antiguos directivos sean detenidos.
La maniobra de Bailaque, además, tira un salvavidas al ex general Alcides López Aufranc, sucesor de Alfredo Martínez de Hoz en la Dirección de Acindar cuando el ex ministro de Economía tuvo que dejar el puesto para hacerse cargo de la caja recaudadora de la dictadura. Increíblemente, el genocida Aufranc esquivó distintas denuncias en su contra a lo largo de estas cuatro décadas, gracias a la cintura de sus abogados. Pero esta causa en particular lo incrimina con un documento que Tiempo Argentino incorpora en la presente nota: la carta con su firma manuscrita que el entonces general del Ejército envió al Directorio de la metalúrgica en 1977, tomada como prueba de la colaboración de Acindar en esos secuestros y desapariciones masivas.
Hay otros que también estaban a punto de ser detenidos, y ahora, gracias al juez rosarino, deben estar respirando aliviados. Como Arturo Acevedo, integrante del grupo familiar fundador, y los directivos Pedro Aznárez y Roberto Pellegrini.
QUE NO QUEDE NINGUNO. El 20 de marzo de 1975, un operativo articulado entre las bandas represivas policiales de la Federal y la santafecina, la Guardia Rural “Los Pumas” –fuerza de choque similar a “Los Cardenales” creada por la empresa inglesa La Forestal en los años 20–, Prefectura Naval, la Secretaría de Inteligencia del Estado, Gendarmería, matones del Ministerio de Bienestar Social, militares y pistoleros de la Triple A, invadieron Villa Constitución y detuvieron a 300 trabajadores que venían resistiendo persecuciones y despidos masivos. El gobierno de Isabel ordenó reconvertir el Albergue de Solteros de la planta como cárcel clandestina. Una veintena de militantes continúan desaparecidos.
Carlos Del Frade, uno de los periodistas que investigó el despliegue, sostuvo que los camiones y autos utilizados por las fuerzas de seguridad ocupaban “una columna de un kilómetro y medio” de  largo. “Policías provinciales, federales, hombres de la pesada de la derecha sindical peronista y personajes como Aníbal Gordon, entre otros, hicieron del Albergue de Solteros de Acindar el primer Centro Clandestino de Detención del país. Había una razón de peso: el ex comisario de la Policía Federal, Rodolfo Peregrino Fernández, confesó que Martínez de Hoz, presidente de Acindar, pagó cien dólares a cada uno de los represores”.
La Iglesia también fue invitada a la fiesta. El cura misionado en las localidades de Pavón, Empalme y Theobald, Samuel Martino, festejó la matanza haciendo sonar las campanas de la parroquia San Pablo Apóstol.
El despliegue fue total. Las policías se reservaron la zona de la fábrica y los barrios lindantes. El local de la UOM de la Villa fue clausurado, y la mayor parte de su Comisión Directiva, con Alberto Piccinini a la cabeza, fue detenida. Sólo en la ruta que conecta la Villa con San Nicolás y Rosario, se contabilizaron más de cien vehículos integrantes de los grupos de choque, con un promedio de tres personas en cada uno. Entre otros, del asalto participaron los comisarios Córdoba Caín y Antonio Fischietti; los oficiales Salas, Morales, Muñoz, Mojica y Miranda; los agentes Chamorro y Castillo entre el grupo Los Pumas; y algunas bandas policiales encabezadas por Raúl Ranure.
Durante varias semanas de resistencia, las asambleas en la planta llegaron a superar los 3000 trabajadores. Hasta el 19 de mayo de 1975, cuando después de dos meses de huelga, una brutal represión final logró que los manifestantes desocuparan el predio. Los dieciséis miembros de la Comisión Directiva de la UOM local fueron trasladados al penal de Rawson.
LO QUE BAILAQUE ABORTÓ. A fines del año pasado, Oyarbide determinó que el grupo empresario fue clave en la gigantesca represión montada el 20 de marzo de 1975 en la localidad santafecina de Villa Constitución contra trabajadores de la UOM. Y que por su grado de preparación y despliegue, el operativo merecía una investigación especial.
El tema venía siendo analizado dentro del expediente 1625/2010 a partir de una querella presentada por la Liga, pero dentro de una causa más amplia, la 1075, que abarca cientos de delitos cometidos por la Alianza Anticomunista Argentina. Los avances logrados en el expediente en los últimos cuatro años motivaron que Oyarbide le concediera al “Villazo” un tratamiento aparte.
La pesquisa apunta sobre todo a Isabel, Martínez de Hoz, López Aufranc y el Directorio de la empresa. En ella, el juez porteño incluye un trabajo realizado por el antropólogo Jorge Winter, donde se sostiene que “los vehículos desde los cuales partieron las balas que mataron a un trabajador portuario y a un vendedor de diarios en abril de 1975 habían tenido libre acceso al camino de INDAPE, firma entonces controlada por el grupo Acindar. Al día siguiente, durante la movilización de los trabajadores de Acindar en contra de esos asesinatos y otras intimidaciones, un helicóptero de la Policía Federal se dedicó a ‘marcar’ y a hostigar a los manifestantes. Dicho helicóptero había estado estacionado (y desde allí había partido para reprimir a los trabajadores) en el helipuerto de Acindar”.
La existencia de un destacamento en el interior de la fábrica fue confirmada por varios testimonios. Uno de ellos es el del ex comisario inspector Carlos Rampoldi: “En el año 1977 ingresé a la Jefatura de la Policía de Villa Constitución  en el cargo de comisario inspector a cargo de la División Informaciones. En ese momento, el grupo de Los Pumas ya estaba acantonado en la fábrica Acindar, cumpliendo tareas”.
La red para desaparecer, secuestrar y asesinar a los trabajadores se extendió a otras firmas del grupo, como Metcon, Vilber y Marathon. El trabajo sucio lo encabezó Fischietti, conocido como “Don Chicho”, entonces delegado policial en Tucumán y jefe del Area IV de Seguridad Federal en el noroeste.
En la resolución que ahora intenta dormir Bailaque, Oyarbide sostiene que “se involucra la responsabilidad del Directorio de una empresa como Acindar, cuyo presidente en el momento de los hechos era José Alfredo Martínez de Hoz, quien luego de ocurrido el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 pasó a ser el ministro de Economía del gobierno militar que tomó el poder, circunstancia ésta que no puede soslayarse, dado que los intereses económicos de Acindar, prima facie, no parecen ajenos a la represión que se desata el 20 de marzo de 1975 en Villa Constitución”. Y agrega: “Por otra parte, la represión contra los militantes, empleados y delegados gremiales de Villa Constitución, que comenzó en el año 1975, continuó bajo el gobierno militar”.
El juez brinda ejemplos concretos de esa continuidad. Como el de Nadia Doria, delegada de Acindar  y ex compañera del dirigente metalúrgico perseguido Alberto Piccinini. Doria fue detenida por primera vez aquel 20 de marzo, y nuevamente en marzo de 1976. La dictadura la fusiló en enero del año siguiente.
MANIOBRA DILATORIA. Con el débil argumento de que la represión se produjo en Santa Fe –algo cierto, pero que no limita el análisis de lo ocurrido sólo a esa provincia–, el intento de Bailaque para sacarle la causa a Oyarbide muestra varios puntos flojos en lo jurídico. Resta importancia, por ejemplo, a que el operativo represivo se haya originado en la Ciudad de Buenos Aires, mediante la movilización de fuerzas federales hacia Villa Constitución; y un comunicado del gobierno nacional de la época, reservándose la custodia de los detenidos. En respuesta al pedido de inhibitoria del juez porteño, la Liga se basó en testimonios de los testigos Juan Jesús Martínez y Jorge Aníbal Lozano Windus, ex miembros de la Policía Federal, que reconocieron haber sido convocados especialmente para la movida.
“Desde esta querella –afirma la Liga–, estamos probando que la asociación ilícita entre funcionarios nacionales, empresarios de Acindar y jerarcas militares no sólo se limitó a los hechos de Villa Constitución, sino que trascendieron a los mismos, puesto que la empresa criminal que emprendieron continuó con su secuencia de secuestros, asesinatos y negocios espurios con posterioridad al 20 de marzo de 1975. Es esta la hipótesis que se debe seguir investigando…  y es al Juzgado Federal Nro. 5 a cargo del Dr. Norberto Oyarbide a quien le corresponde entender en esta investigación”.
El escrito, firmado por Graciela Rosenblum en representación del organismo, sostiene que “la causa ha avanzado, se sigue incorporando prueba, se insta a diversas indagatorias, siguen declarando testigos. Lo único que hace este planteo de inhibitoria, es retrasar la dinámica de la etapa instructoria actual, con el consiguiente beneficio de los posibles imputados, que ven con agrado cómo se aleja la posibilidad de ser juzgados alguna vez por las atrocidades realizadas”.
Para la Liga, el manotazo del juez rosarino es “una maniobra dilatoria que otorga impunidad”
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El largo juego de Oyarbide para garantizar la impunidad de la Triple A…..ahora procesa a Villone pero abre un juicio ni oral ni publico…..nota en Tiempo Argentino


Martes 24 de Junio de 2014

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POLÍTICA • Martes 24 de Junio de 2014 | 09:27
Por Gerardo Aranguren

Procesaron a ex secretario del “Brujo” por el asesinato de Mugica

Carlos Villone fue uno de los funcionarios más cercanos a López Rega en Bienestar Social. La justicia lo consideró “autor” del homicidio del religioso, ocurrido el 11 de mayo de 1974.

Nota de Tiempo Argentino

 

 

El juez federal Norberto Oyarbide dictó el procesamiento al ex secretario privado de José López Rega, Carlos Villone, por el asesinato del cura Carlos Mugica realizado por la Triple A el 11 de mayo de 1974.

El ex funcionario del Ministerio de Bienestar Social ya se encontraba procesado por asociación ilícita en la causa en la que se investiga la organización parapolicial y está siendo juzgado en un juicio escrito. La querella de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) criticó al magistrado por las demoras en la investigación.

Villone integró el círculo íntimo de López Rega, ministro de Bienestar Social entre 1973 y 1975, durante el gobierno de Juan Domingo Perón y, luego, de su viuda María Estela Martínez, y creador de la Alianza Anticomunista Argentina, más conocida como Triple A.

Su cercanía al “Brujo” lo llevó a ocupar lugares de poder, ya fuera dentro de la Triple A, haciendo las veces de enlace con la Casa Rosada y la Policía Federal, o en el Ministerio, donde llegó a ocupar la secretaría de Coordinación y Promoción Social.

Si bien el fallo de Oyarbide se conoció recién ayer, tiene fecha del 13 de mayo pasado. Allí, el juez procesó a Villone como “autor” del asesinato del padre Mugica tras una misa, el 11 de mayo de 1974 en la iglesia San Francisco Solano de Villa Luro.

 

El ya fallecido policía federal Rodolfo Almirón fue señalado en la investigación como el autor material de los 14 disparos de ametralladora que terminaron con la vida del religioso.

Con el nuevo procesamiento, el juez suma a la autoría también a Villone, a quien además lo responsabilizó por el asesinato el 30 de octubre de 1974 de Carlos Llerena Rosas, quien era militante en el Frente de Izquierda Popular (FIP).

 

Ricardo Capelli, amigo de Mugica y sobreviviente de ese atentado, reconoció a Almirón, a quien conocía de la cartera de Bienestar Social, como quien disparó sobre el religioso.

Por la muerte de Llerena Rosas el magistrado procesó además a otro miembro de la Triple A, el periodista Jorge Conti, responsable de prensa del Ministerio de Bienestar Social y yerno de López Rega.

Al igual que Villone, Conti se encontraba detenido y procesado por “asociación ilícita” en la causa. El juez, apremiado por las críticas de la Cámara Federal, los había acusado junto a otros tres imputados: el ex cabo de la Bonaerense Norberto Cozzani, el jefe de la Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA), Julio José Yessi, y el ex policía federal Rubén Pascucci.

Los cinco están siendo sometidos a juicio por el viejo Código Penal, en un proceso escrito que lleva adelante la jueza María Servini de Cubría por asociación ilícita, ya que integraron la patota para policial.

Tras esa acusación genérica por asociación ilícita, ahora el juez responsabilizó a Villone por el hecho concreto del asesinato del cura. Una de las pruebas que apuntan a su rol en ese hecho es la confesión y los datos aportados por el ex teniente del ejército Salvador Horacio Paino, un arrepentido que en 1975 declaró que Villone le mostró una lista de personas que iban a ser ejecutadas por la Triple A, entre quienes estaba Mugica.

La decisión de Oyarbide despeja aún más las dudas que desde ciertos sectores se intentan imponer sobre la muerte del religioso cuando al cumplirse el aniversario vincularon a la organización Montoneros con su asesinato, a pesar de que las pruebas judiciales apuntan hacia otro lado.

Ricardo Capelli, amigo de Mugica y sobreviviente de ese atentado, reconoció a Almirón, a quien conocía de la cartera de Bienestar Social, como quien disparó sobre el religioso.

EL EXPEDIENTE. La causa penal 6511 contra la Triple A se inició en 1975 por una denuncia del abogado Miguel Radrizzani Goñi, amigo del abogado asesinado Rodolfo Ortega Peña, que pidió investigar a la organización paraestatal. En 2006 la investigación se reabrió cuando Oyarbide declaró la imprescriptibilidad de esos crímenes, pero recién en 2012, tras el llamado de atención de la Cámara Federal, se produjo el primer hecho concreto, al detener a siete ex policías y funcionarios, entre quienes se encuentran los ahora juzgados.

José Schulman, querellante por la LADH y víctima de un atentado de la Triple A en 1975, cuestionó la lentitud de Oyarbide para investigar el caso y aseguró que esas demoras se traducen en impunidad.

“En 2006 le entregamos una carpeta con 600 casos. Son ocho años que viene bicicleteando y lo único que abrió es un juicio secreto que nadie sabe que existe”, se quejó Schulman, quien consideró “difícil de explicar” que el magistrado haya realizado una acusación por asociación ilícita contra quienes pertenecieron a la Triple A pero sin hacer referencia a ningún hecho concreto, lo que llevaría a una pena muy baja en caso de una condena

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre ante la crisis del Pago de la Deuda Externa


La pretensión imperial norteamericana de seguir cobrando la deuda externa es la confirmación de que el Genocidio perpetrado por la Triple A y la Dictadura Militar produjo daños a largo plazo, que hay que repudiar.

Rechazar su pago, como Obra del Terrorismo de Estado y por ende ilegítima e ilegal, incobrable e impagable, es parte constitutiva de la larga lucha por Verdad, Memoria y Justicia.
Ante la crisis desatada por las decisiones tomadas por el Juez Griesa y la Corte Suprema de los EE.UU. de avalar las pretensiones de un conjunto de especuladores financieros (que lejos de constituir un sector minoritario y aislado, son el corazón mismo del Capital Financiero, núcleo dominante del capitalismo real, el único existente) la Liga Argentina por los Derechos del Hombre considera necesario recordar algunas de las definiciones históricas del movimiento de derechos humanos de la Argentina y la región latinoamericana

1.      El Terrorismo de Estado de la séptima década del siglo pasado tenía un objetivo preciso: consolidar el dominio imperial sobre la región y el país mediante políticas de concentración y centralización de la propiedad sobre los principales sectores de la economía.  En el cambio radical de la participación (regresiva) de los trabajadores en la distribución de la renta nacional, en el incremento del dominio del capital trasnacional en la industria, el comercio, la producción agraria y las finanzas facilitada por el cambio de las leyes y regulaciones económicas se perpetuó la tortura, la desaparición forzada y los crímenes sufridos.  En palabras de Rodolfo Walsh: “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.”

2.      En el proceso de consolidación de tal plan económico el crecimiento de la Deuda Externa fue una herramienta fundamental al servicio de su instalación como mecanismo de dominación se modificó. por decreto dictatorial con pretensión legislativa, desde la “Ley de Entidades Financieras” hasta el mismo Código Civil para renunciar a la soberanía jurídica y colocar al Estado Imperial y su Poder Judicial como arbitro de los diferendos que la misma suscitaría en el futuro.  Como muestra de la continuidad de la Obra del Terrorismo de Estado, ambas modificaciones jurídicas siguen vigentes a contra mano de la Memoria desplegada y aún de los fallos judiciales que han ido avanzando en entender los crímenes no solo como un Plan de Exterminio sino como un proceso de genocidio cometido con el afán de transformar radicalmente el país.

3.             La “naturalización” del principio burgués y el pensamiento colonizado de “honrar la deuda”, es contrario a los enormes pasos dados en esta década de juicios, memoria y conciencia de que somos mucho más una sociedad “post genocidio” que beneficiarios de la gesta libertaria de Belgrano, San Martín, Güemes, Moreno y Monteagudo.  Nos oponemos a tal “naturalización” que pretende “indiscutible” la herencia de la dictadura.                Que hasta ahora, todos los gobiernos electos bajo normas constitucionales que sucedieron a la dictadura iniciada por Videla y Martínez de Hoz, no hayan tenido voluntad político de investigar el origen y la legitimidad de la deuda, tal como manda el fallo del año 2000 del Juez Ballestero en la causa iniciada por Alejandro Olmos hace tantos años, confirma el carácter “minimalista” y “restringida” de la democracia argentina. .

Preferimos “honrar” el fallo Ballestero a convalidar la deuda externa impuesta con el dolor y la sangre de nuestros compañeros desaparecidos.

Pagar la deuda sin más, es volver a desaparecerlos, banalizar su memoria.

4.             No es verdad que no haya alternativas a la arremetida imperial, y de las fuerzas cipayas radicadas en el país que fueron y son sus socios subalternos imprescindibles.  Las hubo antes, en 1985 cuando Fidel Castro bregaba por la unidad latinoamericana para no pagar la deuda externa, en el 2002 cuando el modelo neoliberal que tenía en el pago de la deuda externa un elemento central, provocó la mayor crisis de nuestra historia como Nación independiente y había condiciones subjetivas para denunciarla como ilegítima, deuda “odiosa” por haber sido contraída sin contar con la aquiescencia del pueblo argentino; y las hay ahora en que se puede reclamar la puesta en marcha del Banco del Sur y compartir las reservas internacionales de los países latinoamericanos que han expresado voluntad política de salirse del dominio del dólar.  Las condiciones latinoamericanas para luchar por la Segunda y Verdadera Independencia nunca fue más favorable, son nuevos tiempos, tiempos de libertad .  Claro que no es fácil pero nunca fue fácil enfrentar al podero, por eso tanto depende de la voluntad política, de la decisión de los Poderes Públicos y del rol de los organismos de derechos humanos, fuerzas sociales y políticas que no se resignen a vivir arrodillados ante el Imperio.  Decidamos  no pagar la deuda y se abrirá un proceso de debates y movilización popular que creará la fuerza imprescindible para confrontar con nuestros torturadores y desaparecedores hasta derrotarlos y conquistar, al fin, la Segunda y Definitiva Independencia Nacional que haga realidad el sueño del pleno acceso de todos los derechos humanos para todos

 Ante la disolución del Instituto Espacio para la Memoria el Consejo Directivo en su última  reunión repudió tal acto de desmemoria y se comprometió a continuar la lucha con las mismas convicciones y compromiso


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Pergeñado a espaldas de quienes sosteníamos el  ámbito que fuera creado por la voluntad del Legislador en 2002 , como resultado de las luchas populares contra el menemismo y su intento de demoler la Esma para construir un Monumento a la Reconciliación Nacional que coronara la impunidad.

 

 Presentado con argumentos falaces que agravian  más a quienes los crearon y a quienes los aceptaron mansamente que a quienes se pretende difamar, el Instituto Espacio para la Memoria ha sido disuelto por la voluntad de una mayoría de los legisladores y la decisión del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como expresión de la continuidad de la lucha entre el olvido y la impunidad, contra la memoria y la justicia.   Se ha dado forma y vida a un acuerdo sin principios entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Local  que se unieron para liquidar una experiencia de gestión de la Memoria que excedía los límites de lo Estatal y garantizaba el respeto a las tradiciones de lucha y los acuerdos gestados durante décadas por quienes lucharon contra el olvido y forman parte de esa formidable fuerza social que derrotó la Impunidad con que siempre pretendieron los genocidas.

 

La eterna ilusión de  que “hubo historia, ya no la hay”, la misma que pretende congelar el presente apropiándose de un pasado que por definición  solo pertenece a la Memoria del Pueblo y a nadie más; aparece como sustrato de una decisión tan reprochable que pocos se hacen cargo de ella y con argumentos lamentables.

 

Han llevado la democracia representativa al máximo de la formalidad: ya no es que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, es mucho más que eso: los legisladores se negaron al deber que ellos tienen a escuchar otras voces (justamente la de quienes hemos gestionado por casi ocho años el IEM, sin que hasta ahora ni  uno solo de ellos haya presentado una queja formal sobre nuestro desempeño) y deliberar al menos por unas horas. 

 

Para que  fuera posible  aprobarlo,  debieron  actuar como si la historia de la lucha por la Memoria no existiera; como si nosotros, representantes de una parte de los organismos de derechos humanos que la Ley del año 2002 y su modificatoria del 2006, contemplaba taxativamente, no existiéramos, no tuviéramos voz ni pensamiento. 

 

Algunos de nosotros, sobrevivientes del Terrorismo de Estado que estuvimos por cierto tiempo desaparecidos, hemos vuelto a ser silenciados, invisibilizados, desconocidos en nuestras convicciones, conductas y posturas. 

 

Para hacer desaparecer al Instituto Espacio para la Memoria fue necesario  primero votar que los representantes del Consejo Directivo presentes en la sesión legislativa donde –sin tratamiento en comisiones ni debate previo- debía aprobarse su disolución, no tenían derecho a hablar ni a presentar siquiera los documentos de este Consejo Directivo.

 

Hace muchos años, en condiciones históricas muy distintas, un intelectual de fuste como Miguel de Unamuno espetó a quienes lo expulsaban de su cátedra.  “…Venceréis, porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir, y para persuadir necesitaréis algo que os falta: razón y derecho en la lucha…”.  

 

Algo similar podríamos  decir ahora: tienen la fuerza suficiente para clausurar una experiencia plural y democrática, pero no tienen ni la razón ni el derecho que solo da la legitimidad de las causas populares, nunca el oportunismo del acuerdo espurio.

 

El silencio al que nos condenaron, la trama de mentiras difundidas por los medios de comunicación hegemónicos  era y sigue siendo imprescindible  para ellos porque el IEM demostró, en apenas 8 años de vida, que la articulación entre la sociedad civil y el Estado puede gestionar en forma eficaz, autónoma y plural, ejecutando verdaderas políticas públicas de Memoria que perdurarán por años, cual ha sido nuestro último acto institucional: publicar  el libro “Fotos sacadas en y desde la Esma” para que la gesta épica de Víctor Basterra, uno de nuestros consejeros, siga convocando rebeldías y sueños de justicia como le pedía aquel compañero de la ESMA: “si sobrevives, que no se la lleven de arriba”. 

 

El libro condensa el balance de trabajo de nuestro Instituto Espacio para la Memoria: el cuidado de los sitios puestos bajo nuestra gestión, la recuperación de la Memoria de la resistencia al Terrorismo de Estado,  siempre respetando la pluralidad de las culturas políticas y las tradiciones que fueron victimizadas.  Ese ha sido nuestro “pecado “, insoportable para quienes no vacilaron en arrasar un Consejo Directivo que contaba con el protagonismo de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, nuestra entrañable Marta Vásquez, del Servicio de Paz y Justicia encabezado por quien llegó al Nobel de la Paz desde la lucha contra la represión de la dictadura, de los compañeros y compañeras de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la organización más antigua del continente en el terreno de la lucha por los derechos humanos, de los miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, histórica entidad, plural y consecuente, de los y las familiares de las víctimas agrupadas en Hermanos, de los compañeros del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos que vienen peleando desde los primeros días de la dictadura junto a compañeros y compañeras que solo con nombrarlos alcanza para valorar su presencia: Stella Calloni, Ana María Careaga, Víctor Basterra, Alcira Argumedo, Lita Stantic o Beinusz Szmucler.

 

Desde hoy, el Instituto Espacio para la Memoria no existe más y vanos serán los intentos confusionistas que pretenden su reemplazo por un Consejo Asesor del Gobierno de la Ciudad que ha demostrado total desinterés y descompromiso con la causa que nos convoca y compromete.  

 

La clausula transitoria número seis de  la Ley Disolutoria,  que transfiere nuestra representación en el Ente que gestiona la ex Esma a dicho Gobierno es una afrenta a la lucha histórica y una confirmación del carácter regresivo de la disolución del Instituto Espacio para la Memoria. 

 

A los que no les importa nada de la memoria e hicieron todo lo posible para encorsetar nuestra acción se los premia con la participación en la mesa de decisiones sobre el predio de la ex Esma y los que se cansaron de mentir con el falaz argumento que el IEM “respondía a Macri” son justamente aquellos que los llevan a dicho ámbito de decisiones.  

 

Quien quiera ver la verdad tiene en este hecho el hilo conductor de toda la trama de mentiras con que se tejió la infamia, nadie puede alegar ahora ingenuidad o ignorancia.

 

En las nuevas condiciones los integrantes del Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria nos comprometemos a continuar la lucha que hemos sostenido desde siempre y que en estos años hizo del IEM “nuestra casa”: un espacio colectivo, plural y respetuoso, del que también formaban parte los trabajadores y un sinnúmero de organismos de derechos humanos, organizaciones y fuerzas populares del que estamos y estaremos orgullosos  por siempre y nos alienta a proponernos nuevas batallas para que los ideales de los treinta mil compañeros detenidos-desaparecidos no sean banalizados ni bastardeados, sino respetados en profundidad, al levantarlos como bandera invencible de futuras luchas por la Verdad, toda la verdad, la Memoria, toda la memoria y por la Justicia, toda la justicia. La lucha continua.

A pedido de Macri: los que disolvieron el IEM le dieron un lugar en el Ente que gestiona el Espacio Memoria y DDHH, ex ESMA, expulsando al compañero Beinusz Szmucler que representaba al Instituto Espacio para la Memoria.  Que conste en la memoria popular.


 

 Como se sabe, hace unos días, el ocho de mayo, con el voto asociado del PRO y el interbloque del Frente para la Victoria (salvo las honrosas excepciones de Pablo Ferreyra y Gabriela Cerruti ) se disolvió el Insituto Espacio para la Memoria; el 19 de mayo (anticipando a los plazos normales) el Ingeniero Macri promulgó la norma que desde ahora se irá aplicando.

 

Entendemos que el debate fue dificil de entender para muchos, y que el silencio de los organismos de derechos humanos que tienen más prensa, contribuyó a la confusión.

 

Dijimos que la decisión de anular un ambito autonomo transformaba las políticas publicas de memoria en políticas de gobierno, que además en el 2015 todas las conquistas de memoria podrían estar en peligro (como el Editorial de La Nación confirmó en estos días) pero la realidad siempre supera todas las prevenciones: desde ahora, es la Subsecretaría de DDHH y pluralismo cultural de Macri reemplaza al delegado del IEM en el Ente Esma. 

 

Para ser muy claros: los que votaron la ley 4929 no solo disolvieron el IEM sino quitaron el lugar que el IEM ocupaba, con la digna figura del compañero Beinusz Szmucler, militante histórico por los derechos humanos, integrante de la Comisión Jurídica de la Liga durante la dictadura, animador de la Asociación de Abogados de Buenos Aires y de la Asociación Americana de Juristas, para asignarle ese lugar al Licenciado Avruj.

 

Hace falta decir algo más?

 

 

 

Anexo uno: así estaba compuesto el ente hasta la sanción de la Ley

 

de la web del ente ex esma:

 

Autoridades

El Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos está compuesto por un Órgano Ejecutivo tripartito integrado por un representante del Gobierno Nacional, un representante del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un representante del Directorio de Organismos de Derechos Humanos. 

Integrantes del Órgano Ejecutivo

  En representación del Poder Ejecutivo Nacional  (Archivo Nacional de la Memoria):

Paula Maroni 

  En representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Instituto Espacio para la Memoria): Beinusz Szmukler 

  En representación del Directorio de Organismos de Derechos Humanos:

Valeria Barbuto 

 

 

Anexo dos: Clausula Transitoria sexta de la Ley promulgada el 19 de mayo.

se puede consultar en la web de la Legislatura

“El titular de la Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires o el organo que en el futuro lo reemplace, ejercerá la representación del Poder Ejecutivo en el órgano ejecutivo del Ente Público Espacio para la Memoria, la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos cuyo Convenio de creación fue creado por Ley 2955”

La reconciliación en marcha: declaraciones de Fresneda, Alegre y la formación de la Mesa de Juventudes Políticas entre el Pro, una agrupación de la UCR y La Cámpora ¿Ya no hay enemigos del proyecto nacional y popular?


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En el marco de la campaña de desprestigio contra el Instituto Espacio para la Memoria el grupo de trabajadores de la memoria encargados del trabajo sucio de mentir y agraviar a los que lo defendemos (llegaron a insultar a Adolfo Perez Esquivel en el IEM, tirar golpes de puño contra Nora Cortiña en el pasillo de la Legislatura, y publicaron toda clase de mentiras)  el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, el Dr. Martín Fresneda “responde” generosamente a preguntas add hoc del tipo “Creo que como respuesta al convenio que se firmó el Ente está paralizado. ¿Cómo se paraliza el Ente? Con un solo integrante del órgano ejecutivo que no ponga la firma no se cobran horas extras, no se pueden hacer actividades etc. Beinusz Schmucler (representante del IEM en el ejecutivo) no generó el consenso necesario haciendo uso de su firma. ¿No crees que la conformación de un órgano tripartito (ciudad, organismos y nación) que solo puede ejecutar por unanimidad atenta contra la práctica que la gestión demanda?” a lo que Freneda le da la razón en una respuesta a medida en la que dice “Soy muy conciente que existen posiciones que afectan los derechos de los trabajadores. Creo que una nueva etapa de debate se tiene que saldar estas cuestiones que quizás se diseñaron para poder preservar pero no para impedir “La “nueva etapa” de Fresneda se llamaba disolución del IEM y como sobre eso hemos escrito bastante, a esos textos me remito.

Pero en el mismo “reportaje” habla directamente de la reconciliación con los represores, va textual “Entonces, el puente de la resolución de los conflictos del pasado, esa vieja Argentina con impunidad, resuelto con la decisión de incorporar memoria, verdad y justicia, es un puente que en el marco de la democracia nos va a llevar un tiempo atravesarlo. Y nos va a llevar un tiempo volver a mirarnos la cara. En alguna oportunidad existía quien decía que debíamos reconciliarnos los argentinos, en base al perdón, no en base a la justicia, nosotros siempre dijimos que no hay reconciliación ni perdón, más si debía haber justicia, memoria y verdad. Y eso iba a provocar el reencuentro de los argentinos. Está faltando el reencuentro entre algunos argentinos. Nosotros también somos responsables, la sociedad en general, de hacernos cargo de que esta es nuestra policía, que esta es nuestra Argentina, que el hombre que comete un femicidio es un argentino y la practica viciada que constantemente todos de actuar con el dedito cual si fuera la policía de otro país; no, es nuestra policía, discutamos que policía queremos, invitemos a ellos también a discutir que sociedad quieren ellos”

Aquí hay una naturalización inaceptable de que la Argentina que tenemos es así porque si, sin decir lo que hemos aprendido en estos diez años de juicios, memoria y verdad: que somos el resultado de un proceso de genocidio, que el genocidio fue la reorganización radical de la sociedad argentina de manera integral (económica, socialmente, políticamente, culturalmente, institucionalmente, etc.) y que por ello somos una sociedad post genocidio que debe considerar como objeto del proceso de memoria, verdad y justicia al Genocidio mismo de modo tal que no quede nadie de los perpetradores sin castigo (y no solo los ejecutores de las acciones de violencia directa contra las victimas directas sino todos los actores que prepararon, justificaron, legitimaron, ejecutaron y se beneficiaron del Genocidio en su conjunto) y no quede acción genocida sin reparación. Y eso nos lleva de un modo directo al Poder Económico, la Deuda Externa, la precarización laboral y la pobreza del pueblo que subsisten como dato incontrastable que un Genocidio sin castigo siempre es en tiempo presente, nunca en tiempo pasado como pretende Fresneda y buena parte del oficialismo.

Y luego dice clarito: Menem quería reconciliación sin Justicia; pero ahora que “hay” Justicia (y eso es tan discutible si tomamos solamente el caso Milani, de puro ejemplo nomás) viene el tiempo del reencuentro con los que practican la cultura represora de nuestros días, que no son otra cosa que los continuadores del genocidio por medio del gatillo fácil, la tortura en sede policial y demás acciones por todas conocidas.

Cuando dijimos que la disolución del Instituto Espacio para la Memoria excedía la cuestión de hacer un Museo en el Casino o de borrar de un plumazo a una porción del movimiento de derechos humanos que no se subordina al gobierno (la agrupada en el IEM precisamente), sino que debía inscribirse en una acción de más profundidad que es el fin de las políticas publicas de memoria, algunos pensaron que exagerábamos. Pero el día de la sesión en la Legislatura que disolvió el IEM, Gabriela Alegre, a nombre del Frente Para la Victoria dijo claramente que no había ningún peligro en poner las políticas de memoria en manos del gobierno de turno (y el gobierno va a cambiar en el 2015 inexorablemente) porque no hay nadie en la Argentina que desacuerde con el rumbo de memoria, verdad y justicia. Ese día, ver a los militantes del Kirchnerismo aplaudir a los legisladores del Pro nos pareció un espectáculo asombroso, más doloroso que la propia disolución del IEM o los insultos que recibimos de varios legisladores (a mi me agravió duramente el  legislador Campagnoli de Nuevo Encuentro, con un macartismo propio de la derecha más rancia), pero solo era el anticipo de lo que viene.

Para desgracia de Gabriela Alegre pocos días después La Nación publicó un editorial: “La justicia prevaleció sobre la venganza” celebrando la absolución de un Juez que fuera parte del dispositivo del terrorismo de Estado: ” El caso Hooft es, a todas luces, un ejemplo de persecución política en nombre de los derechos humanos que el kirchnerismo enarboló recién en 2003, nunca antes, y que utilizó como un ariete e instrumento de venganza para destruir o intentar hacerlo con todas aquellas personas o instituciones que no se encolumnaron detrás de su maniquea visión.  Así, sufrieron los embates la Iglesia Católica, los medios periodísticos independientes, la Justicia, sectores del empresariado y numerosos oficiales de las Fuerzas Armadas, hoy presos políticos por la venganza oficial, que en su condición de jóvenes militares enfrentaron a las organizaciones terroristas en la guerra interna que vivió el país con un saldo de dolor y muerte por ambos sectores enfrentados. Un gobernante que busque el bien común debe tender a sanar heridas del pasado, a fomentar la reconciliación nacional y la concordia entre sus gobernados mirando a las generaciones jóvenes, y no, como lo ha hecho, promoviendo la confrontación y la división social.”

¿Cómo era eso de que no hay enemigos de las políticas publicas de memoria, verdad y justicia, compañera Gabriela Alegre?  O es que al revés de lo que intuimos, el acuerdo no es por más memoria, más verdad y más justicia sino como propone el Secretario Fresneda: en “reencontrarnos”. Todo está en debate y no es tiempo de hacer afirmaciones absolutas pero uno tiene derecho a relacionar una cosa con otra porque pasados unos días de las declaraciones de Fresneda, la disolución del IEM y el discurso de Alegre, se informa que se ha formado la Mesa de las Juventudes Políticas.

La Nación lo refleja brevemente: “Todos juntos. En el mismo espacio. Codo a codo. Militantes de La Cámpora, el Pro y la UCR se reunieron hoy en el Cabildo para lanzar la mesa de juventudes políticas. El encuentro contó con la presencia del titular de la Sedronar, Juan Carlos Molina , la ministra de Desarrollo Social porteña, Carolina Stanley, y el titular de Red Solidaria, Juan Carr. En diciembre pasado, representantes de las tres fuerzas políticas Congreso para avanzar en el lanzamiento de una campaña nacional de prevención de adicciones, con el apoyo de la Sedronar y Red Solidaria. Esa idea se concretó este mediodía con el acto realizado en el Cabildo. El líder de La Cámpora, Andrés “El Cuervo” Larroque , Pedro Robledo , de la juventud del Pro, Leandro Santoro, de Los Irrompibles (UCR), entre otros, dieron a conocer “su documento fundacional y un cronograma de trabajo”.

Pagina 12 lo relata bastante parecido:  “JOVENES DEL FPV, LA UCR Y EL PRO PRESENTARON LA MESA DE JUVENTUDES POLITICAS. Un espacio para el consenso juvenil. Los integrantes de los diferentes partidos aspiran a generar acuerdos en torno de problemas sociales. Como primer paso, van a trabajar sobre la problemática de las adicciones. El Frente Renovador fue invitado, pero no participó. Dirigentes jóvenes del Frente para la Victoria, la Unión Cívica Radical y el PRO lanzaron la Mesa de Juventudes Políticas, en el Cabildo. Desde allí, los integrantes de los distintos partidos esperan abordar diferentes problemas sociales en los que encuentren consenso. La primera tarea que se dieron es sobre la problemática de las adicciones. Aunque el Frente Renovador de Sergio Massa estaba invitado, no concurrió al encuentro. La mesa de lanzamiento estuvo integrada por el secretario general de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, y el diputado Horacio Pietragalla, por el Frente para la Victoria; Leandro Santoro, por la juventud de la UCR, y Pedro “Piter” Robledo, por los jóvenes del PRO. El panel lo completaron la ministra de Desarrollo Social porteña, Carolina Stanley; el titular de la Sedronar, Juan Carlos Molina, y el director de la Red Solidaria, Juan Carr.”

En los 70 la Coordinadora de Juventudes Políticas, conformada por la Juventud Peronista de las Regionales (Tendencia Revolucionaria), la Federación Juvenil Comunista, la Juventud Radical que levantaba el programa socialista de la declaración de Guadalupe (porque se firmó en las cercanías de la ciudad de Santa Fe) movilizaba contra el golpe de Estado en Chile y con sus últimas fuerzas resistió el golpe de estado del 24 de marzo de 1976. Con sus límites, fue una de las expresiones más altas de la unidad antimperialista y del esfuerzo por crear algo más grande que cada una de las fuerzas que la componían. Aquí si que vale aquello de que lo que alguna vez fue tragedia hoy es comedia.

Pero no menos dolorosa, nunca es grato ver negociada la sangre derramada.

 

 

 

 

A los sesenta y dos…


A los sesenta y dos

para Mariana,
Javier y Ernesto

A los sesenta y dos,
escribí siete libros y tengo tres hijos
pero no planté árbol alguno
y mi Paco gato se comió
a ultima albahaca que sembré en la ventana.

A los sesenta y dos,
dos veces me secuestraron
y tres me gatillaron en la sien
pero otros murieron por mi,
sin mi permiso
y daría lo que soy
por saber sus nombres.

 

A los sesenta y dos,
casi no sueño, aunque de vez en vez,
Alicia cae
por los pasillos de la Cuarta
para que no olvide
que casi siempre duermo solo.

 

A los sesenta y dos,
he amado mas mujeres que las que me amaron.
pero bien me amaron las que si.

 

A los sesenta y dos,
tengo los pies muertos por una cirugía.
pero así como me ven,
he pisado las calles de Sevilla y Bogotá
y subido las pirámides de Teotihuacán.

 

A los sesenta y dos,
ya no creo en los vientos de la historia
pero si en la voluntad humana
y sigo pensando que solo el comunismo
redimirá las penas del hombre

 

A los sesenta y dos,
prometo solemnemente
que jamás volveré a respetar ninguna ortodoxia
en la política o el amor.

 

A los sesenta y dos,
no tengo otra bandera que aquella roja
que flameaba orgullosa en las calles santafecinas
cuando tire mi primera piedra
y me plante en lo que soy y sigo siendo

 a los sesenta y dos.

doscompañerasdeverdad